De chirigotas, pellets, ayusadas y otras falsedades del PP

Hace unos días, todo el séquito territorial “pepero, es decir, los denominados “barones” del PP, se reunían en Galicia para apoyar al candidato a presidente de la Xunta de Galicia, por el PP, Alfonso Rueda, con la intención de contaminar a la opinión pública –aparte de la contaminación de plásticos que sufren las costas gallegas por la inacción de los responsables políticos de la Xunta de Galicia- de la realidad sociopolítica actual, intoxicar a los ciudadanos haciéndoles creer que el gobierno de Sánchez sólo atiende los intereses de Cataluña por el chantaje y la extorsión que, según el PP, están sometiendo los independentistas catalanes al presidente del gobierno y manipular la información diciendo que lo que les interesa son los problemas de los españoles, cuando la pasada semana han votado en contra de la subida de las pensiones, de las ayudas al transporte o de la bajada del IVA a productos de primera necesidad.

Lo curioso es que mientras los líderes territoriales critican con ira las decisiones del gobierno, el andaluz, Moreno Bonilla, se venga de las chirigotas gaditanas, siendo la primera vez, este año, que no se va a emitir el concurso de las chirigotas desde el teatro Falla, por Canal Sur radio, porque éstas han denunciado en la letra de sus canciones la subida de un 20 % del salario del presidente de la Junta de Andalucía, mientras se recortan políticas sociales en Andalucía, sobre todo reduciendo médicos, aumentando las listas de espera hospitalarias y promocionando la sanidad privada. Moreno Bonilla, al igual que la presidenta extremeña, María Guardiola,, están convirtiendo sus tierras, nuevamente, en el “paraíso decimonónico de los señoritos”, volviendo a la sociedad de “Los santos inocentes” que tan bien narra Miguel Delibes en su novela. ¿Es decente que mientras se está recortando dinero para la sanidad pública andaluza, su presidente se suba el sueldo un 20 por ciento?

Otro de los “barones”, el valenciano Carlos Mazón, ha suprimido el 30 % de los funcionarios adscritos a la fiscalía especializada en violencia de género, a petición de VOX; una decisión que ha sido criticada y cuyo recorte afectará directamente a las víctimas. El gallego, Alfonso Rueda, no hizo caso de las advertencias realizadas por el gobierno a primeros de diciembre pasado, sobre los contendores vertidos de 26 toneladas de plásticos por el barco de bandera liberiana, convirtiéndose las costas gallegas en un nuevo ataque medioambiental del estilo del Prestige una vez más por la pasividad en la gestión de la Xunta de Galicia, que es la administración competente en la materia.

Por su parte, la “lideresa” Ayuso, sigue con su talante rencoroso, rancio, radical y reaccionario, uniéndose al de la contradicción y la ignorancia. Esta semana en un desayuno informativo llegó a dudar si es “legal” la formación política Bildu. Además, ha continuado diciendo lo siguiente “si es legal que tengamos en las instituciones a personas que han cometido delitos de sangre y que llevan en sus filas el ADN de otras muchas personas sanguinarias”. Bueno, sabemos que esta señora no es una catedrática ni en Derecho Constitucional ni Derecho Penal, pero lo que es tremendamente vergonzoso es que la presidenta de una comunidad como la de Madrid, capital de nuestro país, haga públicamente estas reflexiones y en un foro en el que hay personas muy formadas, serias y profesionales. Siguiendo sus mismos argumentos, ¿fue legal la creación de la formación política a la que ella pertenece, cuando su fundador, Manuel Fraga, fue un dirigente del régimen franquista, un sistema político sustentado sobre el asesinato y las ejecuciones extrajudiciales de miles de personas porque pensaban de otra manera y porque defendieron el régimen republicano, democrático y constitucional de 1931? Sabemos que hay dudas más que razonables de que el plan urdido en Montejurra en la que murieron asesinados dos manifestantes, en 1976, pudo ser un “crimen de Estado” y también se cree que el entonces ministro de gobernación, Manuel Fraga, conocía los extremos de la denominada “operación reconquista”, que aprobó y no actuó para evitarlo. Según los argumentos de Ayuso, ¿alguien podría decir que, al pertenecer a la formación política fundada por Fraga, puede llevar el ADN de personas sanguinarias? Parece un despropósito, ¿verdad? Pues son las hipotéticas conclusiones a las que podemos llegar siguiendo las tesis irracionales y esperpénticas de la señora Ayuso.

Por su parte, ¿a esta presidenta nadie le ha enseñado la diferencia entre lo que es ilegal y lo que, siendo legal, puede serlo aunque sea inmoral? ¿Nadie le ha enseñado la diferencia entre Derecho y Moral? ¿Nadie le ha dicho que, afortunadamente, con el Derecho penal moderno no podemos equiparar siempre un orden ético determinado y una conducta delictiva? Esa equiparación es la que consideraba delito, por ejemplo, hasta no hace tantos años en nuestro país, el adulterio o en muchos otros, las relaciones homosexuales y que eran propios de modelos de Estado confesionales que contradicen principios como el pluralismo. Es decir, es una reminiscencia del Derecho penal del Antiguo Régimen y no de un Derecho penal liberal moderno. Que en algún momento, Bildu (no en la actualidad) o sus padres políticos no condenaran el terrorismo de ETA, es ética y moralmente reprochable, pero la simple no condena, no es delito; lo mismo que no lo es no condenar los asesinatos machistas como actualmente hacen formaciones políticas de la extrema derecha de VOX. Cuestión diferente sería que una organización política colabore, enaltezca o justifique públicamente los actos de terrorismo o que realicen actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos de terrorismo o de sus familiares. Ahora bien, si Ayuso, el PP y VOX en el caso de que gobernasen, aprobasen una ley que ilegalice a ciertas formaciones políticas, serían ilegales en virtud al sagrado principio de legalidad penal, aunque tal como está redactado el ordenamiento constitucional, sería una norma legal claramente inconstitucional. Pero, recordemos, eso es lo que quieren la actual derecha y la extrema derecha, la ilegalización de algunas formaciones políticas que defienden el independentismo o las que, en algún momento, no han condenado los actos de terrorismo.

Ayuso también se ha preguntado “si es legal que tengamos en las instituciones a personas que han cometido delitos de sangre”. Que alguien que ha cometido delitos de sangre: terroristas o no, pueda ser cargo electo una vez cumplidas sus condenas, también puede ser moral y éticamente reprobable, por supuesto, pero siguiendo las prescripciones de la legislación electoral y del Código penal, española, llegamos a la conclusión de que, en ambos casos, se establece que los condenados, bien sea a pena privativa de libertad o la privativa de derechos de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, no pueden ser elegidos para cargo público durante el tiempo de la condena. Si la condena ha sido cumplida, se extingue la responsabilidad criminal y, por consiguiente, esa persona sí podría legalmente ser elegida en un proceso electoral para ocupar cargos públicos, aunque no fuera ética, moral y políticamente adecuado.

Pero Ayuso no sólo profirió estas aberraciones jurídicas en ese desayuno informativo, sino que también –no sé si producto de su ignorancia o de su “mala fe” o por ambas cosas- comprende al 44 % de hombres que, en las encuestas de opinión, se sienten discriminados en relación a las mujeres, diciendo, además, que el gobierno actual ha impulsado políticas que han “agraviado a los varones frente a las mujeres”. Incluso, también, su ignorancia, en este caso, ha quedado patente, porque ha llegado a decir que la empresa de ropa Mango forma parte del grupo Inditex. Mango tampoco es gallega, sino catalana y principal competidora de Inditex; por tanto, nada tiene que ver con Amancio Ortega, al que defendía públicamente porque, según ella, ha sido atacado por el gobierno; algo que tampoco es cierto.