Impunidad en América Latina

Patricia Mariño Gonçalves

Defensora de los Derechos Humanos

Existen varios factores que contribuyen a la impunidad en América Latina, entre ellos se encuentra la corrupción en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, pues se impide que determinados delitos sean investigados y se procesen adecuadamente. Asimismo, la debilidad institucional y la mala equipación de las mismas dificulta su capacidad de investigación. Por otro lado, se trata de países donde la violencia es común, por lo que en ocasiones resulta difícil realizar investigaciones por parte de las autoridades debido a las amenazas y la intimidación que sufren por parte de los perpetradores. Cabe mencionar la falta de recursos financieros y humanos en algunos países, que puede impedir que las autoridades investiguen y también que, en algunos casos, los delitos cometidos por miembros de las élites políticas o económicas queden impunes debido a la influencia y el poder que poseen.

En el caso de Nicaragua, el gobierno del presidente Daniel Ortega ha sido acusado de corrupción y de erosionar las instituciones democráticas del país. Las acusaciones incluyen el uso de fondos públicos para enriquecer a la familia Ortega y a sus aliados políticos, el uso indebido del poder judicial para perseguir a opositores políticos y el debilitamiento de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Asimismo, la falta de rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos y los abusos cometidos por el gobierno y grupos armados afines al mismo han sido ampliamente denunciados por la comunidad internacional. Las violaciones de los derechos humanos han incluido el uso de la violencia contra manifestantes pacíficos, detenciones arbitrarias y la falta de acceso a una justicia independiente. Por otro lado, el gobierno ha hostigado y amenazado a defensores de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales que trabajan en la defensa de los mismos en el país.

Por su parte, en Colombia se han presentado numerosas violaciones de derechos humanos a lo largo de su historia, muchas de los cuales persisten a día de hoy. Cabe destacar que Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para los líderes sociales y defensores de derechos humanos, pues según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en 2020 se registraron al menos 66 asesinatos de líderes sociales en el país.

En Perú, en lo que se refiere a los niveles de impunidad, estos varían según el tipo de delito. Por ejemplo, los delitos de corrupción han sido especialmente difíciles de perseguir debido a la influencia política que a menudo rodea estos casos mientras que en el caso de delitos violentos, como asesinatos, las tasas de esclarecimiento y condena son relativamente más altas. Además, encontramos a lo largo de la historia del país diferentes casos de violaciones de derechos humanos que han quedado impunes. Así, un caso importante es el de las esterilizaciones forzadas realizadas durante el gobierno de Alberto Fujimori en la década de 1990, periodo durante el que se estima que esterilizó a más de 200.000 mujeres, muchas de ellas indígenas, sin su consentimiento informado. Y es que a pesar de que se han llevado a cabo algunos procesos judiciales, el caso no ha sido aún resuelto y muchas de las mujeres no han recibido reparación. Asimismo encontramos un ejemplo más actual en el contexto de las protestas que se han llevado desde el 7 de diciembre de 2022 en el país, donde más de 70 personas han perdido la vida por el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Lo anterior, solo son algunos ejemplos de lo que está ocurriendo en América Latina; por ello Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por el problema y ha trabajado activamente para denunciar y abordar esta situación. La organización ha documentado casos de impunidad en varios países de la región y ha llamado la atención sobre la falta de acción de los Estados para garantizar el acceso a la justicia y la reparación para las víctimas. En particular, Amnistía Internacional ha señalado que «la impunidad es un obstáculo grave para la construcción de sociedades justas y democráticas. Sin justicia y rendición de cuentas, se perpetúa el abuso de poder, la corrupción y la violencia» (Informe anual de Amnistía Internacional 2020-2021).

Concluyendo, la impunidad puede tener graves consecuencias para la sociedad, incluyendo la perpetuación de la violencia, el debilitamiento de la confianza en las instituciones democráticas y el aumento de la corrupción. Por estas razones es fundamental que los países de la región tomen medidas como el reforzamiento del sistema judicial asegurándose de que tenga los recursos y la capacitación necesarios para llevar a cabo investigaciones efectivas y procesos judiciales justos. También es importante garantizar que el sistema judicial sea independiente y no esté sujeto a influencias políticas o de otro tipo. Asimismo la transparencia y la rendición de cuentas también son fundamentales y, por último, se hace importante fomentar una cultura de legalidad y respeto a la ley en toda la sociedad, y promover la educación cívica y la participación ciudadana.