La oposición requiere de nuevo al Ayuntamiento de Vitigudino que proceda a recuperar lo abonado por dedicaciones

Los cinco concejales de la oposición en funciones en el Ayuntamiento de Vitigudino, José Antonio Pérez Blanco, portavoz de Cs; los socialistas Javier Muñiz, Germán Vicente y Antonio Vicente; y Leticia Cuesta, de Contigo Somos Democracia, han presentado este viernes un nuevo escrito en el registro municipal por el que requieren al Ayuntamiento que proceda a recuperar lo abonado, a la alcaldesa y a dos de las concejalas del equipo de Gobierno, en concepto de dedicaciones, así como los gastos de Seguridad Social soportados por las arcas municipales y las retenciones practicadas de IRPF del periodo comprendido entre agosto de 2019 y diciembre de 2022. Asimismo, los ediles la oposición, piden de nuevo que se incoe expediente de devolución de lo abonado por los mismos conceptos correspondiente al periodo de enero a mayo de 2023.

Este requerimiento lo argumentan en que el Ayuntamiento de Vitigudino permanece con los presupuestos prorrogados desde 2015 y no existe partida presupuestaria para el abono de estas cantidades, además de no haberse aprobado por el pleno el cobro de estas cantidades por dedicaciones, contraviniendo el Reglamento de Organización Municipal, aún vigente, y en el que únicamente se recogen las cantidades que deben cobrar los miembros de la Corporación por asistencia a plenos, comisiones y órganos colegiados.

Como es conocido, en varias ocasiones el equipo de Gobierno intentó aprobar estas dedicaciones mediante acuerdos plenarios, así como la derogación del ROM, pero fueron anulados por la justicia debido a defectos de forma en las convocatorias o ausencia de información sobre los puntos abordados en las sesiones.

Las cantidades reclamadas por el Ayuntamiento a la alcaldesa y sendas concejalas, correspondientes al periodo de agosto de 2019 a diciembre de 2022, ascienden a 64.835,30 euros, en el caso de Luisa María de Paz Palacios; 38.673,35 euros, a Victoria Rodríguez Martín; y de 38.683,12 euros a María José Vicente Rodríguez.

En declaraciones a este diario, José Antonio Pérez Blanco, portavoz de Ciudadanos, añadía que “esta es la segunda y última vez que haremos este requerimiento mediante procedimiento administrativo, el próximo, en el caso de no llegarse a reponer el dinero en las arcas municipales, lo haremos por la vía penal, porque se están detrayendo fondos municipales de manera totalmente ilegal”.

Por su parte, la alcaldesa en funciones recordaba que “el Ayuntamiento nos ha requerido la devolución y como respuesta hemos iniciado el expediente de Responsabilidad Patrimonial que está en trámite en el Consejo Consultivo y quedan bastantes meses para que termine la tramitación. Se va a ampliar la información y cuando se resuelva seguiremos otras vías, que ellos saben que las hay”.

Asimismo, la regidora recordaba que el Tribunal de Cuentas “ha solicitado las cuentas de los años 2016 y 2017 y el señor Muñiz no nos ha dicho dónde están”, periodo de la anterior legislatura gobernado por el PSOE y en la que Javier Muñiz desempeñaba funciones en la delegación de Hacienda pero sin tener esta Delegación a su cargo de manera oficial. También, la regidora recordaba a Pérez Blanco, respecto a un inmueble de su propiedad con actividad empresarial, que “se le ha pedido una licencia que en el Ayuntamiento no consta y está explotando casi el doble de terreno que tiene declarado”, lo que considera “un agravio comparativo que todos los empresarios tengan en orden sus instalaciones y él no lo tenga. Que se dejen en paz, que las elecciones ya han pasado y estamos pendientes de otra cosa, ya no tienen que hacer propaganda”, concluía.

Solicitud de dictamen al Consejo Consultivo

Cabe recordar que respecto a la devolución de lo cobrado de agosto de 2019 a diciembre de 2022, la alcaldesa y sendas concejalas solicitaron al Consejo Consultivo de Castilla y León un dictamen de Responsabilidad Patrimonial del Ayuntamiento que aún no se ha producido, estando en plazo hasta el 29 de junio. A esta solicitud, el Consejo Consultivo contestaba a mediados de este mes requiriendo al Ayuntamiento a que procediese a la una tramitación ordinaria del procedimiento de responsabilidad patrimonial, lo que comporta un informe de la actual secretaria del Ayuntamiento en el que se pronuncie “sobre la realidad y la causa de los daños y sobre la actuación administrativa que se haya desarrollado o haya podido originarlos, y formular las conclusiones que sean pertinentes sobre ello. En particular, debe analizar los hechos y las vicisitudes que se desprendan del expediente que permitan un conocimiento completo de lo ocurrido y también de las actuaciones realizadas (competencia para realizar la convocatoria, sentido del voto, debates, actuaciones posteriores, etc.).

Además, el Ayuntamiento deberá abrir “trámite de audiencia a todos los interesados, en el que se les ponga de manifiesto el expediente completo, a fin de que, en un plazo no inferior a 10 días ni superior a 15 días, puedan formular alegaciones y presentar los documentos que consideren oportunos”. También, se deberá presentar una “propuesta de resolución debidamente motivada, que incluya, no solo los antecedentes de hecho, sino también los fundamentos jurídicos que motiven la decisión que se proponga adoptar”.

En relación con la designación del concejal delegado para la tramitación, “llama la atención de este Consejo que la propia instrucción del procedimiento se haya realizado por el mismo órgano que, por delegación de la alcaldesa, tiene que resolver”, por lo que “parece razonable que en un Ayuntamiento que cuenta con medios personales suficientes la instrucción de un procedimiento de esta naturaleza, y más en concreto teniendo en cuenta los cargos que ostentan los reclamantes, la instrucción del procedimiento se lleve a cabo por funcionarios del propio Ayuntamiento, y no por el concejal delegado a quien se ha delegado, además, la resolución del procedimiento”.