Un año de invasión rusa en Ucrania: crímenes de guerra por los que todos deben rendir cuentas

Maria Laura Violato

Defensora de Derechos Humanos

Un año después del inicio de la guerra en Ucrania, las fuerzas de seguridad internacionales siguen investigando y buscando soluciones ante los actos cometidos por las milicias y la población en territorio ucraniano. Se pretende analizar la cuestión según el Derecho Internacional, es decir, ese conjunto de normas que, desde el nacimiento del Estado moderno entre los siglos XV y XVII, han empezado a crear las reglas que rigen la comunidad internacional.

A día de hoy, el instrumento más significativo que se ha creado es la Organización de las Naciones Unidas (ONU). De este organismo surgieron varias convenciones, entre ellas, la Carta de la ONU de 1945, la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 y las Convenciones de Ginebra de 1949, que contienen las normas que regulan los motivos, las conductas a seguir y los derechos humanos a proteger durante un conflicto armado. Estas normas no se codificaron con el nacimiento de la ONU y el final de la Segunda Guerra Mundial, sino que tienen, por el contrario, una historia, unas raíces y unas reflexiones filosóficas muy antiguas.

Las convenciones contienen a menudo lo que se denomina derecho consuetudinario, es decir, derecho no escrito caracterizado por la repetición de conductas y la convicción por parte de los Estados de que éstas son las que hay que seguir. En el caso de la conducta en la guerra, las convenciones recogen costumbres que han estado en vigor desde mucho antes que la ONU y cuya formulación procede de la teoría de la «guerra justa»; es decir, principios, reflexiones, valores, comportamientos que pretenden reducir los daños y las víctimas, ya que la guerra es, tristemente, una de las herramientas que tienen los Estados para resolver disputas.

Cuando dos o más Estados se enfrentan en un conflicto armado y no siguen a las normas del derecho internacional pueden ser juzgados y condenados por tribunales de justicia internacional. En particular, la Corte Penal Internacional de La Haya (CPI) es competente para juzgar los crímenes de guerra y la conducta durante las guerras. El Tribunal Internacional de Justicia de la ONU complementa el trabajo de la Corte Penal Internacional juzgando las acciones de todo el país y no del individuo.

En el caso de la guerra de Ucrania, Rusia ha sido culpable de múltiples crímenes, como constatan una investigación de la ONU y la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, es decir, violaciones de los dictados consuetudinarios y convencionales del derecho internacional, entre ellos: el de agresión, que es un crimen que por su gravedad constituye una violación de la Carta de las Naciones Unidas; la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, previsto en el artículo 4(2) de la Carta de la ONU, es deducible del propio derecho consuetudinario; y para algunos también por amenazar con el uso de armas nucleares porque viola acuerdos en el contexto del desarme nuclear; así como innumerables crímenes de guerra sobre el terreno.

Es importante entender qué son los crímenes de guerra: son violaciones del derecho internacional humanitario (convencional o consuetudinario), que prevé la responsabilidad penal individual en virtud del derecho internacional; además, los crímenes de guerra siempre deben tener lugar en un conflicto armado, internacional o no.

Es muy difícil acusar a los responsables de las terribles masacres que han tenido lugar durante este primer año de guerra en Ucrania y, además, las organizaciones que se supone que deben supervisar estos asuntos están bloqueadas. En primer lugar, la ONU sufre una parálisis teniendo en cuenta que Rusia es miembro permanente del Consejo de Seguridad y, por tanto, las resoluciones resultantes están bloqueadas por el propio veto ruso. De hecho, la mayoría de los países de la Asamblea General convocados excepcionalmente en Nueva York para debatir el asunto están de acuerdo en acusar las acciones de Rusia y de su presidente, pero las repercusiones siguen inhibidas.

Los instrumentos judiciales antes mencionados, como la CPI y el Tribunal Internacional de Justicia, se han activado pero con escasos resultados. El problema con la Corte Penal Internacional es que es de tipo arbitral y condiciona la sentencia a la aceptación de un juez, pero es poco probable que Rusia se someta a la sentencia y, por tanto, podría quedar indemne.

A pesar de ello, las sanciones económicas siguen debilitando y aislando a Rusia: no hay que subestimar estos dos elementos, ya que representan la comprobación de la responsabilidad penal y podrían hacer cambiar de opinión al gobierno sobre los planes de acción militar si los oligarcas ven afectados sus activos.

Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, siguen pidiendo a la ONU que permanezcan unidos, que sigan cooperando e investigando para que al final se llegue a condenar los crímenes de Rusia. «La invasión de Rusia ha desencadenado una crisis masiva de derechos humanos, humanitaria y de desplazamiento que tiene todos los visos de ser la peor catástrofe de este tipo de la historia reciente de Europa», son las palabras de Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

Ucrania, como Estado invadido, puede ejercer su derecho de legítima defensa, tanto individual como colectiva, consagrado en el artículo 51 de la Carta de la ONU; puede hacerlo hasta que el Consejo de Seguridad haya adaptado medidas para mantener la paz y la seguridad; pero que, por las razones enumeradas anteriormente, no son fáciles de tomar. El pueblo ucraniano ha utilizado todos los instrumentos a su disposición para luchar contra las milicias rusas hasta el punto de abusar de este derecho. De hecho, en noviembre de 2022, las fuerzas armadas ucranianas han sido demandadas por un presunto crimen de guerra a partir de la difusión de unos vídeos. En concreto, los vídeos muestran la posible ejecución de una decena de soldados rusos. A pesar de las justificaciones ucranianas, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos exige que se investigue sobre el asunto por el hecho que se han recibido «sólidas acusaciones de ejecuciones sumarias de soldados fuera de combate, y varios casos de tortura y malos tratos, cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas de Ucrania» como dice Matilda Bogner, responsable de la Misión de la ONU para los derechos humanos en Ucrania. De hecho, la oficina para los derechos humanos de la ONU confirmó que lo están investigando ya que, como afirma Beth van Schaack, embajadora de EE.UU. para la justicia penal: “«as leyes de la guerra se aplican tanto al Estado agresor como al defensor».

Podemos concluir subrayando lo que ya se ha denunciado: esta guerra es la matriz de una profunda crisis y el escenario de numerosas violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos, en particular. No existe justificación para usar la violencia y violar las normas del combate armado, ni para abusar del derecho a la autodefensa mutilando, torturando o ejecutando a otro ser humano.