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Una España sin hogar crece, mientras otra aparta la mirada
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Una España sin hogar crece, mientras otra aparta la mirada

Actualizado 11/06/2024 07:56
Marcelino García

El derecho a la vivienda en España debería de estar blindado, ya que así lo recoge la Declaración Universal de los Derechos Humanos, diversos escritos de ámbito europeo, así como la Constitución Española en el artículo 47, donde se protege el «derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada». Esto supone que nuestro país vulnera los derechos humanos, la legislación europea y nuestra propia carta magna, así lo ha venido haciendo históricamente, y cada vez con mayor incidencia.

Óscar Delgado Muñoz

Defensor de los Derechos Humanos

En España, en los últimos diez años han aumentado un 25 % las personas sin hogar, una tendencia regresiva que nos deja 28.552 personas sin vivienda, según los datos de la Encuesta de Personas Sin Hogar del INE, lo que son 86,6 personas por cada 100.000 habitantes. De estos, el 40 % lleva más de tres años en esta situación, el 76 % son hombres, y existe prácticamente el mismo número de españoles que de extranjeros. No obstante, cabe recalcar que estos datos dejan fuera a las personas que viven permanentemente en la calle y no acceden a la red de atención a las personas sin hogar. Algunas organizaciones mantienen que estos datos distan de la realidad y que las cifras serían hasta un 30 % mayores que las oficiales.

Los centros de atención al sinhogarismo han aumentado un 50 % en la última década, pero su saturación se mantiene. La mayoría de las personas que llegan a esta situación, lo hacen debido a la migración, la pérdida del empleo o, en menor medida, los desahucios, así como la inflación, el encarecimiento de la vivienda o las repetidas crisis que viene sufriendo Europa.

Fuera de nuestro país, la situación no es mejor, siendo un problema en auge en toda Europa, donde algunos gobiernos intentan erradicar el sinhogarismo con soluciones tan disparatadas como la del británico Rishi Sunak, que este mismo año pretende llevar adelante una ley que permitiría multar o detener a cualquier persona que duerma en la calle, e incluso si tienen un «olor excesivo». Esta norma, que pretende poner freno a la situación insostenible que se vive en algunas partes de numerosas capitales europeas, no hace sino criminalizar a estas personas y no ataja el problema de raíz, sino que lo oculta al público. Además de que plantea un verdadero problema ético, señalando a un colectivo ya de por sí extremadamente estigmatizado.

Hemos de partir del hecho de que, aparte de ser un problema personal, el sinhogarismo es un fenómeno estructural. Y hasta tal punto se halla extendida esta figura tan dura de la exclusión social en España, que hemos llegado a normalizar ver en nuestro día a día a personas viviendo y durmiendo a la intemperie; en un país donde la vivienda es un derecho fundamental y donde existen casi cuatro millones de viviendas vacías, frente a unas 30.000 personas sin techo; y ambas cifras en aumento. Además, revela las carencias de un deficiente Estado asistencial, que no apoya suficientemente a sus ciudadanos en los distintos aspectos de la vida, que posteriormente le obligan a uno a vivir en la calle; haciendo caso omiso a las necesidades concretas de las personas.

El derecho a la vivienda en España debería de estar blindado, ya que así lo recoge la Declaración Universal de los Derechos Humanos, diversos escritos de ámbito europeo, así como la Constitución Española en el artículo 47, donde se protege el «derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada». Esto supone que nuestro país vulnera los derechos humanos, la legislación europea y nuestra propia carta magna, así lo ha venido haciendo históricamente, y cada vez con mayor incidencia.

Actualmente, el aumento de la inversión en el sistema tradicional de albergues y refugios lo único que hace es perpetuar esta situación; otras alternativas, como un modelo de viviendas normalizadas, tendría un mayor éxito en ayudar a estas personas y en no cronificar su sinhogarismo. Permitiendo que la vivienda no fuese un objetivo y el premio al final del camino, sino un punto de partida en su recuperación y en la restitución del resto de sus derechos. Para hacerlo con urgencia, se debe sensibilizar a la opinión pública, y que una parte de nuestra sociedad deje de dar la espalda a las personas sin hogar.

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