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¿Financiación singular o no repartir con las regiones pobres?
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¿Financiación singular o no repartir con las regiones pobres?

Actualizado 28/07/2024 11:29
Carlos Javier Salgado Fuentes

El pacto con medidas de gracia para una de las regiones más ricas del país recuerda a cuando UCD y PSOE acordaron la defunción de la Región Leonesa por “razones de Estado”. Al final, todo es un negocio de partidos y el Oeste siempre es el pringado que paga el pato.

En los últimos meses hemos venido escuchando la intención del Gobierno de que se dote a la comunidad autónoma de Cataluña de una “financiación singular”, una condición que han puesto los nacionalistas catalanes tanto de izquierdas como de derechas al Gobierno del PSOE y Sumar, y que viene a exigir que Cataluña se guise y coma sus impuestos haciendo caso omiso de la solidaridad interterritorial con las autonomías más pobres.

Y es que, según el planteamiento que dejan entrever los proponentes, se trataría en realidad de que se fracture el actual sistema de financiación autonómica, de modo que una de las regiones con mayor renta per cápita del país pase a estar al margen del mismo y no contribuya económicamente al desarrollo de las zonas pobres del país.

Se trataría, por tanto, de una medida que implicaría profundizar en la desigualdad entre regiones ricas y pobres y abandonar la solidaridad para con las áreas más empobrecidas. Medida que, curiosamente, están defendiendo tanto la izquierda nacional (PSOE, Sumar y Podemos), como la izquierda catalana (ERC), que parecen haberse olvidado de los principios fundamentales que formaron la izquierda en su día, que pasaban por corregir las desigualdades y ayudar al que menos tiene para que pueda tener las mismas oportunidades que el que más tiene.

Por otro lado, cabe recordar que el artículo 138.1 de la Constitución exige a las instituciones que impulsen el “establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español”, algo contra lo que parecería ir dicha financiación ‘singular’ según el planteamiento que se deja entrever por Gobierno y nacionalistas catalanes, modelo de financiación que también podría lesionar el principio de solidaridad entre todos los españoles que consagra el artículo 156.1 de la Constitución.

Pero llueve sobre mojado, ya que esto se sumaría a la condonación de 15.000 millones de deuda que posee Cataluña, acordada por el Gobierno con el nacionalismo catalán hace meses, hecho que llama la atención al tratarse de una autonomía que posee uno de los mayores niveles de renta del país, por lo que con esta condonación de la deuda se estaría penalizando indirectamente a aquellas otras comunidades que sí realizaron un mayor esfuerzo para no endeudarse o hacerlo en menor medida, y particularmente a aquellas más empobrecidas, que tendrían que pagar junto al resto del Estado esa condonación de la deuda de una de las regiones más ricas.

En todo caso, tanto la ‘financiación singular’ que deja entreverse para Cataluña como la previa condonación de 15.000 millones de su deuda por parte del Estado, serían medidas que, al penalizar a las regiones pobres del país y sus posibilidades de desarrollo, impedirían el desarrollo efectivo del principio de solidaridad entre territorios recogido por el artículo 2 de la Constitución como fundamento esencial de España como Estado social y democrático de Derecho, dificultando asimismo el objetivo de lograr un “equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español” que recoge el artículo 138.1 de la Constitución.

No obstante, todo parece ser una cuestión de negocios políticos. Hoy se dan medidas de gracia a una de las regiones con mayor renta del país en detrimento de las pobres para poder mantenerse al frente del Gobierno, de la misma forma que antaño UCD y PSOE acordaron la defunción de la Región Leonesa para integrarla con Castilla en una misma comunidad por unas nunca bien explicadas “razones de Estado”, pasando por encima del artículo 2 de la Constitución.

Y es que, quizá las únicas razones son siempre los cálculos electorales o negocios políticos de los partidos, en los cuales el pringado que paga el pato siempre es el empobrecido Oeste de España, aunque toque vulnerar nuestros derechos constitucionales y nuestro derecho al desarrollo, que parecen ser secundarios. A perro flaco, todo son pulgas.

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