Caciquismo clientelar. ¿Hasta cuando?

Una de las características que históricamente ha ido asociada a la sociedad española es el caciquismo clientelar. Uno de los viajeros románticos ingleses que visitaron nuestro país a mediados del XIX, Richard Ford, en sus libros A Handbook for travellers in Spain y Gatherings from Spain (Un manual para viajeros en España y Encuentros desde España) ya escribía que las causas de todos los males en España estaban provocados por el “mal gobierno” civil y religioso y afirmaba que “en todos los escalones de la Administración había déspotas siempre dispuestos a aceptar sobornos” (citado por Paul Preston en “Un pueblo traicionado”).

Tan sólo con la proclamación de la Segunda República, los políticos elegidos por el pueblo quisieron acabar con los privilegios ancestrales de los poderosos y con la mancha generalizada de corrupción política, económica, administrativa y judicial, de la que, no olvidemos, participaba activamente la Monarquía. Pero, por desgracia, esa ilusión colectiva por el cambio, por el despliegue de los ideales de libertad, igualdad, justicia social, tolerancia, democracia y Estado de Derecho, se vio truncada a sangre y fuego por los militares golpistas que estaban al servicio de los poderosos, quienes fueron los verdaderos autores intelectuales de la generación de la barbarie, tenían que mantener los privilegios como fuera; por las buenas o por las malas.

La tétrica situación política y social mejoró mucho con la llegada de la transición política y la construcción del nuevo Estado Social y Democrático de Derecho en la Constitución de 1978. No obstante, con el paso de los años, la nueva configuración territorial del Estado en Comunidades Autónomas y el mantenimiento en el poder de la derecha en algunas de esas regiones, diputaciones provinciales y ayuntamientos durante décadas y décadas, el caciquismo y las políticas clientelares –algunas administraciones territoriales se han convertido en agencias de colocación para familiares y simpatizantes de los gobernantes de turno- se han instalado de nuevo en las entrañas de nuestra sociedad. Es más, en algunas esferas de gobierno –algo insólito en democracia- la presidencia se transmite de padres a hijos como las propiedades. Ahí tenemos el caso de la Diputación Provincial de Orense, cortijo privado de la saga de los Baltar.

Pero los ejemplos no se quedan sólo ahí. En Salamanca, la Diputación Provincial la retiene la derecha desde hace casi treinta años, lo mismo que el ayuntamiento de la capital; la Junta de Castilla y León, desde hace casi cuatro décadas y la Comunidad de Madrid desde hace casi tres. Y, como tienen mucho miedo de perder por lo que pueda aparecer debajo de las alfombras de las instituciones de gobierno (que consideran de su propiedad), criminalizan a los adversarios políticos de forma despiadada y con argumentos peregrinos empapados en naftalina y en patriotismo de hojalata. Lo mismo hacen en las instituciones de gobierno que no dirigen, manipulando e intoxicando para conseguir engañar a los ciudadanos captando su voto y, de esa manera, darle la vuelta a la tortilla. Mientras tanto, los ciudadanos que vivimos bajo su yugo de gestión, sufrimos la progresiva desaparición de políticas publicas como la sanidad o la educación. Esta semana dos familiares cercanos han sufrido en sus propias carnes el abandono por parte de gobiernos del PP de la atención primaria y las urgencias sanitarias. En el primer caso, en Ávila, la primera de ellas tuvo que esperar 8 horas para que la atendieran y en el segundo caso, en Madrid, la segunda tuvo que esperar 14. Es evidente que las dos comunidades, Castilla y León y Madrid, tienen la sanidad pública “hecha unos zorros”.

Durante la presente semana la derecha política, entregada y servil a los poderosos, ha dado ejemplos muy claros de lo que estamos hablando. Por un lado, la propuesta del gobierno andaluz de legalizar regadíos ilegales que pueden afectar gravemente la supervivencia del parque nacional de Doñana y la acusación, por parte del PP –incluido su líder Feijóo- de partidismo al comisario europeo de Medio Ambiente y de alinearse con las tesis del gobierno español de prohibir la legalización de esos regadíos. ¿Por qué se está criminalizando al comisario europeo de Medio Ambiente por advertir de la ilegalidad de un proyecto al gobierno de Andalucía? El PP andaluz ha llegado incluso a implicar falsamente a un hijo del ministro de agricultura español Luis Planas –que trabaja como asesor de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea- de ser el que ha hecho el informe con el que se ha advertido de ilegalidad al gobierno andaluz. La Comisión Europea ha tenido que salir negando estas falsas acusaciones. ¡Qué bajo está cayendo el PP español!

Por otro lado, hemos conocido también que el presidente de la Diputación de Orense (cargo que, al parecer, se transmite de padres a hijos) ha superado en más de 80 kms/hora la velocidad con la que iba conduciendo –a 215 kmd/hora- su “coche oficial” (aunque lo considere un cortijo de su propiedad, como todo lo público) por una vía interurbana en la que el límite de velocidad es de 120 kms/hora y, por consiguiente, este señor ha podido cometer un delito contra la seguridad vial del artículo 379 del Código penal. A pesar de ello, el PP, incluido su jefe de filas, Feijóo, ha guardado silencio. ¿Se cree el señor Feijóo que los ciudadanos somos imbéciles?

Pues bien, en ese caldo de cultivo del PP gallego es donde se ha formado políticamente Feijóo, quién aspira a ser presidente del gobierno de España. ¿Hasta cuando tenemos que soportar los ciudadanos el caciquismo clientelar que preside las actuaciones de muchas instituciones de gobierno?