La Plataforma de Salamanca para la Defensa de la Sanidad Pública critica el concierto anunciado por Sacyl para reducir las listas de espera en Traumatología

La Plataforma de Salamanca para la Defensa de la Sanidad Pública critica el anunciado concierto para la redución de las listas de espera en Traumatología. "El pasado día 17 de los corrientes, responsables de SACyL nos dieron a conocer, a través de los medios de comunicación, que pretendían llevar a cabo un macroconcierto asistencial para cuatro años por un valor estimado de contrato de 34.960.058,76 millones de euros, cuando ya habían sido invitadas algunas empresas sanitarias".

Una vez más, afirma la Plataforma, "ante su incapacidad de realizar una gestión sanitaria responsable o de que esta, con presunta intencionalidad, no sea efectiva, pretenden que los ciudadanos se vean obligados a desplazarse a otra provincia más cercana o alejada para ser intervenidos de problemas traumatológicos desde una muñeca, hombro, problemas de rodilla,... y luego devolverlos a Salamanca otra vez en autobús o cualquier otro transporte independientemente de la hora de llegada y donde se encuentre su domicilio rural o ámbito urbano".

El Complejo Hospitalario de Salamanca cuenta, señala, con 39 traumatólogos para atender la población de Salamanca, provincia y a todos aquellos pacientes que, dependiendo de la patología, "el Complejo Hospitalario es referente y hay que incluirlos en la lista de espera, a pesar de no tener el incremento de plantilla que correspondería".

La Plataforma explica que hay que tener presente una serie de cuestiones, como "cuántos de esos traumatólogos están acogidos a situaciones que les pueden exonerar de hacer guardias o no cumplir jornada completa por cuidado de familiar y que no son sustituidos, suponiendo una merma real de los efectivos y jornada de atención al paciente".

También se pregunta "si todos los facultativos de Traumatología y resto de especialidades cumplen el régimen de horarios, agenda, jornada y cobertura de las complementarias que se pudieran establecer para garantizar de forma permanente el funcionamiento de la institución. Todo ello sería signo de una gestión adecuada y responsable, así como el uso de los medios e instalaciones del Servicio de Salud de Castilla y León para mejorar la salud del paciente, con criterios de eficiencia, y evitar su uso ilegítimo en beneficio propio o de terceras personas".

"Reglamentariamente, se establecerá la posibilidad de renunciar al Complemento Específico por parte del personal licenciado sanitario y que compatibilice la actividad pública y privada, pero un buen gestor garantizará que pasen las horas de descanso establecidas entre una jornada y otra (pública-privada), con el fin de que el trabajador disponga de la total capacidad física y disposición para desempeñar su actividad en el ámbito público al cien por cien. Y como consecuencia bajarían notoriamente las listas de espera", afirma la Plataforma. Pero si la gestión de los responsables "no se modifica y eligen externalizar la atención de los ciudadanos, sin que esté muy claro los medios y material a utilizar, podría pensarse que no hay ninguna intención de modificar las deficiencias, irresponsabilidad,... tanto de quien las lleva a cabo, como de quien/es las permiten en perjuicio de los pacientes y en claro beneficio de terceros que ha ido creciendo de manera permanente", añade.

"Nadie entiende como otras provincias han ido obteniendo mejores resultados en la disminución de la lista de espera, mientras que "en Salamanca los datos empeoran día a día. Parece que aquí se hubiera instaurado 'el todo vale' sin consecuencias, salvo la que pagan los usuarios por las demoras y las consecuencias que ellas causan en su salud o su vida. ¿Esto qué es un ensayo del SACyL? No nos gusta, pero sí queremos una buena gestión día a día".

Por último, concluye, que "no se puede entender la postura del SACyL al sacar un concurso para cuatro años, dado que eso significa hipotecar el futuro, asumiendo la externalización como único modo de reducir las listas de espera e incapacidad de gestionar, poner orden, hacer seguimiento y proceder si fuera preciso a las medidas necesarias por parte de los gestores, así como el incremento de los recursos que se precisen con retribuciones justas e incrementando las plantillas que esos 4 millones dan para mucho, en lugar de buscar beneficios a terceros".