La infame ley anti-LGTBIQ+ de Uganda: penas de muerte por delito de «homosexualidad con agravantes»

David Ezquerro del Poyo

Defensor de los Derechos Humanos

El nuevo proyecto de ley ugandés demuestra una vez más que los derechos y libertades de los ciudadanos siguen estando amenazados, situación que se recrudece para las minorías como el colectivo LGTBIQ+. La condena de la comunidad internacional a cualquier ataque contra los derechos humanos debería ser inmediata y unánime. La cultura y los valores propios de un país no pueden ser una excusa para abusar, excluir y, en última instancia, asesinar a una persona o colectivo por su raza, su sexo o su orientación sexual. Sin embargo, como concluye el comité de expertos de la ONU: «la nueva ley ugandesa no es una excepción y forma parte de una preocupante tendencia a la intolerancia, exacerbando el estigma contra las personas LGTBIQ+ sin ningún fundamento ni prueba».

En Uganda, país que se independizó de la Corona Británica en 1962, todavía prevalece una ley de 1950 que condena con hasta siete años de cárcel a las personas que mantengan relaciones homosexuales. El gobierno ugandés, lejos de reformar el código penal en pro de los derechos humanos, está a punto de aprobar una nueva ley que sentencia incluso a cadena perpetua por los motivos de «intento de homosexualidad» o «promoción de la misma», y que puede suponer la pena de muerte a las personas que cometan delitos de «homosexualidad con agravantes». El proyecto de ley ya ha sido aprobado por más del 70% del parlamento y, ahora, solo queda que sea ratificado por el presidente del país desde 1986, el ultracatólico Yoweri Museveni.

Uganda —ubicada en el puesto 166 de la lista de países por Índice de Desarrollo Humano— ya ha tratado de aprobar medidas en contra del colectivo LGTBIQ+ en décadas pasadas, pero en 2014, el Tribunal Constitucional ugandés anuló los proyectos de ley por falta de quórum parlamentario en su votación. No obstante, la población LGTBIQ+ sufre discriminación diariamente y la grave violación de sus derechos humanos la sitúan entre las peor paradas del mundo. Según un grupo de expertos de la ONU, más de un centenar de personas denunciaron actos de violencia sexual, desalojos forzosos y humillaciones públicas tan solo en febrero de este año. De aprobarse la ley, «las personas LGTBIQ+ vivirán constantemente una situación de temor y estrés por su vida e integridad física por el simple hecho de vivir de acuerdo con su orientación sexual», alertan desde la organización mundial.

La ley viola de manera atroz los derechos humanos, pero también los pactos internacionales firmados por el país: «la imposición de la pena de muerte basada en este tipo de legislación es per se un homicidio arbitrario y una violación del artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos», dictan los expertos de la ONU. Organizaciones y Estados de todo el mundo han denunciado el proyecto de ley y exigen al presidente que vete su aprobación. El director regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral, Tigere Chagutah, alerta de que esta ley profundamente represiva «desprecia la Constitución de Uganda» e «institucionalizará la discriminación, el odio y los prejuicios contra las personas LGTBIQ+ y bloqueará el trabajo legítimo de profesionales de la salud pública, líderes comunitarios y la sociedad civil».

Uganda tiene serios problemas estructurales —como la corrupción sistémica de su sistema de gobierno y de los procesos electorales— que arrastran al país a una situación de infradesarrollo. En un país donde, según el PNUD, la esperanza de vida se sitúa en 62 años y cerca del 42% de sus 48 millones de habitantes viven bajo el umbral de la pobreza, al gobierno de Yoweri Museveni le preocupa más el coito que practican sus ciudadanos y su orientación sexual. «Una de esas prácticas es lo que llaman sexo oral. La boca es para comer, no para el sexo», «si pones la boca ahí, te pueden entrar gusanos en el estómago porque es la dirección incorrecta», llegó a decir el presidente ugandés hace unos años respecto al sexo oral y el sexo anal.

Las libertades básicas de la población ugandesa están en peligro por culpa del gobierno autoritario de Museveni. Oryem Nyeko, investigador de la ONG Human Rights Watch (HRW), denuncia que «una de las características más extremas de este nuevo proyecto de ley es que criminaliza a las personas por ser quienes son, además de restringir aún más los derechos a la privacidad y la libertad de expresión y asociación». Asimismo, el último informe de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en el mundo denuncia que en agosto de 2022 la Oficina Nacional de ONG ugandesa «ordenó el cierre de la agrupación de organizaciones de Minorías Sexuales de Uganda (SMUG, por sus siglas en inglés), dedicada a proteger los derechos de las personas LGTBIQ+» puesto que no estaba inscrita oficialmente como ONG. Sin embargo, fue este mismo organismo el que rechazó la inscripción en el registro alegando que su nombre era «indeseable e irregistrable».

El nuevo proyecto de ley ugandés demuestra una vez más que los derechos y libertades de los ciudadanos siguen estando amenazados, situación que se recrudece para las minorías como el colectivo LGTBIQ+. La condena de la comunidad internacional a cualquier ataque contra los derechos humanos debería ser inmediata y unánime. La cultura y los valores propios de un país no pueden ser una excusa para abusar, excluir y, en última instancia, asesinar a una persona o colectivo por su raza, su sexo o su orientación sexual. Sin embargo, como concluye el comité de expertos de la ONU: «la nueva ley ugandesa no es una excepción y forma parte de una preocupante tendencia a la intolerancia, exacerbando el estigma contra las personas LGTBIQ+ sin ningún fundamento ni prueba».