Malestar de los funcionarios por un espacio disponible pequeño que no garantiza la separación de infractores y víctimas, así como que el edificio se comparta con dependencias administrativas y no judiciales
Las Organizaciones Sindicales STAJ, CSIF, CCOO y UGT ponen de manifiesto que un mes después del traslado del Juzgado de Menores a su nueva ubicación en la séptima planta del edificio situado en la Avenida del Doctor Torres Villarroel, 21-25, los funcionarios siguen trasladando el malestar por las condiciones de las instalaciones.
El espacio destinado a las oficinas del juzgado y la sala de vistas, es "pequeño para las necesidades de un juzgado de estas características, un juzgado del orden jurisdiccional penal que trata con menores, hablamos de menores infractores, siendo en muchos casos menores también las víctimas". Los funcionarios entienden que "no cuentan con espacio suficiente para garantizar el adecuado trato a los ciudadanos que transitan por dichos espacios, en particular les preocupa no garantizar la necesaria separación de los menores y las víctimas, temen que se produzcan situaciones indeseadas, al encontrarse la sala de vistas en una séptima planta, dentro del juzgado y los espacios de acceso a la misma ser reducidos, lo que consideran puede generar problemas de seguridad". Es necesario, explican, tener en cuenta que el acceder a la sala de vistas, que se encuentra junto a las oficinas del juzgado, implica el tránsito de menores infractores, víctimas, testigos, familiares de los menores y el resto de personas que intervienen en juicios de estas características, por lo que, "para un correcto funcionamiento del juzgado, la sala de vistas debería situarse fuera del espacio destinado a las oficinas".
A esto hay que añadir que el edificio alberga oficinas de otra administración, la Unidad de Carreteras del Estado en Salamanca, y está previsto el traslado de la Confederación Hidrográfica del Duero. Por esa razón, "entendemos que resulta inapropiado escoger como ubicación de un órgano judicial de la jurisdicción penal, con un contacto tan estrecho con menores, un edifico por donde transitan personas que ni siquiera acuden a otras dependencias judiciales, sino a dependencias administrativas. Difícilmente puede salvaguardase la protección de la intimidad de los menores y evitar su estigmatización, compartiendo unos espacios comunes bastante pequeños como son los del mencionado edificio".
Otro problema añadido a día de hoy es que "un ascensor no está en funcionamiento y otro ascensor está siendo objeto de reformas, con lo que, más allá de que los trabajadores de este juzgado de la séptima planta y de los otros juzgados que están en el edificio, tengan que subir caminando, con el riesgo que esto puede suponer debido a las obras que actualmente hay en el edificio, según el Real Decreto 193/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público, en lo relativo a la Administración de Justicia se garantizará la accesibilidad universal y la prestación de apoyos que sean necesarios en las oficinas públicas, los dispositivos, los servicios de atención y participación del ciudadano".
Además los sindicatos afirman que optar por ubicar el mencionado juzgado en el espacio indicado, "alejándolo físicamente de los compañeros de la Fiscalía que desempeñan su trabajo en relación con el Juzgado de Menores, no es adecuado, debido a la estrecha vinculación entre ambos".
"Entendemos que el Juzgado de Menores debe reubicarse en un espacio que reúna los requisitos necesarios para un correcto funcionamiento del órgano y un adecuado servicio al ciudadano, concluyen.