Estado de emergencia: Italia contra la inmigración

Jorge de Diego Hurtado y María Ruiz Raigón

Defensores de los Derechos Humanos

El ejecutivo de Giorgia Meloni ha decretado un Estado de Emergencia Migratoria ante el desbordamiento de las fronteras italianas. Este instrumento permite a la coalición de derechas tramitar leyes sin pasarlas por el Parlamento italiano y, además, se ha aprobado un presupuesto de 5 millones de euros (que puede alcanzar los 300) para combatir la inmigración. Y sí, hablamos de combatir porque las propuestas y las medidas que se están tomando desde Roma parecen más las de una guerra contra un sector de la población que una ayuda.

Ante los constantes rechazos por parte de Úrsula von Der Leyen de financiar con dinero de la Unión Europea nuevas vallas y muros fronterizos italianos, Meloni ha tomado la iniciativa y el primer paso está siendo la apertura de nuevos centros de repatriación. Se encuentra siguiendo una línea que, a ojos de los expertos, pasa por eliminar de facto la protección humanitaria, y, alineándose (una vez más) con países tales como Hungría o Polonia, Italia retrocede a pasos agigantados en la protección de los derechos humanos.

Es cierto que el repunte de personas que se lanzan al Mediterráneo buscando un futuro mejor se ha disparado. Hasta un 300%. Principalmente, este flujo migratorio del Mediterráneo Central tiene origen en dos países: Túnez y Libia. El primero de ellos atraviesa una profunda crisis económica, y el segundo está, directamente, dividido en dos.

El caso de Libia es de especial relevancia, ya que el tráfico de humanos con dirección a Italia está impulsado por el Grupo Wagner, una organización paramilitar rusa que cuenta con mucha influencia en territorio libio. O al menos eso creen desde Roma. De ser cierto, esta es una maniobra despiadada de Putin, que cree vengarse así de Meloni y los suyos por defender posiciones «pro-ucranianas».

En este conflicto, Meloni y Putin están utilizando las mismas armas, que se alimentan de seres humanos, para intentar herir a su rival. Con el racismo institucional se perjudica siempre al mismo grupo de personas, pero quizá haya una posibilidad de poner fin a este triste contexto. La Unión Europea, se supone, tiene ciertos mecanismos que dan pie a que la inmigración irregular pueda dejar de ser un sector vulnerable. Podemos pensar, por ejemplo, en el Mecanismo de Solidaridad Voluntaria (MSV). Este nació como una buena herramienta para que estados ahogados por períodos de crisis migratorias (como lo es, ahora mismo, Italia) sean ayudados por otros estados de la UE, aceptando regularmente refugiados que provengan de estos países. Sin embargo, podemos hablar de fracaso en la implementación del mismo porque a comienzos de marzo estas «contribuciones solidarias» fueron unas 500, cifra ridícula que no llega ni al 5% de lo que el mecanismo tiene por objetivo.

Otra solución pasa por actualizar el Pacto de Migración y Asilo de la UE, y hacer que este sea mucho más solidario y sepa dar una salida a momentos de crisis. Precisamente en ello han pensado desde el gobierno español, que en su próxima presidencia de la UE pretende lograr esta renovación. Como vemos, existen diversas alternativas que, centradas en la cooperación, pueden tener mucho más en cuenta los derechos humanos.

Por desgracia, pese a las múltiples salidas que se pueden proporcionar al problema mencionado, desde Hermanos de Italia la solución pasa por arrollar a la inmigración, actuando a través de intereses internos, sin tener en cuenta que detrás de sus decisiones se encuentran personas, las cuales están siendo tratadas con una gran deshumanización.