La atención primaria, en peligro
Garantizar la atención sanitaria a las personas que la necesitan es uno de los fundamentos principales de un Estado de derecho, donde el Estado es el responsable de gestionar los medios físicos, materiales y económicos necesarios para poder garantizar este derecho a toda su población de manera igualitaria.
Adriana García Fernández
Defensora de los derechos humanos
En España nos enorgullecemos de la gran calidad del sistema público de salud y, sin embargo, la atención primaria ya tenía un déficit de recursos antes de la COVID-19. Con la pandemia este problema no hizo más que agravarse, llegando a ser objeto de grandes manifestaciones llevadas a cabo sobre todo en Madrid y en Galicia y reivindicado un mayor presupuesto y personal para la atención de la misma. En cambio, el gasto público en sanidad, según la OCDE, muestra que España se sitúa por debajo de la media europea, lo que inevitablemente arrastra un déficit en la eficiencia de la sanidad pública.
La atención primaria es la garantía de una atención integral de calidad, desde la promoción y la prevención hasta el tratamiento, rehabilitación y los cuidados paliativos; el problema para garantizar esta atención se da en la financiación, y por tanto en las partidas presupuestarias que, a pesar de las reivindicaciones que hubo al comenzar el año 2023, no han sido atendidas por las administraciones autonómicas.
El problema del gasto público en atención primaria toma como referencia el informe de OMS, que ha reiterado varias veces que los fondos destinados a atención primaria deben de ser de al menos un 25 % de todo el presupuesto sanitario de la administración, pero en España ninguna comunidad autónoma cumple con este umbral mínimo, y algunas de ellas, como La Rioja o Cataluña, se han acercan a la cifra, aunque no llegan ni al 20 %. La obtención de los datos de cada CC. AA. a lo largo de estos últimos cuatro años, incluyendo la pandemia, no siempre ha sido fácil, lo que refleja una desidia por parte de las administraciones autonómicas a la hora de perseguir un objetivo esencial. La media del porcentaje del presupuesto dedicado a la atención primaria es de un 15 %, un 10 % menos de lo que recomienda como mínimo la OMS. Además, desde la pandemia muchas CC. AA., como Asturias, Aragón, Navarra o Valencia, han hecho ¡recortes en este ámbito; Valencia ha pasado de 14,3 % en 2021 al 9,23 % en 2024 con el nuevo gobierno de PP y Vox, convirtiéndose en el territorio que menos porcentaje dedica a la atención primaria.
El gasto por habitante en España es de 2.588 euros, muy alejado de la media europea, que es de 3.159 euros. La ratio de personal médico en atención primaria por cada mil habitantes es de 0,77, casi igual que en 2009. Por ello, el Foro de la Profesión Médica y el de Médicos de Atención primaria demandan al Consejo Interterritorial que fomente mejoras para la cobertura de la atención primaria, pues su deficitaria situación acarrea una disfunción estructural en nuestra sanidad pública.
Como consecuencia de la escasez de recursos en los centros médicos, el sistema sanitario público no es capaz de garantizar la atención primaria, por tanto nos encontramos con hospitales colapsados y una subida en la contratación de seguros médicos privados, a los que no todo el mundo tiene acceso. Es así como se presenta una escasez de profesionales que afecta directamente a las listas de espera, el 60 % de las personas que acuden a un centro médico no han podido conseguir una cita en las 48 horas siguientes, según el último estudio del CIS, que indica el tiempo medio de espera es de nueve días.
Amnistía Internacional concluye en un estudio que el gasto público sanitario ha aumentado un 5 % desde 2009, a diferencia del gasto sanitario privado que ha aumentado un 27 %. Amnistía ya advirtió que, si bien después de la pandemia había una tendencia a menor inversión, no deberían ser las administraciones autonómicas las que acentúen aún más esta caída.
Como bien ha recordado la Comisaría de Derechos Humanos de Europa, España, como país de la UE que ha firmado numerosos tratados internacionales de derechos humanos, tiene la obligación de cumplir las garantías para una efectiva sanidad; a pesar de que el gasto público desde 2014 haya crecido, la cuantía no se corresponde con las necesidades que exige el sistema de sanidad pública. Ante esta situación, Amnistía Internacional, que se ha reunido con Javier Padilla, Secretario de Estado de Sanidad para trasladar sus preocupaciones, entre algunas de sus propuestas incluye la de adoptar una estrategia de refuerzo del Sistema Nacional de Salud, priorizando la atención primaria, tal y como recomiendan organismos internacionales, estatales y el propio sector sanitario. También propone evaluar el Plan de acción de atención primaria y comunitaria 2022-2023 y adoptar un nuevo Plan de acción en 2024. Por último destaca la necesidad de garantizar que el sector profesional sanitario y la población afectada sean debidamente consultados y puedan participar de manera activa en el diseño de la estrategia de refuerzo del Sistema Nacional de Salud.
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