El acusado ha declarado que abandonó la obra en junio de 2019 por la falta de pago por los querellantes
La Audiencia Provincial de Salamanca ha absuelto de los delitos de estafa y apropiación indebida a un constructor que abandonó sin concluir el proyecto de una vivienda unifamiliar y garaje en Villamayor.
Los promotores y el constructor habían acordado la ejecución de la obra por un precio de 156.267,34 euros con el IVA incluido. El contrato establecía un periodo de ejecución de la obra de 12 meses y la forma de pago de los promotores al contratista de la cantidad acordada se realizaría atendiendo a los siguientes plazos: el 15% del total (22.500 IVA incluido) a la firma del contrato, 10% restante en cada uno de los 7 meses desde el inicio de la obra a razón de 15.000 euros mensuales y el 15% del total en el momento de la entrega de la vivienda.
En función de la evolución de la obra y pese a lo pactado, se acordó que desde el mes de abril de 2019 hasta la finalización de la obra se abonase una cantidad mensual de 10.000 euros.
En el mes de junio del 2019 surgieron grandes desavenencias entre los promotores y el constructor, que acabó abandonando la obra el 19 de junio, sin haberla concluido. Este comunicó que resolvía el contrato, debiendo proceder según lo estipulado a la liquidación de las obras realmente ejecutadas.
El acusado ha declarado que abandonó la obra en junio de 2019 por la falta de pago por los querellantes y por la reiteración de estos de no cumplir su palabra. Tampoco firmó el acta de paralización de la obra al no estar en absoluto de acuerdo con el porcentaje de ejecución que fijó la dirección facultativa del 24,90%.
Por otra parte, el demandante ha declarado que desde que comenzó la ejecución de la obra en septiembre, el acudía prácticamente a diario a ver cómo evolucionaba. Al parecer, allí había pocos trabajadores y tres meses después la obra estaba muy atrasada. Por eso se pactó que diciembre y enero pagarían la mitad (7.500 euros). Prácticamente no podía contactar con Urbano con distintas excusas, pero a su juicio la obra no avanzaba y en abril se pusieron en contacto telefónico con Urbano mostrándole su preocupación y este le contestó que estaba acabando una obra en Martín de Yeltes y que luego llevaría a más trabajadores de esa obra a la suya. En abril y mayo se acordó que hasta la finalización de la obra los pagos serían de 10.000 euros al mes. En junio sorpresivamente Urbano se fue de la obra, le bloqueó y no pudo llamarle.
A continuación, el 3 de octubre del 2019, se presentó querella criminal contra la constructora por un delito de estafa.
La obra contratada por los promotores finalmente fue ejecutada y concluida por otra empresa.
La Audiencia Provincial ha afirmado que se encontraría ante un posible incumplimiento contractual o incluso ante una posible falta de viabilidad de un contrato de ejecución de obra, en los términos pactados en el contrato suscrito el 3 de septiembre de 2018, pero que no integra el elemento indispensable y necesario para la concurrencia del delito de estafa.