¿Politización de la justicia?

La arena política española está cada día más contaminada como consecuencia de la lucha cainita por el poder. En los últimos tiempos, la derecha y la ultraderecha han querido emular al movimiento “15-M” y las protestas que tanto éxito proporcionó a Podemos, primero en las elecciones europeas de 2014, y después en las sucesivas municipales, autonómicas y generales. Pero, claro, las consecuencias de las protestas no están siendo las mismas para unos que para otros y según se inflame la situación y se aborde por los medios de comunicación, así tendrá una repercusión mayor o menor, dicho en términos cuantitativos y cualitativos. Para los “Hunos”, es decir, los que a si mismos se consideran “gente de bien” –Feijóo dixit-, cuando los desórdenes colectivos, las algaradas callejeras y las protestas las realizan los “Hotros”, promoverán acciones policiales y judiciales contra ellos por “actos de terrorismo, de atentados a la autoridad, de rebeldes, de sediciosos o de golpistas”. En cambio, cuando estos disturbios son cometidos por los “Hunos”, los autores intelectuales, inductores, cooperadores necesarios, cómplices y autores materiales consideran que lo que están protagonizando está dentro del ejercicio constitucional de la libertad de expresión y todos los actos (vandálicos o no) que se protagonicen contra los “Hotros” están justificados, porque “los terroristas son ellos” –dirán- y todas las maldiciones que caigan sobre los mismos, son pocas y “la justicia debe condenarlos y enviarlos a la cárcel por terroristas, golpistas y comunistas” (este es su tétrico discurso). Ya lo ha dicho quién en la sede de la soberanía nacional, el Congreso de los Diputados, espetó “hijo de puta” al presidente del gobierno, aunque luego diga Ayuso, con el mejor estilo barriobajero y soez, que “le gusta la fruta”. ¿Cómo un personaje con estas cualidades puede ser presidenta de una región tan importante como Madrid?

Todo esto es aún más grave cuando algunos magistrados competentes para enjuiciar hechos presuntamente delictivos, actúan descaradamente intentando favorecer a los de “su cuerda”, es decir, a los “Hunos”. Lo estamos viendo sistemáticamente con las actuaciones tremendamente partidistas del juez García Castellón. Sabemos que ha sido competente para enjuiciar muchas conductas presuntamente delictivas relacionadas con la corrupción política y económica del PP. Ha resultado vergonzoso que este juez se haya negado a citar a declarar a la ex secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, quién, supuestamente dirigía el “lobby judicial” encargado de “matar civilmente” a Bárcenas y a su abogado para que no filtraran datos sobre la caja B del PP. Una operación dirigida por el Estado, con fondos públicos, para intentar ocultar pruebas de las tramas corruptas del PP de M. Rajoy. ¿Esta es la independencia judicial que reclama el PP y sus socios de la ultraderecha?

Por otra parte, este magistrado, que parece ser todo un ejemplo de los calificativos que la Constitución atribuye a los jueces y magistrados, es decir “independiente, inamovible, responsable y sometido únicamente al imperio de la ley” (artículo 117.1 CE), después de cuatro años de inacción en la materia, ha decidido en este momento y por razones de oportunidad -dado que se va a debatir y presuntamente aprobar una Ley de Amnistía en el Parlamento, que es el competente para la elaboración y aprobación de las leyes, también una de amnistía- enviar al Tribunal Supremo una exposición razonada para que sea este órgano judicial quién decida si investiga por terrorismo a Puigdemont, a Marta Rovira y a otras 10 personas por los actos del conocido como “Tsunami democràtic”. En el auto considera que estos dirigentes se sitúan en “el vértice más alto de la organización criminal, por su posición de autoridad incuestionable”. Califica a estos dirigentes de “organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia, integrada por varias personas con roles diversos que extendían su ámbito de actuación en parcelas determinadas y con otras personas a su cargo, cuya finalidad esencial era subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente al Estado y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva”. ¡Alucinante!

¿Olvida este magistrado que uno de los principios básicos del Derecho penal moderno es el de intervención mínima y de última ratio o subsidiariedad? Es decir, el Derecho penal es el recurso al que sólo hay que acudir ante la constancia de la insuficiencia de los restantes medios de control social, pues no está justificado aplicar un recurso más grave cuando cabe esperar el mismo resultado de uno más leve. Y, si hay que acudir, como último recurso, al Derecho panal, hagámoslo, efectivamente, con una calificación más leve, porque ¿es menester calificar aquéllos actos cuyas expresiones prácticas eran las manifestaciones de repulsa de los ciudadanos allí reunidos y los disturbios provocados que siguieron a la publicación de la Sentencia del Tribunal Supremo en la que se condenó a los líderes del “procés” por delitos de sedición, entre otros, como delitos de terrorismo? ¿No resulta excesiva esa calificación?

Si seguimos al pié de la letra la doctrina judicial de García Castellón, ¿por qué no se califican penalmente de la misma manera, como actos de terrorismo, los presuntos hechos delictivos cometidos por los manifestantes que han causado cuantiosos daños materiales y han agredido, amenazado y coaccionado a políticos del PSOE y han atacado las sedes de esta formación política, principalmente la central ubicada en la calle Ferraz, de Madrid? ¿Por qué, a diferencia del Tsunami democràtic, los líderes del PP y Vox (Feijóo, Ayuso, Abascal, Ortega Smith y otros) que han incitado a la violencia verbal y física ejercidas en las manifestaciones contra el PSOE, no han sido considerados por García Castellón como el vértice más alto de la organización delictiva, en este caso terrorista?

Indudablemente, calificar estos desórdenes públicos como actos de terrorismo parece un poco desproporcionado, pero también aquéllos, los del Tsunami democràtic. De ahí que la Fiscalía de la Audiencia Nacional haya decidido recurrir el auto del juez García Castellón y solicite que se trasladen los hechos para que se enjuicien en los juzgados ordinarios de Barcelona.

La derecha del PP y la ultraderecha de Vox, que nunca habían estado tan unidas en sus objetivos políticos, además de seguir precipitándose por la peligrosa senda de la crispación, el insulto, la mentira, la descalificación y el odio cainita a Pedro Sánchez y su gobierno, continúa haciendo el ridículo en cuantas instituciones acude con este afán destructivo. Así ha ocurrido el pasado miércoles, cuando el PP llevó al Parlamento Europeo de Estrasburgo el debate sobre la situación del Estado de Derecho en España con motivo de la futura aprobación de la Ley de Amnistía. El trío PP, Ciudadanos y Vox patinaron de la forma más estrepitosa, con un debate incongruente y esperpéntico, puesto que el comisario europeo de justicia Didier Reynders sentenció claramente que “la situación de Cataluña sigue siendo un tema interno de España que se dirimirá según su Constitución”. Se puede decir más alto, pero no más claro.

En otro orden de cosas, también resulta altamente dramático que cargos públicos de PP y de Vox continúen lanzando amenazas contra el presidente del gobierno, mientras sus dirigentes permanecen pasivos y no son capaces de condenarlas. Mientras un concejal del PP hace un fotomontaje con el asesinato de John F. Kennedy y la cara de Pedro Sánchez, otra concejala del PP afirma que el presidente del gobierno merece “un tiro en la nuca”. Ante esto, Feijóo se mantiene impávido y callado, lo mismo que ante el insulto en el Congreso de Ayuso a Sánchez, al que llamó “hijo de puta”. No sólo no lo condenó Feijóo, sino que lo justificó.

Para concluir, estos nuevos acontecimientos son una manifestación más de la frustración de Feijóo –principal inspirador de la agenda política actual destructiva de la derecha y la ultraderecha- que ha sido incapaz de llegar al gobierno aún ganando las elecciones, porque ninguna formación política quiere unirse al proyecto extremista y radical que demandan para España Feijóo, Ayuso, Abascal y sus encolerizados seguidores.