La Diputación pone a disposición de las mancomunidades de Cabeza de Horno y Ledesma 400.000 euros para potabilizar el agua
Los municipios ajenos a sendas mancomunidades y que tuvieron problemas de potabilización el verano pasado, podrán acogerse al Plan de Sequía para sustituir filtros
Ante los problemas de potabilización del agua registrados a partir del pasado verano en numerosos municipios de la provincia, como consecuencia de una reducción de hasta tres veces los índices admitidos de plagicidas para la potabilidad del agua, el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, junto con la diputaba de Medio ambiente, Pilar Sánchez, anunciaba este lunes en rueda de prensa la creación de una línea de ayudas, con un presupuesto total de 400.000 euros, para que las mancomunidades de Cabeza de Horno y de Ledesma puedan hacer frente a la sustitución de filtros de carbono y evitar de nuevo el problema en los 107 municipios mancomunados, llegado el verano.
Asimismo, Iglesias añadió que los municipios con estos mismos problemas de potabilización, ajenos a sendas mancomunidades, podrán acogerse a las ayudas del Plan de Sequía, dotado con 2.000.000 de euros, para solucionar el problema.
Por otro lado, el presidente de la Diputación informó que trasladará a la Junta de Castilla y León y al Gobierno de España la moción aprobada por unanimidad en la sesión del pleno de la Diputación, celebrada el 31 de agosto, para que ambas administraciones contribuyan a coofinanciar medidas para el control y calidad del agua.
Precisamente, la Diputación Provincial ha pasado de un gasto de 300.000 euros en enero a “1.130.000 euros para hacer análisis más abundantes y exigentes que permitan un control exhaustivo con la calidad del agua”, por lo que Iglesias destacó el trabajo realizado por el departamento que dirige Pilar Sánchez, a la vez que criticó que desde la Confederación Hidrográfica del Duero no se advirtiera a los municipios del endurecimiento de la normativa europea respecto a los nuevos valores para la potabilización del agua. Igualmente, Javier Iglesias reconoció que, aunque la medida entró en vigor en enero, desconocían las consecuencias de su aplicación “y no nos advirtieron de lo que podía llegara pasar", lo que sorprendió a todos.