Para los franceses, la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho constitucional

Bianca Piscolla

Defensora de los derechos humanos

El Congreso francés reunido en el Palacio de Versalles aprobó con una amplia mayoría (780 votos a favor, 72 en contra) la modificación de la Constitución propuesta por el gobierno del presidente Emmanuel Macron. La modificación consiste en la introducción dentro del artículo 34 de la frase: «La ley determina las condiciones en las que se ejerce la libertad garantizada a las mujeres para recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo».

El primer ministro, Gabriel Attal, al abrir el debate parlamentario, afirmó: «Tenemos una deuda moral con todas las mujeres que han sufrido a causa de abortos ilegales». El presidente Macron, una vez aprobada la modificación, declaró sentirse orgulloso de este importante avance que considera un «mensaje universal» y declaró: «el sello de nuestra República pone el broche final a una larga lucha por la libertad». Además, el compromiso francés de garantizar este derecho fundamental de las mujeres no se limitó a eso. De hecho, Macron ha expresado la intención de extender el derecho más allá de las fronteras francesas, afirmando: «solo descansaremos cuando el aborto esté reconocido en todo el mundo» y «deseo inscribir este derecho en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea».

Como se puede observar, la fuerza evocadora de la introducción de este derecho en la Constitución es evidente. Sin embargo, no se trata solo de esto, no se debe olvidar su valor legal: en Francia, el aborto se ha convertido en un derecho en todos los aspectos y lo será para siempre, a menos que se modifique la Constitución mediante un procedimiento de revisión agravada.

El voto del Congreso francés también fue comentado por la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, quien declaró: «Este voto histórico convierte a Francia en el primer país del mundo en incorporar el aborto en su Constitución y tiene un significado enorme, dados los retrocesos que el mundo está experimentando con respecto a ese derecho esencial. Proteger la libertad de acceder al aborto es una barrera importante erigida contra los movimientos cada vez más hostiles a los derechos humanos».

Como recordó la secretaria general, desde el mundo occidental no llegan noticias igualmente positivas. En Italia, la interrupción voluntaria del embarazo está regulada por la Ley 194/1978, que establece los casos limitados en los que las mujeres pueden recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo. Por lo tanto, en Italia aún no se reconoce un derecho al aborto propiamente dicho, sino que se considera más como un «legítimo interés». Sin embargo, es importante señalar que ni siquiera lo establecido por la ley puede ser completamente implementado debido a un considerable número de objetores de conciencia, un derecho previsto en el artículo 9 de la misma ley. La presencia extendida de profesionales de la salud que se niegan a practicar la interrupción voluntaria del embarazo por motivos de conciencia limita significativamente el acceso real al aborto, creando a menudo dificultades y retrasos para las mujeres que buscan este servicio. Esta situación genera debates continuos sobre el equilibrio entre la libertad individual de elección y el derecho a la salud reproductiva.

El problema no se limita a eso. En los últimos años, numerosas asociaciones antiabortistas han intensificado sus esfuerzos para modificar la ley. De hecho, en febrero se presentó en la Cámara de Diputados una propuesta de iniciativa popular llamada Un cuore che batte (un corazón palpitante), promovida por asociaciones ultracatólicas como ProVita & Famiglia Onlus. Esta propuesta tiene como objetivo obligar a los médicos a mostrar a las mujeres embarazadas la imagen del feto y hacerlas escuchar los latidos del corazón antes de proceder con el aborto.

Este intento de modificar la legislación sobre el aborto ha generado un amplio debate y división en la opinión pública. Por un lado, hay quienes defienden el derecho de elección de la mujer y consideran que esta propuesta constituye una intrusión excesiva en la intimidad y en la decisión individual. Por otro lado, las asociaciones antiabortistas sostienen la necesidad de concienciar aún más a las mujeres sobre la vida del feto y buscan influir en el proceso de toma de decisiones a través de estas medidas.

Es evidente cómo esta propuesta de ley podría generar más angustia para las mujeres, añadiendo presión emocional y psicológica en un momento ya delicado. Se espera fervientemente que esta propuesta nunca entre en vigor en Italia, a diferencia de lo ocurrido en Hungría bajo la dirección de Víctor Orban, donde desde 2022 se introdujo la obligación para el personal sanitario de mostrar a las mujeres embarazadas la imagen del feto y hacerlas escuchar los latidos del corazón como parte del proceso de toma de decisiones sobre el aborto.

Al otro lado del océano, la situación no es favorable. Es importante recordar que el 24 de junio de 2022, la Corte Suprema de los Estados Unidos revocó la histórica sentencia Roe vs. Wade, emitida el 22 de enero de 1973, que había legalizado el aborto a nivel federal. La anulación de Roe vs. Wade ha representado un cambio significativo en la política estadounidense sobre el aborto y ha generado preocupaciones sobre la posibilidad de imponer restricciones más estrictas al acceso al aborto en varios estados, abriendo un capítulo incierto para la protección de los derechos de las mujeres en materia de salud reproductiva en los Estados Unidos.

Este es el motivo por el cual la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, al comentar la decisión francesa, añadió: «Estados Unidos ha demostrado cuán devastador, peligroso y regresivo puede ser socavar el aborto como un derecho. En Europa, todavía existen países como Polonia y Andorra, donde el acceso al aborto está fuertemente limitado y aquellos que luchan por ese derecho corren el riesgo de procesos legales. El voto de hoy en Francia debería allanar el camino hacia una protección más sólida del acceso al aborto en todas partes».