España: migración y Ley de Extranjería

Andrea Jiménez Blanco

Defensora de los derechos humanos

Continuamente salen nuevas noticias relacionadas con la inmigración irregular, personas que entran al país a través de distintas embarcaciones, muchas de ellas desaparecen o mueren en el mar, etc. Y es que el año 2023 nos deja con una cifra escalofriante sobre la llegada total de migrantes a nuestro país, 56.852, que en comparación con la cifra del 2022 (31.219) constituye un 82 % más. Sobre todo, es Canarias la comunidad que durante los últimos meses del año ha sufrido más la llegada de los migrantes. El inicio del 2024 no ha sido nada diferente ya que la llegada de migrantes ha continuado de forma disparada con una cifra alrededor de las 8.800 personas solo en el mes de enero.

Para intentar resolver esto, el pasado 8 de febrero el presidente Pedro Sánchez realizó un viaje a Mauritania con la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para aumentar la colaboración entre el país y la Unión Europea. Mauritania es un país clave debido a que la mayor parte de las embarcaciones llegadas a Canarias son procedentes de este país, junto a Senegal.

Una de las estrategias llevadas a cabo para intentar paliar esta crisis migratoria es la de establecer un mayor control en los países de origen, por ejemplo con los acuerdos de colaboración establecidos entre España y Senegal. Entre los meses de octubre y diciembre del año pasado se produjo una intensa cooperación entre las fuerzas de seguridad españolas y las senegalesas, que interceptaron a miles de personas que ponían rumbo a Canarias. Por tanto, gran parte de la presión migratoria se está frenando en los países de origen.

Además, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, declaró que la migración es un suceso en el que influyen muchos factores y que la falta de recursos además de la inestabilidad política en muchos países africanos constituyen problemas estructurales que no son fáciles de solucionar. Además, continuó diciendo que la política migratoria seguida en España para frenar esta situación es la de colaborar con los países de origen para luchar contra las mafias que trafican con las personas.

En España la ley que se encarga de controlar la migración es la Ley de Extranjería. Se creó con el espíritu de proporcionar una protección integral a los migrantes, pero la realidad es que el texto muestra una evidente discriminación en lugar de llevar a cabo una política que prevenga la migración a través del desarrollo de los países menos favorecidos.

Esta ley lo que conlleva es la marginalización de los inmigrantes a través de medidas administrativas muy severas como la expulsión o el ingreso en centros de internamiento. Un porcentaje de las personas que llegan al territorio español son expulsadas a través de las devoluciones en caliente y otras son ingresadas en los CIE a la espera de su expulsión. Muchas de las personas ingresadas en estos centros finalmente no son expulsadas y son puestas en libertad; conviene destacar los abusos que se cometen y la violación de derechos que supone que los mantengan ahí sin ningún tipo de garantía. También existe la posibilidad de entrar en el procedimiento de protección internacional para pedir protección o asilo y mientras se tramita no se les puede expulsar.

Al final, todas estas posibilidades acaban con miles de migrantes que son incapaces de regular su situación y tampoco tienen la posibilidad de encontrar un trabajo de forma legal por lo que muchos de ellos acaban sufriendo abusos o formando parte de una economía informal al no tener opciones legítimas de subsistencia.

Pero, sobre todo, lo más preocupante es el control que se está llevando a cabo en los países de origen con la excusa de luchar contra las mafias, pues conlleva un control cada vez mayor de los ciudadanos en sus propios países, recortando su libertad de circulación al impedirles la salida y prohibiéndoles su derecho a migrar.

Como ejemplo de la supuesta lucha contra las mafias está la tipificación en el código penal del delito de ayuda a la inmigración (artículo 318bis introducido en el CP con la Ley de Extranjería). Este artículo castiga todo comportamiento que ayude a una persona a entrar en el territorio español vulnerando la legislación que lo regula. No se exige que haya una finalidad lucrativa, por lo que choca con el deseo de luchar contra las mafias que quieren traficar con los migrantes y puede criminalizar a las ONG de ayuda a los migrantes. Por lo que, en realidad, no se quiere proteger los derechos de estos, sino impedir de una forma más su entrada.

En conclusión, la legislación, en lugar de dar una respuesta eficaz a esta crisis, crea una situación de inestabilidad para los migrantes y muestra una gran insolidaridad hacia aquellas personas que vienen en busca de una vida mejor.