¿La justicia española tiene independencia del poder político?

La decisión del Tribunal Supremo, mediante Auto, de aceptar la tesis del magistrado García Castellón y abrir la causa contra el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y otro diputado aforado del Parlament, Rubén Wagensberg, por delitos de terrorismo sobre los hechos conocidos como “Tsunami Democrátic”, parece, más bien, una perversión jurídica y una resolución judicial oportunista y desproporcionada.

De ahí, que desde muchos sectores políticos, sociales y jurídicos se hable cada día más del término anglosajón que tan familiar se está haciendo en los últimos tiempos, del “lawfare” o “guerra legal”, “guerra jurídica” y que viene definiéndose como “la instrumentalización de la justicia, judicialización de la política o acoso judicial a la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales nacionales e internacionales, manteniendo una apariencia de legalidad para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente”.

Esto es algo que no es nuevo; por desgracia, no sólo los políticos independentistas han sufrido y están sufriendo decisiones de este tipo, sino que también la formación política Podemos ha padecido en sus propias carnes insistentemente denuncias judicialmente que finalmente se han archivado, con la finalidad de atacar a la formación y acabar con ella, algo que han conseguido todos los operadores políticos, judiciales y mediáticos conservadores en los últimos tiempos. Otra manifestación de este calibre es la presunta guerra sucia iniciada por el gobierno de M. Rajoy contra sectores políticos independentistas, partidos a los que investigó, al margen de la ley, según investigaciones periodísticas, durante, al menos, cinco años. Esperemos que se el caso se sustancie judicialmente y termine con la implacable condena de los presuntos responsables.

En todo este desaguisado político y judicial tiene mucho que ver la no renovación del CGPJ, que lleva más de 5 años caducado y todo ello imputable al principal partido de la oposición, el PP, que, descaradamente, ha venido controlando y manipulando, como bien manifiesta el periodista Ignacio Escolar, el Poder Judicial, 22 años de los últimos 27. Y lo ha hecho con argumentos de todo tipo y durante la dirección política del PP de los últimos presidentes del partido: M. Rajoy, Pablo Casado y actualmente Feijóo. Les ha interesado muchísimo, sobre todo en los últimos tiempos, en los que los casos de corrupción política del PP han proliferado como las setas en los otoños lluviosos y, de los que, no han sido sustanciados judicialmente muchos de ellos y otros han terminado en el sobreseimiento y archivo. ¡Qué casualidad! Y en los que han resultado condenados han criminalizado sin piedad a los jueces que iniciaron la investigación (Baltasar Garzón) y a los que la han concluido con condenas (José Ricardo De Prada).

Comenzando los argumentos por el sistema de elección del gobierno de los jueces, es decir, del CGPJ, hay que dejar muy claro que, como establece nuestra Carta Magna, “la justicia emana del pueblo”. Por tal motivo, no es descabellado que la ley orgánica prevea que el sistema de elección se realice por el Parlamento, que es donde se deposita la soberanía nacional, que reside en el “pueblo español, del que emanan los poderes del Estado” como establece el artículo 1.2 de la CE. Y los diferentes valores éticos de la sociedad plasmada en el Parlamento debe ser también, como es lógico, un reflejo para el ejercicio de la función jurisdiccional. Parece que la derecha política está de acuerdo con esto cuando tiene mayorías parlamentarias, pero no cuando no es capaz de controlar el Parlamento, que es lo que ha ocurrido en los últimos 5 años que lleva caducado el CGPJ. Una auténtica vergüenza.

Esa mayoría conservadora que preside el CGPJ implica que la inmensa mayoría de los magistrados y jueces de los tribunales de justicia –especialmente los más relevantes, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo- pertenezcan a las asociaciones conservadoras de la magistratura. Y eso ha determinado que muchos de ellos se hayan manifestado ante las sedes de esos tribunales contra la Proposición de Ley de Amnistía, algo inédito, porque se están manifestando antes de la aprobación de la ley y, por supuesto, antes de conocer si en el futuro, si se recurre la aprobación de la misma –como parece probable, si se aprueba finalmente- el Tribunal Constitucional la declarará constitucional o no. Esto nunca había ocurrido con anterioridad en España.

En relación a la investigación como actos de terrorismo de los hechos cometidos por el “Tsunami democrátic”, es curioso que se haya dilatado la instrucción judicial más de cuatro años desde la comisión de los hechos y que con anterioridad a la Proposición de Ley sobre Amnistía no se hubiera hablado de actos de terrorismo. También resulta curioso que este jueves, cuando los medios de comunicación informaban de que las negociaciones entre PSOE y JUNTS para la aprobación de la Ley iban avanzando muy positivamente, sea cuando el TS, mediante Auto, considere que sí debe investigarse por terrorismo a Puigdemont. A este respecto, hasta el mismo Feijóo -que también pensó en una ley de Amnistía e indultos para Puigdemont, aunque ahora lo quieran negar- ha manifestado que enjuiciar esos hechos por terrorismo parece desproporcionado.

Cierto es que el concepto de terrorismo después de la reforma del CP de 2015, previsto en el artículo 573, es más laxo, lo que conlleva un menor grado de determinación, certeza y taxatividad que prescribe el principio de legalidad penal y no se ajusta totalmente al concepto de terrorismo plasmado en el artículo 3 de la Directiva Europea relativa a la lucha contra el terrorismo, de 2017; pero aún así, considerar que el “Tsunami Democrátic” puede ser terrorismo porque las personas que no podían moverse en el aeropuerto del Prat (Barcelona) pudieron sufrir detención ilegal, implica que ante cualquier manifestación donde se cortan carreteras y los ciudadanos quedan atrapados, bloqueados –lo que ha pasado con las manifestaciones de los agricultores-, o los empleados de la sede del PSOE en Ferraz porque no podían salir de sus despachos ante las manifestaciones y concentraciones realizadas recientemente, también podrían ser víctimas de un delito de detención ilegal y los actos de protesta, por tanto, también podrían ser calificados como actos de terrorismo. Lo que sería un verdadero despropósito.

Sobre esto la justicia europea también cuestiona la calificación de terrorismo que se está haciendo por parte de los jueces españoles, ya que la Oficina Federal de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia de Suiza ha suspendido la comisión rogatoria cursada por el juez García Castellón, en la que este pedía que el país helvético le facilitase la localización de Marta Rovira, otra de las investigadas por terrorismo por el “Tsunami Democrátic”.

¿Son realmente conscientes los ciudadanos de todo este desaguisado? Estoy seguro que, a pesar de las manipulaciones, engaños y mentiras de los dirigentes de la derecha política, los ciudadanos sabrán interiorizar todos estos datos y reflexionar sobre el comportamiento y los móviles de los líderes políticos conservadores. El tiempo será el mejor juez para determinarlo.