Mediación intrajudicial penal: una vía de resolución de conflictos que no recibe apoyo de la administración

¿Es la mediación una alternativa real en Salamanca al sistema tradicional de la Administración de Justicia? La Asociación Concierta Mediación presta el servicio de Mediación Penal de forma altruista desde 2016, tras la firma de un convenio con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para iniciar un programa piloto de Mediación intrajudicial penal. Desde su inicio, han intervenido en más de 600 asuntos con alrededor de 1.500 personas implicadas. El alto porcentaje de acuerdos, un 85%, confirma su éxito. Sin embargo, la falta de apoyo y financiación por parte de las instituciones hace peligrar su funcionamiento.

María Jesús Iglesias Sánchez, Adelina García García, Belén García Zapatero y Susana Díaz Barrio prestan este servicio gratuitamente desde Concierta. Una tarea que deben compaginar con su trabajo remunerado, lo que implica un gran esfuerzo. “Tenemos otro medio de vida. Seguimos prestando este servicio porque vemos que es muy útil y confiamos en la capacidad del ser humano para responsabilizarse y gestionar sus conflictos pero ya le hemos pedido a los juzgados que reduzcan el número de derivaciones”, observa María Jesús Iglesias, coordinadora de Concierta.

En 2023 han llevado a cabo 21 mediaciones, de las cuales 18 han concluido con acuerdo, cantidad muy inferior a la de años anteriores, en los que intervenían en unos 150 conflictos. La mayoría: delitos leves de amenazas, lesiones, coacciones e injurias-insultos. En general, desde su comienzo en 2016, han atendido mediaciones principalmente en amenazas y coacciones entre vecinos, conflictos que surgen en peleas nocturnas, accidentes de tráfico o relaciones entre vecinos; robos, hurtos, apropiación indebida, daños en escaparates, pintadas… y también el incumplimiento de obligaciones familiares (impago de pensiones alimenticias). “Realmente es conflictividad ciudadana derivada de la convivencia”, explica Iglesias. Por ello, Concierta presentó un proyecto al Ayuntamiento con el objetivo de conseguir su apoyo para este servicio en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial y la propia entidad, pero no se tuvo respuesta positiva.

Desde la asociación insisten en que todas las personas que formen parte en un proceso penal como denunciantes o denunciadas pueden acogerse a este programa de forma gratuita. Iglesias establece la principal diferencia entre el proceso de mediación penal y la Administración de Justicia. En el primer caso, el propósito es “responsabilizar y reparar”; en el segundo conviene tener presente que el Estado puede imponer una sanción si hay un delito. “En los delitos leves —la mayoría de los asuntos que llevamos nosotras— las partes tienen poder de disposición sobre el proceso. Eso significa que, si retiran la denuncia y el Ministerio Fiscal no se opone, el asunto se puede archivar”. La mediación penal pacifica la relación entre las personas y repara el daño causado, y aleja la cuestión de los juzgados “un ambiente más de conflicto”.

Pero, ¿en qué se basa esa reparación? “Puede consistir en una reparación económica, moral, o consistir en unos determinados actos o comportamientos que dejen a la víctima lo más cerca posible de la situación previa los hechos”. La coordinadora de Concierta recalca un factor esencial: en la mayoría de los asuntos el conflicto es recíproco. “Por ejemplo, cuando ha habido amenazas o una pelea, normalmente, las dos partes están implicadas y hay un conflicto entre ellas. En esos casos es muy importante que cada uno se haga cargo de su parte y ver de qué otra manera se puede resolver, más allá del castigo. Cuando hay un robo o una apropiación indebida, se trabaja la responsabilidad directa de la persona que ha cometido el daño y cómo puede reparar a la víctima”.

Respecto a esto, Iglesias deja claro que la víctima es protagonista directa y principal en el proceso de mediación; es escuchada y se le facilita la comprensión de lo ocurrido. “Hay una superioridad moral que tiene que quedar siempre muy clara. No hay igualdad entre las partes. En el ámbito de la justicia hablamos de delito y de castigo, en mediación se habla de daño y de necesidad y reparación”.

Desde Concierta observan que la mediación agilizaría los procesos judiciales por delitos leves, ya que, si derivaran 185 casos (con un porcentaje de acuerdo del 85%) de los más de 460 que registran a final de año en los juzgados de Salamanca, esta tendría un efecto muy significativo.

Por otra parte, Concierta tanto de forma privada como fruto del Convenio con el CGPJ también realiza mediaciones en el ámbito familiar. Desde 2019 hasta la actualidad han intervenido en más de 50 mediaciones con un porcentaje de acuerdo también entre el 80 y 90%.