El ambiente irrespirable de la política española

Los mensajes de las formaciones políticas de la derecha y la ultraderecha están convirtiendo la arena política en el mayor lodazal jamás conocido en nuestro sistema democrático. Cualquier acontecimiento de la realidad social y política es aprovechado por la derecha y la ultraderecha para construir argumentos que ataquen sistemáticamente al gobierno de Pedro Sánchez. El pasado domingo se celebraron elecciones generales en Venezuela; pues bien, al día siguiente, los sectores oficialistas del régimen político de Maduro le daban la victoria electoral a este con un porcentaje del 51 % de los votos, pero ninguno de los países democráticos más avanzados del mundo ha reconocido la victoria electoral de Maduro, exigiendo a las autoridades venezolanas que publiquen las actas de los escrutinios para verificar que esa victoria anunciada por el oficialismo gubernamental venezolano pueda determinarse adecuadamente. Esta ha sido, ni más ni menos, la postura que ha adoptado España, emitida públicamente por el ministro de Asuntos Exteriores, Manuel Albares.

A pesar de ello, el líder del PP, Feijóo, publicó el lunes en las redes sociales que era “vergonzosa la connivencia del gobierno de Pedro Sánchez con el régimen de Maduro”. Todo ello demuestra, una vez más, que Feijóo es un líder político cuya opinión está secuestrada por las posiciones más ultra conservadoras del PP y de Vox, como Ayuso, Abascal o Alvise e incapaz de realizar propuestas constructivas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Las pruebas más irrefutables de todo ello las tenemos en la negativa por parte de PP y de VOX para apoyar los diferentes Decretos “anti crisis”, convalidados por el Congreso de los Diputados, tanto en esta como en la pasada legislatura, así como la negativa a la subida de las pensiones o del SMI y del impulso de otras políticas sociales. Feijóo, desde que lleva dirigiendo el PP, no ha hecho ninguna propuesta seria, sensata y constructiva, ni ante el Parlamento ni en los medios de comunicación, convirtiéndose, tanto sus comparecencias públicas como las de otros miembros de su partido, en mensajes explosivos cargados de odio, de insultos y de descalificaciones hacia Pedro Sánchez y su gobierno.

No importa que la economía española sea la que más crece de la Unión Europea, ni que se hayan creado miles de empleos y que la tasa de paro sea la más baja de los últimos 20 años o que seamos un país cada día más atractivo, competitivo y reconocido en los diferentes foros de la comunidad internacional. Es mas, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se sorprende de que la oposición no le haya formulado preguntas sobre temas económicos en lo que va de año en el periodo de sesiones del Parlamento. También es sorprendente que en el Parlamento Europeo las únicas intervenciones de los líderes del PP se refieran a la aprobada Ley de Amnistía y otros asuntos internos que no interesan al conjunto de los países europeos, mientras nada se pregunta sobre el futuro de la Unión Europea ni sobre el de las fuentes energéticas o sobre los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, algo que debe constituir el centro de gravedad de todas las actuaciones de gestión política en los próximos años.

Cierto es, por otra parte, que la gestión política se está complicando en los últimos tiempos, sobre todo desde las últimas elecciones generales, con las negociaciones para la formación del gobierno socialista de Pedro Sánchez o actualmente las que se están llevando a cabo entre PSC y Esquerra Republicana de Catalunya para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat catalana. Pero la política debe ser así, hablar, negociar y acordar de forma consensuada los diferentes asuntos relacionados con la política democrática, los derechos de los ciudadanos y la prosperidad social y económica.

Es verdad que los avances sociales requieren de modificaciones legislativas concretas y las fuerzas políticas tienen que ser flexibles ante los cambios culturales, sociales, económicos y políticos que se producen. En un Estado Social y Democrático de Derecho todo lo razonable se puede negociar y consensuar, siempre que haya voluntad política y ánimo constructivo; algo de lo que carece, por desgracia, la actual derecha y ultraderecha españolas, que ni realizan propuestas sensatas y coherentes ni apoyan las realizadas por los grupos que apoyan al gobierno del Estado. El ejemplo más claro lo tenemos en las propias declaraciones de Feijóo, en relación al concierto económico de Cataluña, del estilo del que han estado negociando el PSC y Esquerra, cuando, en 2016 y siendo presidente de la Xunta de Galicia afirmó que “no digo yo que el concierto catalán no tenga razón en cuanto a la demanda, porque es verdad que lo tiene Euskadi y lo tiene Navarra. Es absolutamente cierto. Es verdad que estas cosas se pueden cambiar y se pueden plantear y se pueden discutir”. También lo dijo Pablo Casado en su día, defendiendo esa “financiación singular” para Cataluña.

En cambio, ahora Feijóo, el PP y VOX manifiestan que la “financiación singular” está fuera del ordenamiento jurídico. Hay que recordar que en 2012 el PP catalán llevaba en su propuesta electoral para las elecciones autonómicas catalanas un guiño a la financiación de esa comunidad autónoma en los mismos términos, con el siguiente texto: “trabajaremos para conseguir un nuevo sistema de financiación singular para Cataluña, que responda al objetivo de resolver el problema sistemático de insuficiencia financiera de la Generalitat para atender a sus competencias…”

En cuanto al sistema tributario, no es menos cierto que las diferentes formaciones políticas deberían hacer los esfuerzos necesarios para llegar a acuerdos que respondan a las exigencias constitucionales previstas en el artículo 31 de la CE. Considero hipócrita que muchas CCAA, fundamentalmente las gobernadas por el PP, propongan sistemáticamente una bajada de impuestos, propuesta que egoístamente engancha a los ciudadanos hacia el voto, pero que genera una competencia desleal, dado que las bajadas de impuestos provocan, evidentemente, una bajada de ingresos con los que hacer frente a las políticas públicas de sanidad, educación o servicios sociales. Y luego, al tener insuficiencia de recursos están reclamando constantemente dinero al gobierno de la nación. Deberían unificarse en todo el Estado, tanto los hechos imponibles, es decir, los presupuesto de naturaleza jurídica o económica que configuran cada tributo, como los porcentajes fijados para cada tributo, que generan la obligación tributaria. Pero parece que esto no le interesa al PP, porque sabe que electoralmente es un mecanismo de enganche al ciudadano, aunque después reclaman al Estado lo que no han querido recaudar por la vía tributaria.