Castilla y León solicita a Sánchez el traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital

Castilla y León, entre otras comunidades, ha solicitado la cesión de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), después de que, este miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado que el Consejo de Ministros ha aprobado el traspaso de la gestión de esta prestación a las CCAA con régimen común que lo soliciten para equipararlas a las comunidades autónomas de régimen foral que ya lo tenían cedido, como son País Vasco y Navarra.

En concreto, según han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo regional, Castilla y León ya lo ha solicitado en varias ocasiones desde 2020 para conseguir su traspaso en las mismas condiciones que se realizó con el País Vasco.

Según recuerdan, la consejera de Familia, Isabel Blanco, ya lo reclamó en abril y mayo de 2020 y, posteriormente, en junio del mismo año fue el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien envió una carta a Pedro Sánchez para solicitar el traspaso de esta prestación con el fin de garantizar "la igualdad entre las personas, sea cual sea su territorio de residencia".

Además, en septiembre de 2020, las Cortes de Castilla y León aprobaron una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el PP para avanzar en la gestión del IMV, cuya argumentación se basaba en la experiencia de la Comunidad sobre la gestión de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC).

Sánchez ya había acordado el traspaso de la gestión de esta prestación para Cataluña, el pasado 21 de diciembre, en su reunión con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, y de esta forma se extiende para el resto de CCAA.

El Ingreso Mínimo Vital se puso en marcha el 1 de junio de 2020, en el primer año de la pandemia de la Covid-19, y entonces, el Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones, que dirigía José Luis Escrivá y que ahora encabeza Elma Saiz, preveía que esta prestación llegara a 850.000 hogares.

Si bien, por el momento, a finales de noviembre, el IMV había llegado a 710.341 hogares (en los que viven 2.079.233 personas), es decir, 139.659 hogares menos que los previstos inicialmente. Además, el Gobierno estima que a finales de 2023 se alcance una cifra de 2.150.000 beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, incluyendo País Vasco y Navarra, según señala el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria a una pregunta por escrito del grupo parlamentario Vox, a la que ha tenido acceso Europa Press.