Los bomberos de la provincia denuncian su “grave” situación laboral y advierten que "está en riesgo la seguridad de los ciudadanos"

“Está en riesgo la seguridad ciudadana de la provincia de Salamanca”. Así lo ha asegurado José Antonio Martín Marcos, bombero de empresa externalizada por la Diputación en el parque de Villares de la Reina, que ha explicado, la “grave” situación laboral que atraviesan los bomberos de la Diputación de Salamanca. Por ese motivo, 20 de ellos han presentado una reclamación a la Corporación provincial para que sean reconocidos como un servicio público esencial; el plazo para resolver es de tres meses, si no, irían al Juzgado.

La Diputación, ha afirmado Martín, “presume en su web de sus bomberos, cuando tiene un servicio externalizado”. Acompañado por distintos compañeros y por Manuela Pérez Nieto, secretaria de Local y Servicios a la Comunidad de UGT, así como el abogado Javier Calzadilla, ha explicado que hay bomberos con distintas antigüedades, desde unos meses hasta más de 25 años, que "hemos sido, junto al resto de parques, los únicos bomberos de la Diputación de Salamanca, por lo que se deduce que esta situación nos compete a todo el personal".

Y es que, ha afirmado, "en la provincia de Salamanca tenemos un problema con los servicios de emergencia, no existe una organización jerárquica del servicio de Bomberos, cabos, sargentos, etc., lo que se traduce en descoordinación dentro de los propios parques y también en acciones con varios parques implicados". El personal de estos parques -Villares, Béjar, Ciudad Rodrigo, Vitigudino...-, ha añadido, es externalizado, interino, personal laboral, voluntarios, etc , "por lo que eso conlleva una descoordinación de los servicios de emergencia, que genera un riesgo de los propios bomberos y si nosotros no podemos trabajar de manera segura, cómo vamos a garantizar la seguridad de los ciudadanos", como ocurrió, por ejemplo, durante el incendio de La Alberca en la pasada Semana Santa.

Además, "otro valor añadido es la gran falta de efectivos con plaza, que se convocan ahora, pero sigue sin cubrir la cuarta parte de las necesidades". De esta manera, ha explicado que se han convocado 26 plazas, es decir, "según ellos, la Diputación solo tiene 26 bomberos, los demás están externalizados o son voluntarios", con lo que, ha insistido, en que "está en riesgo la provincia de Salamanca", porque "con poco personal no se garantiza la seguridad de los ciudadanos”.

Por todo ello, han solicitado que, al ser un servicio esencial, " tenemos que pertenecen la Diputación, tenemos que trabajar de manera unificada". En este sentido, ha hecho alusión al modelo de Valladolid: "Tenemos los mismos parques, el mismo personal, presupuestos similares, etc. En Valladolid todos los bomberos están unificados y son de la administración, no tienen voluntarios ni personal laboral ni interinos". La Diputación de Salamanca, ha añadido, "tiene los medios, el presupuesto y el personal para asumir el servicio, solo es cuestión de voluntad y organizar dicho cambio, regularizar el servicio; remarco, está en riesgo la seguridad ciudadana de la provincia de Salamanca".

En el mismo sentido, Javier Calzadilla, el abogado que representa los intereses de 20 bomberos en la reclamación administrativa que fue presentada el 15 de marzo a la Diputación, ha insistido en que "la seguridad ciudadana en la provincia no garantizada, es un hecho".

"Estos señores están obligados a prestar un servicio con uniformes y con órdenes y distintivos de la Diputación de Salamanca, pero, sin embargo, pertenecen a su empresa privada; sus contratos, nóminas, etc. los gestiona la empresa que la Diputación encomienda, pese a ello, en la web de la Diputación "no se hace mención a que el servicio, al menos de gestión, está externalizado, y esto es una irregularidad, es un servicio público esencial y estos trabajadores son de la Diputación no son de ninguna empresa externa privada, porque presta un servicio público esencial y, por tanto, han de ser reconocidos como tales". Esto es lo que se pide en la reclamación que han presentado y que "confiamos sea estimada por Diputación" y si no es así, será judicialmente.

Por eso, ha insistido, no solamente es la precarización, si no "cómo se pone en riesgo un servicio esencial" como es la prevención de incendios y extinción. Un servicio que "no se limita a la extinción de incendios, si no que va más allá, como a las excarcelaciones en accidentes de tráfico, la actuación en inundaciones, etc". En definitiva, "es un servicio público esencial que sin una determinada organización y sin el reconocimiento de una situación laboral correcta a los trabajadores, no es que sea precario, es que es ilegal y aparte supone una vulneración del derecho de los ciudadanos de la provincia de Salamanca a disponer de un servicio público tan importante como este".