Polémica en Villarino por la decisión del Ayuntamiento de privatizar la gestión de la residencia de mayores

Las aguas bajan revueltas por el Tormes a su paso por Villarino y no precisamente por las lluvias de estos días. Y es que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento acordó el 28 de diciembre pasado, en el último pleno de 2023, la propuesta del Consejo Rector donde se establecen las cláusulas administrativas para sacar a licitación la gestión de la residencia municipal de mayores, una fórmula que ya estuvo en práctica en su día y que no acabó bien para nadie excepto para la empresa adjudicataria.

Pero desde entonces mucho ha llovido en Villarino, y como recuerda el alcalde popular Julián Martín, en la actualidad “la mayoría de las residencias de mayores de la comarca están en manos privadas y funcionando perfectamente”. La idea del alcalde no es nueva, pues ya la pasada legislatura se barajó esta posibilidad, “hablamos con las trabajadoras y le expusimos que si no cambiaban de actitud se daría el paso de privatizar la residencia, y la situación no ha ido a mejor, se ha mantenido a lo largo de este tiempo y viendo la deriva que ha tomado hemos llegado a un punto en el que el mal ambiente está afectando a los residentes, y nuestro principal objetivo, como responsables del Ayuntamiento, es velar por el bienestar de los mayores”, añadía el alcalde.

Así, el regidor recuerda que, al margen de la mayoría de las casas asistidas, que por el reducido número de personas que se atienden facilita su gestión a pequeños ayuntamientos, únicamente son cuatro los casos en los que las residencias municipales de la zona son gestionadas por los ayuntamientos, tales son las de “Aldeadávila, Pereña, Hinojosa de Duero y La Fregeneda, el resto -añade- son de gestión privada: Lumbrales, Vitigudino, Villavieja de Yeltes, Saucelle, Mieza, Masueco, Barruecopardo, Ledesma o Villaseco de los Reyes, por decir algunas de los pueblos más importantes, y en todas los mayores están tan bien cuidados como en la de Villarino”, añade.

La decisión de privatizar la gestión de la residencia obedece, según el alcalde, a la situación de “conflictividad” existente con una buena parte del personal laboral, “hasta el punto de que la última enfermera contratada, al poco tiempo decidió irse después de lo que nos costó encontrar a alguien para el puesto”, añade el regidor; un “mal ambiente” que el alcalde asegura “trasciende a los mayores y por el que he tenido varias quejas”. Fruto de esta situación, el regidor recuerda que “un 28% de la plantilla está de baja laboral, y en varios casos se trata de bajas de larga duración. Hemos intentado por todos los medios que se acataran una serie de normas que no han respetado y al final no tenemos otra solución que privatizar el servicio”.

Además, otro de los motivos es el “alto coste que supone el mantenimiento de la residencia para el Ayuntamiento, unos 180.000 euros anuales y otros 70.000 más que aporta la Gerencia”, asegura, “y ese es otro de los objetivos, reducir el gasto de este servicio”, pues recuerda que en las gestiones realizadas la anterior legislatura para privatizar el servicio “había una empresa, que lleva varias residencias en la comarca, y que estaba dispuesta a pagar al Ayuntamiento 6.000 euros al año”.

El procedimiento de privatización de este servicio se encuentra hasta el 9 de febrero en periodo de alegaciones, propuesta del Consejo Rector en la que, además, se establecen las condiciones administrativas y económicas, y que fueron aprobadas el 28 de diciembre. A partir de que se resuelvan las alegaciones, se iniciará el procedimiento de licitación mediante concurso público para la presentación de ofertas, que una vez vencido el plazo se valorarán por la mesa de contratación y cuya mejor propuesta se elevará al pleno para su adjudicación, aprobación que abrirá otro periodo para la presentación de alegaciones, su resolución y la culminación del procedimiento con la aprobación definitiva.

Entre esas cláusulas figura la subrogación de la actual plantilla, así como los precios que deben pagar los residentes. A este respecto, el acalde quiere aclarar que “llevamos nueve años sin subir nada los precios, y en las cláusulas figura que a los residentes actuales no se le subirá el precio más que el IPC, solo se aplicarán los nuevos precios a los que entren, pero hasta abrir las ofertas desconocemos cual será porque los precios son a la baja a partir de unos máximos”.

Contra la decisión de los cuatro concejales del PP votó la oposición en el último pleno, uno de los dos concejales del Grupo Villarino y Cabeza y el edil del PSOE, por entender que “no se han agotado todas las vías para solucionar el problema”, añade el concejal del PSOE, Vicente Benéitez, y porque “puede afectar negativamente al cuidado y al precio que deberán hacer frente los residentes, así como a los negocios del pueblo que suministran actualmente a la resdiencia”, añade.

Recogida de firmas en change.org

De hecho, dos semanas después de su aprobación, este martes, 16 de enero, arrancaba una recogida de firmas a través de la plataforma change.org en contra de la privatización del servicio. Unas horas después se habían registrado cerca de 400 firmas en contra.

Los motivos de esta campaña se desarrollan en cuatro puntos:

1.-Los perjuicios para la actividad económica en el pueblo serian importantes, por cuanto que la empresa privada tendría sus propios suministradores tanto de alimentación como de todo tipo de productos.

2.-Produciría un deterioro en las condiciones laborales de los trabajadores/as ajustando las condiciones a su propio beneficio, lo que sin duda redundaría en perjuicio del trato a los residentes.

3.-El mejor trato a los residentes ya no sería el objetivo de la actividad de la residencia, sino la obtención de beneficio, condicionando todo a este objetivo.

4.-La residencia perdería su funcion asistencial y sin ánimo de lucro como bien municipal.

Para el alcalde, esta iniciativa “no tiene demasiada validez porque puede firmar cualquier persona sea o no de Villarino”. Además, señala que “no entiendo cómo se puede estar en contra de algo de lo que se desconoce el resultado, tanto en lo que se quedará la cuota de los residentes como si la empresa adjudicataria comprará o no en las tiendas del pueblo”. Respecto a esto último, Julián Martín recuerda incluso que “la oposición sugería la anterior legislatura de comprar a grandes distribuidoras para abaratar costes”. En cualquier caso, el alcalde asegura que “antes de dar este paso he consultado con muchos alcaldes la gestión de residencias municipales y que la realizan empresas, y el resultado no puede ser mejor. El 90% de las residencias hoy tienen gestión privada y están todos locos de contentos. Nosotros solo queremos lo mejor para los residentes porque hoy están ellos ahí y mañana estaremos el equipo de Gobierno actual. Pensamos que es lo mejor tanto para los 48 mayores que viven en la residencia como para los trabajadores”.

La oposición apuesta por la gestión pública

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento recuerda la apuesta de su Grupo por mantener los servicios públicos porque “puede ser igual de eficaz que la gestión privada”, además de mostrarse convencido de que “no se han agotado todas las vías para llegar a un entendimiento con las trabajadoras, por eso voté en contra”; es más, asegura que “en lugar de dialogar para intentar llegara a acuerdos, van con amenazas, según las trabajadoras, lo que hace imposible llegar a una solución en el conflicto”.

En cuanto a los precios que pasarán a pagar los residentes una vez contratado el servicio, Benéitez reconoce que “no se conocen pero tememos que puedan ser abusivos porque en algunos casos la subida puede superar los 600 euros”, lo cual “nos parece una barbaridad y por eso estamos en contra de esos precios”. Otro de los rtemas polémicos del pliego de cláusulas son los 25 años de contrato a la empresa adjudicataria.

En el pleno de noviembre “quedamos en que se iba a hacer todo lo posible para continuar con la gestión pública y en le pleno de diciembre no nos dijeron nada, solo que se habían hecho muchas cosas pero sin concretarnos nada, ni reuniones ni qué soluciones habían buscado. Nos hemos ofrecido hasta acompañarlos en las reuniones, incluso sugerimos a que buscarán un mediador externo a través de la Diputación si el conflicto estaba con las trabajadoras, pero no se ha hecho nada”. En cuanto al tema económico, “ya dijimos en el pleno que con los precios que han puesto en el pliego de condiciones no hace falta privatizarla, se cubre el déficit actual sin problema. El PP ha llegado al Ayuntamiento con la idea clara de privatizar la residencia y no están poniendo ningún interés en que las cosas se puedan hacer de otra manera”.

Para el portavoz del PSOE “la gestión privada significa que una empresa va a venir a la residencia a ganar dinero, y ese mismo beneficio podía quedarse en el Ayuntamiento con la gestión pública. Si esto no sucede es porque algo se está haciendo mal”. Para Benéitez “el problema es que no quieren ponerle el cascabel al gato y aplicar la subida que tendrían que hacer, y por eso no han hecho nada, pero yo creo que previo a la subida que habría que aplicar, habría que hacer otras cosas como solucionar el problema con las trabajadoras porque con casi un 30% de bajas laborales, el servicio no se puede sostener”.

Por su parte, el portavoz de VyC, Javier Sendín, justificaba su oposición a la privatización porque “ha habido una clara apariencia de dejar esto pudrir, lo que está ocurriendo no podía conducir nada más que a una situación de deterioro como la actual, y cuando dejas que algo llegue a esta situación no se puede decir que la solución es una empresa privada, lo cual tampoco sabemos. En todo caso hay que poner todos los medios para que esto funcione, cosa que no han hecho y el responsable no solo es el gerente sino el alcalde y el equipo de Gobierno al completo”.

Asimismo, Sendín señaló estar “a favor de la solución que favorezca la situación de los residentes, creo que tal y como se ha llevado la residencia, y no solo por esta Corporación, no podía conducir a otra cosa porque falta dirección, ha sido durante muchos años como un barco sin capitán”. Para Sendín la solución pasa por “darle participación a la gente, a los trabajadores y buscar una solución como obligación que tiene el Ayuntamiento”.

VyC recurre el pleno

En cuanto al procedimiento administrativo en marcha tras la aprobación de la propuesta de privatización y las cláusulas del pliego de condiciones, hay que señalar que VyC ha recurrido el pleno del 28 de diciembre en tanto que “no se permitió participar por videoconferencia a nuestro concejal Manuel Cuadrado”, el cual “no pudo asistir presencialmente por un problema físico, no le dieron acceso mientras que sí se lo dieron a la concejala del equipo de Gobierno, la cual además votó por teléfono al interrumpirse la videoconferencia, y por teléfono no se puede votar”, aseguraba el portavoz de VyC.

Sendín aclaraba que el motivo del recurso del pleno “para nada tiene que ver lo tratado” sino con el desarrollo de la sesión, lo que podría alargar aún más el proceso de privatización de la residencia, pues se mostraba convencido de que “en el caso de que desestimen el recurso de nulidad, y si no dan argumento sólidos, acudiremos al Juzgado”, con lo cual todo lo acordado en la sesión podría quedar invalidado si la justicia da por nulo el pleno.