Entre los puntos que mayor debate o controversia suscitaron cabe destacar la modificación de las bases del presupuesto y la moción del PP contra la probable amnistía a los enjuiciados en el 'procés' catalán
Primer pleno de la nueva secretaria en el Ayuntamiento de Vitigudino, María Jesús Martín Gutiérrez, y del que salió de forma sobresaliente de cualquier situación que se planteó, recibiendo la bienvenida del alcalde, Javier Muñiz, quien -además- destacó el trabajo realizado en este mes y medio desde su toma de posesión. Asimismo, antes del inicio de la sesión se informo de la ausencia de los exalcaldes, actualmente concejales, Germán Vicente, del PSOE, y Luisa de Paz, del PP, por “motivos personales”.
Aunque a priori parecía una sesión de trámite, al final no lo fue tanto, pues la gran mayoría de los 11 puntos recogidos en el orden del día fueron sometidos a votación. Entre ellos, los más 'escabrosos' o los que más debate propiciaron fueron la modificación de crédito o, más bien, como dijo el concejal de Hacienda y primer teniente de alcalde, José Antonio Pérez Blanco, la acuerdo inicial para la “modificación de las bases del presupuesto de 2015”, vigentes actualmente; y la moción contra la posible amnistía que presentará el Gobierno, si finalmente es investido Pedro Sánchez, de los acusados por la consulta del 1 de octubre de 2017 en Cataluña.
En el primero de esos puntos, el acuerdo adoptado tenía apéndices tras la inclusión de una enmienda presentada por Pérez Blanco para la retroactividad del acuerdo al momento de la entrada en vigor de la ley o toma de posesión de la nueva Corporación. El primero de esos apéndices hacía referencia a la actualización de 0,17 a 0,26 €/Km. del importe que recibirán los miembros de la Corporación por el uso de sus vehículos para asuntos municipales fuera de la localidad, importe que corresponde a lo establecido por el Ministerio de Hacienda en julio pasado. También se modifica lo que percibirán los tenientes de alcalde, así como los concejales sin dedicación, quedando en ambos casos en 90 euros diarios por asistencia a plenos y comisiones. Como explicó el alcalde, si el mismo día un concejal asiste a varias comisiones solo cobra por una los 90 euros, pero si las comisiones o plenos se celebran en distintos días, percibiría 90 euros por cada uno de ellos. En este sentido la gran novedad es que anteriormente se había establecido el pago de 350 euros mensuales a los tenientes de alcalde, como recordó Pérez Blanco. El tercero de los apéndices, el que mayor controversia sembró, hacía referencia a que el Ayuntamiento retendrá el pago por asistencia a plenos y comisiones a aquellos concejales que la legislatura anterior percibieron sueldos por dedicaciones y que fueron anulados y sobre los que pesan sendas sentencias judiciales que obligan a su devolución, acuerdo que afectaría a la exalcaldesa Luisa de Paz y a la concejala popular María José Vicente, que sí estuvo en la sesión y que en este punto debió ausentarse hasta pasada la votación, como hizo Pérez Blanco en un punto anterior y que le competía, pero nadie cayó en este hecho, si bien el acuerdo salió adelante con el voto favorable de los tres concejales del PSOE y los dos de Ciudadanos, pues los tres del PP y el de VOX, se abstuvieron, aunque el portavoz popular hoy, José Antolín Alonso, reiteró que en su opinión se estaba produciendo un “agravio comparativo” ya que este último punto no se podía aplicar a la que hoy no es concejal y también cobró sueldo, refiriéndose a Victoria Rodríguez, como señaló Alonso. Por último, Pérez Blanco reiteró que el acuerdo de este punto únicamente tendría validez en 2023, pues se espera aprobar los presupuestos de 2024 antes de que finalice el año.
En cuanto a la moción sobre la 'amnistía' de los encausados por el 'proces' catalán, el portavoz de Cs, Pérez Blanco, trató de que se incluyese una enmienda por la que pedía de igual modo que la Corporación votase rechazar “cualquier tipo de amnistía, indulto completo o excepción penal o no enjuiciamiento” si procediese a aquellos concejales que conociendo las sentencias que consideraban nulos los acuerdos por los que se establecieron sueldos por dedicaciones parciales y exclusivas, continuaron cobrando en 2023 con incluso reparos de Secretaría, lo que en opinión de Pérez Blanco habrían cometido presuntos delitos de “prevaricación y malversación”, “como los juzgados en en Cataluña”, recordó Pérez Blanco.
Para José Antolín Alonso la enmienda presentada por el portavoz de Cs “no tiene nada que ver con la que presentamos nosotros”, por lo que el PP y VOX rechazaron la enmienda, cuatro votos que resultaron suficientes para aprobar la moción después de que dos concejales de PSOE y Cs se abstuvieran, y contase con tres votos en contra, el de Pérez Blanco y dos del Grupo socialista, “porque es un tema de bares que no compete al Ayuntamiento de Vitigudino”, señaló el concejal Daniel Alonso. En este punto quedó de manifiesto la libertad de voto tanto de los concejales del PSOE como de Cs.
Por seis votos a favor (3 PSOE, 2 Cs y 1 VOX), y tres en contra del PP, se aprobó la contratación de un nuevo abogado tras que el anterior decidiese no continuar con los procesos judiciales abiertos, en este caso la contratación se realiza para los procesos abiertos y que no tienen relación con miembros de la Corporación, tales como el contrato con la empresa De Montes para la gestión del Parque de Bomberos, contrato al que al final la empresa ha renunciado pero sobre el que pesaba una denuncia de la Plataforma de Bomberos de Castilla y León, y que tras el acuerdo con De Montes para su renuncia también ha sido archivada. Por su parte, José Antolín Alonso criticó que se hubiera contratado al letrado Juan Julián Cea, abogado de Pérez Blanco para ejercer una “extorsión institucional” mediante constantes litigios contra el Ayuntamiento, palabras que rechazó Pérez Blanco al señalar que “solo se le ha contratado para los casos pendientes y que no están relacionados con miembros de la Corporación”.
Con seis votos a favor (PSOE, CS y VOX) y tres abstenciones (PP), se aprobó el pago fraccionado en tres años de 73.600 euros reclamados por la Seguridad Social bajo sentencia judicial del Juzgado de lo Social correspondientes a la cotización de una empleada municipal tras que durante el periodo de baja laboral y después declarada incapacidad permanente absoluta, se abonase una cantidad por debajo de la establecida, de acuerdo a la normativa laboral, hasta la edad de jubilación. La controversia en este punto vino porque anterior a esta sentencia conocida de marzo de 2023, en esta misma se hacía referencia a otra de mayo de 2022 y que no fue registrada en el Ayuntamiento, cuestión que Pérez Blanco responsabilizó a la anterior regidora. En su defensa salió Alonso para recordar que “no es la primera vez que desaparecen documentos en el Ayuntamiento”, por lo que pidió a Pérez Blanco que no hiciese “conjeturas”.
El mismo resultado que el anterior tuvo el acuerdo alcanzado con la empresa De Montes para la renuncia a la gestión del Parque de Bomberos. Y cinco votos a favor (3 PSOE, 1 Cs y 1 VOX) y la abstención de los populares fue el resultado de la votación por la que se aprobó que el Ayuntamiento se retira de los contenciosos presentados por Pérez Blanco respecto a la información solicitada sobre el camino de Prado Redondo y acceso a la plataforma Gestiona una vez que dispone de la información y se han impuesto ya las costas. En este punto, Pérez Blanco se ausentó hasta pasada la votación por estar afectado.
Y por unanimidad, se acordó el nombramiento del alcalde, Javier Muñiz, como representante del Ayuntamiento en el consorcio Girsa, encargado de la gestión de residuos en la provincia; las fiestas locales de 2024, que serán 30 y 31 de mayo, jueves y viernes de Corpus; y la tramitación del expediente para ceder finalmente a la Diputación el Parque de Bomberos, expediente que quedó en stand-by en 2022.
También se informó de la decisión de autorizar a Girsa el uso de la planta de transferencia de residuos para la instalación de un contenedor en este espacio, previa solicitud de la Consejería de Agricultura, para la recogida de cadáveres de animales ante la “situación de emergencia provocada por la enfermedad hemorrágica epizoótica” (EHE). A este respecto, el alcalde informó que la recogida de este punto intermedio se realizará cada día por un periodo improrrogable de dos meses, por lo que finalizaría a primeros de diciembre tras el acuerdo alcanzado con la empresa responsable del matadero.
Por su parte, José Antolín Alonso se mostró contrario a esta decisión por los riesgos que conlleva el depósito de cadáveres de animales infectados por la EHE, “aunque sea un solo día”, a lo que el regidor señaló que la decisión se había adoptado con el “propósito de colaborar ante una situación de emergencia, pero ya dijimos que no habría prórroga”. Sobre este asunto, la edil de VOX, Leticia Cuesta, informó que el pasado 18 de octubre la Consejería de Agricultura celebró una reunión con la Plataforma Unión por la Ganadería en la que se acordó eliminar los puntos intermedios de recogida y que se instaría a la empresa encargada de este servicio a aumentar la plantilla para una recogida eficaz y sin demoras.
Una vez que el acuerdo con Unión por la Ganadería fue posterior a la solicitud presentada en el Ayuntamiento, concretamente el 10 de octubre, según confirmó el alcalde, la autorización municipal podría en estos momentos no tener efectos reales, aunque nadie pudo confirmar este hecho.
Por último, en el apartado de preguntas, Pérez Blanco preguntó al alcalde por el cobro adelantado realizado por Regtsa del segundo semestre correspondiente a la recogida de basura, hecho que el alcalde también señaló conocer por algunos vecinos y que tras comprobar el motivo detectó una orden de la Alcaldía del 16 de junio pasado, “cuando nosotros aún no habíamos tomado posesión”, por lo que señaló que “esperaba que hubiera estado aquí Luisa para que lo explicara”. Sobre este asunto, Alonso señaló que “los primeros sorprendidos hemos sido nosotros, incluida Luisa, porque tampoco conocíamos que se hubiera ordenado el cobro”, por lo que sugirió que, en cualquier caso, “se le devuelva a los vecinos los cobrado”, solución que no parece sea fácil en tanto que el cobro no lo realiza directamente el Ayuntamiento.