Los atentados de Madrid, de los que se han cumplido ya dos décadas hace unos días y la gestión de los mismos por parte del gobierno del PP de Aznar, marcaron el inicio de la manipulación interesada de la realidad por parte de la derecha política, con la única finalidad de no perder el poder en las elecciones que se celebraban a los tres días de los viles asesinatos terroristas. Sabían que si la masacre la había cometido ETA ganarían las elecciones, pero si, por el contrario, como así fue, hubieran sido terroristas islamistas yihadistas de Al Qaeda, los ciudadanos interpretarían que era una venganza hacia el pueblo español por la colaboración del gobierno de Aznar con USA y Reino Unido en la invasión de Iraq, y podrían perder los comicios.
Desde que los primeros indicios apuntaban al terrorismo islamista, el gobierno de Aznar luchó denodadamente para manipular, engañar a los ciudadanos e incluso amedrentar a fuerzas políticas y sociales que tenían información veraz por lo que se estaba publicando en cadenas de televisión y periódicos extranjeros, y amenazar a medios de comunicación que informaban de forma objetiva que las tesis principales no apuntaban a ETA como quería hacernos creer el gobierno. Incluso en la jornada de reflexión de aquél sábado 13 de marzo por la noche, casi en la madrugada del 14, comparecieron altos cargos del gobierno para seguir insistiendo en la autoría de ETA. Incluso, de forma interesadamente carroñera, publicaron fotos de los terroristas de ETA más buscados en muchas oficinas de la administración pública para que muchos funcionarios que finalizaban su jornada semanal fueran a casa bien aleccionados para que en la jornada electoral tuvieran bien interiorizado que ETA era la autora de la masacre.
Hubo cambio de gobierno aquél 14 de marzo de 2004 y eso nunca lo perdonó el PP, partido que dice ser democrático, pero que desde entonces no reconoce las victorias electorales de las fuerzas políticas rivales que las obtienen. Zapatero, en las dos legislaturas que estuvo de presidente del gobierno, tuvo que soportar los insultos y descalificaciones más lamentables, las acusaciones más rastreras y el odio más cainita, más propio de los que se profesan las partes de un conflicto bélico que de las confrontaciones sanas y democráticas de las formaciones políticas que concurren en los procesos electorales. Se le acusó de todo, de traicionar a los muertos porque intentó negociar con los terroristas de ETA, consiguiendo el abandono de las armas por parte de la organización y su disolución. Eso sí que nunca se lo perdonarán a Zapatero, que con la pacificación en Euskadi consiguió que el complejo de inferioridad de los líderes del PP saliera a la luz más que nunca. Se comportaron como aquél marido machista que comprueba que su mujer es más inteligente y tiene más éxitos profesionales que él y que se siente impotente ante tal frustración.
Y aunque el PP consiguió el poder en 2011, y por mayoría absoluta, supimos enseguida que este partido tenía vicios ocultos muy graves, que había cometido actos de corrupción política deplorables, que se había financiado ilegalmente, que tenía una contabilidad no oficial con la que pagaban algunas obras (las reformas de su sede, en la que, por cierto continúan desplegando su actividad, a pesar de haberse reformado con fondos irregulares), abonaban grandes cantidades de dinero en metálico a relevantes cargos públicos de su partido, conforme a las anotaciones de su tesorero -uno de los cuales fue un tal M. Rajoy que, según ellos no se sabe quién es, a pesar de que un conocido nombre nunca dio lugar a dudas-.
Cuando estas prácticas corruptas se probaron a través de las sentencias judiciales, Pedro Sánchez tuvo la osadía (de aquéllos polvos vienen las calificaciones que le ha brindado la derecha política: felón, traídos, mentiroso compulsivo, golpista, terrorista, presidente ilegítimo, desleal, mentiroso, ególatra, chovinista, indigno, incompetente, okupa, mediocre, etc.) de presentar una moción de censura al tal M. Rajoy, prosperando y consiguiendo la presidencia del gobierno. Esto fue la gota de agua que colmó el vaso de la desesperación de los líderes del PP y también la de líderes de otras formaciones (que siempre han sido una tapadera del PP, que han pretendido blanquear al PP de sus tramas corruptas), como la de Ciudadanos de Rivera “el breve”, alguien con sueños de grandeza que, no sólo no ascendió al cielo, sino que sufrió en sus propias carnes las llamas de Satanás que lo incineraron vivo, aunque sus cenizas quiera aprovecharlas el PP para presentarlas, junto a su candidato, a las elecciones catalanas que se ciernen a la vista.
La irritación de la derecha política, ahora presidida por Feijóo (un líder que siempre quiso ser conocido por su tono conciliador y su talante dialogante, aunque después hemos comprobado que su comportamiento se asemeja más a un lobo que se viste con piel de cordero), ha rebasado todas las líneas rojas que un partido que se presume democrático ha podido rebasar nunca. Feijóo hizo de la mentira su programa político en las pasadas elecciones autonómicas, municipales y generales, hizo del embuste apariencias de veracidad, negando el progreso económico que está experimentando España en los últimos tiempos. Porque el empleo ha crecido más que nunca, los salarios se han incrementado como no había ocurrido jamás, la inflación -aunque subió mucho por las consecuencias de la pandemia y la guerra de Ucrania- se está moderando como nunca, el PIB español sube cinco veces más que la media europea y las pensiones y el Salario Mínimo Interprofesional se han incrementado como no lo habían hecho en la historia democrática española.
Es cierto que en políticas sociales tenemos algunos “talones de Aquiles”, como son las listas de espera en la sanidad pública, el impulso de las ayudas a la dependencia o la educación, pero tenemos que reconocer que estas son competencias de las Comunidades Autónomas y, actualmente, la mayoría están presididas por gobiernos conservadores del PP y ultraconservadores de VOX. Es lo que ocurre en Madrid, por ejemplo, una CA cuya presidenta, Ayuso, dio la orden de que a los mayores de las residencias no los sacaran al hospital durante la pandemia, falleciendo, como consecuencia de ello, de forma indigna, sin poder aplicarle fármacos paliativos, más de 7.000 ancianos. Esta es la misma presidenta que tanto odio profesa por el presidente del gobierno y por los socialistas, comunistas o nacionalistas, una marioneta manejada por los grandes poderes económicos y mediáticos madrileños, cuyo hermano y pareja parecen haberse lucrado en exceso con actividades de dudosa legalidad que tienen que ver con presuntas comisiones cobradas por vender mascarillas a proveedores de la administración en los peores meses de la pandemia. La pareja de Ayuso también, presuntamente, ha defraudado a Hacienda en más de 350.000 euros. A pesar de ello, la presidenta miente, diciendo que su pareja no le debe nada a Hacienda, que no ha cometido los hechos que se le imputan y que todo se debe a una persecución desde la Moncloa por el presidente del gobierno y su entorno.
Cierto es, por otra parte, que hay arribistas, corruptos y golfos en todas las formaciones políticas. El caso Koldo es un paradigma de ello. Pero la reacción de los partidos exigiendo responsabilidad política –con independencia de la penal, en su caso- ha sido diametralmente diferente. Mientras el PSOE ha exigido el acta de diputado de Ábalos (que era ministro de Fomento mientras, presuntamente, Koldo, uno de sus asesores, montó esa trama corrupta de cobros de comisiones por ventas de mascarillas durante la pandemia), el PP apoya a Ayuso y no condena las tramas sobre comisiones cobradas por Medina y Luceño en las ventas de mascarillas, sin que hubiera un control por parte del ayuntamiento de Madrid, de unas operaciones similares del hermano de Ayuso o de las presuntas irregularidades cometidas recientemente por la pareja de la presidenta madrileña.
Este tipo de conductas del PP, que tienen su origen en la manipulación gubernamental del terrible atentado del 11-M, han polarizado la actividad política hasta el punto de que nuestro Estado de Derecho se va pareciendo más a un Estado Fallido. Al PP le da igual, le da lo mismo que los jirones de la convivencia se rompan definitivamente y que estemos abocados a un callejón sin salida democrático, porque lo único que les interesa, en lo que sueñan de manera obsesiva y compulsiva, es en llegar al poder. No importa el camino, no importan los medios –sean legítimos o no- lo importante es sentarse en el trono, pero no para ejercer el poder pensando en los intereses generales de la colectividad, sino en los intereses elitistas de los económicamente más poderosos. La última prueba de ello la tenemos con la publicación del índice para regular el precio del alquiler de vivienda en zonas muy tensionadas. El PP ya ha dicho que no lo aplicará en las regiones y ayuntamientos donde gobierna. Sabemos que en muchas de esas zonas se están cobrando casi 2.000 euros mensuales por alquileres de viviendas cuyo precio no excedería de 900 si se aplicasen los índices de regulación publicados en el BOE. Así son, y luego, hipócritamente, salen a la calle reivindicando la igualdad de todos los españoles. Los que tienen que pagar un alquiler con una renta tres veces superior a la que deberían, no creo que piensen lo mismo.
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