Derecho a una vivienda digna: un acceso cada vez más complicado

El derecho a una vivienda digna está recogido en la Constitución española; un derecho al que cada vez es más difícil acceder, sobre todo para las personas más vulnerables y los jóvenes: cada vez son más caras, tanto para comprar como para alquilar, la oferta se va reduciendo, suben los tipos de interés y la inflación... Los salmantinos destinan de media un cuarto de sus ingresos mensuales a la compra o alquiler de una casa; nunca ha sido sencillo acceder a una vivienda, pero se va complicando cada vez más sobre todo para las personas con menos ingresos.

Con el objetivo de paliar esta situación hay distintas ayudas al alquiler y a la compra de viviendas para distintos colectivos: jóvenes, familias numerosas, personas con discapacidad y personas en riesgo de exclusión. Para acceder a las mismas se tienen en cuenta una serie de condiciones económicas.

Entre estas, se encuentra las que recoge el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, aprobado en enero de 2022, incluye una ayuda para los jóvenes hasta 35 años para la adquisición de vivienda habitual, una subvención que está gestionada por la Junta de Castilla y León. Para acceder a esta ayuda, los ingresos de la unidad de convivencia deben ser inferiores a 25.200 euros anuales (3 IPREM). También hay que tener en cuenta, que el precio de adquisición debe ser inferior a 120.000 euros. La cuantía de la ayuda tiene un límite, el 20% del precio de la adquisición sin sobrepasar los 10.800 euros.

En cuanto al alquiler, también existen ayudas para facilitar el arrendamiento de una vivienda o una habitación. Entre ellos destacan el plan de los alquileres asequibles o el bono alquiler joven. El plan de los alquileres asequibles está destinado a satisfacer hasta el 40% de la renta mensual, aunque para los mayores de 65 años, esta cuantía aumenta hasta el 50% de la renta mensual. Para poder optar a estas ayudas hay que cumplir con una serie de requisitos. Uno de ellos, que la vivienda debe ser habitual y permanente. También hay límite de ingresos: 3 IPREM; 4 IPREM: familia numerosa general y personas con discapacidad o 5 IPREM: familia numerosa especial y personas con determinados grados de discapacidad. Además hay un límite de la renta al alquiler: el precio máximo del alquiler debe ser de 600 euros mensuales, con carácter general, aunque dependiendo de la ciudad o comunidad en la que se encuentre la vivienda puede ser de 900 euros.

En 2023 se mantiene el bono del alquiler para jóvenes, tanto para habitaciones como para pisos completos. Se trata de una ayuda de 250 euros mensuales, que se puede percibir durante dos años, con una subvención total de 6.000 euros.

Pero también hay que cumplir, como ocurre con la ayuda al alquiler, una serie de requisitos. Entre ellos, que el precio máximo del alquiler debe ser de 600 euros y el de las habitaciones de 300 euros. Los beneficiarios del bono alquiler joven tienen que tener entre 18 y 35 años y además acreditar sus rentas de trabajo y que sus ingresos anuales sean inferiores a 3 veces el IPREM.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que ante la subida de los precios del alquiler, el Gobierno ha puesto un límite del 2% en la subida de los alquileres durante este año. No es una ayuda directa, pero también puede aportar beneficios.

Nueva Ley de Vivienda

Y dentro de todo este marco del mercado inmobiliario y las ayudas, encontramos la reciente Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda, que incluye, entre otras, medidas para aumentar la oferta de vivienda a precios asequibles, evitar que se den situaciones de tensión en el mercado del alquiler y apoyar a los jóvenes y colectivos vulnerables en el acceso a la vivienda; también ofrece a comunidades autónomas y municipios diferentes herramientas que contribuirán a contener o reducir el precio del alquiler y aumentar el parque de vivienda en alquiler social.

Esta ley regula diferentes ámbitos del sector inmobiliario y está muy centrada en la parte del alquiler de inmuebles e incluye medidas para ayudas al acceso a la vivienda, regulación de los desahucios o la limitación de los precios del alquiler en las denominadas ‘zonas tensionadas’, que será en las que el coste medio de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares, así como que el precio de compra o alquiler haya aumentado al menos 3 puntos por encima del IPC en los últimos cinco años.

Para impulsar la vivienda pública, entre otras medidas, la Ley regula los parques públicos de vivienda para evitar operaciones de venta a fondos de inversión, y la vivienda protegida tendrá calificación indefinida de la para garantizar siempre un periodo de, al menos, 30 años.

Entre las novedades de la Ley está la rebaja de los grandes tenedores, hasta ahora era todo el que tuviese 10 o más inmuebles en propiedad, a partir de ahora será el que tenga 5 o más inmuebles en propiedad en zonas tensionadas. Otra de las novedades es que, a partir de 2024, las actualizaciones de los alquileres se limitarán a un máximo del 3% y ya no estarán vinculadas al IPC. En los alquileres, las comisiones de la inmobiliaria las pagará el propietario y no el inquilino y el precio del alquiler no se podrá subir con gastos extra, por ejemplo, si aumenta la cuota de la comunidad.