COAG Salamanca denuncia la falta de claridad en la nueva normativa autonómica

El pasado mes de diciembre, desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, se presentó el borrador de Orden con la que se pretende adaptar la normativa autonómica a los nuevos cambios introducidos en la normativa europea y estatal en referencia a la sanidad animal.

Entre los diferentes puntos tratados en el documento se contemplan una serie de flexibilizaciones y ventajas para los ganaderos, pero también da lugar a muchas dudas que debían ser aclaradas. Cabe destacar que la nueva normativa debe ser compatible con la legislación actualmente vigente en materia de sanidad animal y debe ser aprobada por el Ministerio.

Se minimiza el tiempo de espera de 6 a 2 meses para realizar las pruebas necesarias y alcanzar la calificación sanitaria T2, pero no se especifica si ello también repercute en la recuperación de la calificación T3 para que se pueda alcanzar antes del año como esta actualmente. En ningún punto del borrador se hace referencia a las Zona de Especial Incidencia, en las que Coag considera que deberían otorgar el “privilegio” de realizar una única prueba sanitaria obligatoria a las explotaciones T3H.

En este borrador se cita la creación de Comisiones Locales de Seguimiento, que desde la Consejería se prometieron constituir en el momento crítico de alta prevalencia en nuestra provincia para mantener cada municipio informado de su incidencia sanitaria, pero ello se quedó solo en promesas. Coag espera que su constitución se realice en la mayor brevedad posible y que cada municipio pueda adaptarse al protocolo que corresponda a su calificación sanitaria.

La nueva Orden contempla un procedimiento de habilitación de personal veterinario libre, cumpliendo la normativa vigente y previa solicitud a la administración, para la realización de pruebas sanitarias obligatorias de tal manera que se produzca una mayor celeridad en el ejercicio de las actuaciones. Estos veterinarios deben ser remunerados por su trabajo, previsiblemente se puede deducir que esta remuneración será a cargo del ganadero tal como está ocurriendo con la vacuna de la lengua azul. Este tipo de medidas son un paso más para la privatización de la sanidad animal como ya se ha denunciado desde esta organización.