Memoria democrática. Necesaria en toda sociedad moderna

Ayer, 14 de abril, se cumplieron 92 años de la proclamación de la Segunda República Española, que fue el primer momento de nuestra historia reciente en el que la ilusión colectiva invadió calles y plazas de ciudades y pueblos, donde intelectuales y personas humildes disfrutaron juntos de la implantación de la llegada de un Estado Social y Democrático de Derecho, potenciando la educación pública, universal y gratuita para todos los niños, con independencia de su procedencia, con la construcción de miles de escuelas en pueblos y aldeas que tenían tasas elevadísimas de analfabetismo, promoviendo una reforma agraria que obligara a las “manos muertas” a entregar la tierra a la población pobre para que la trabajara, tuviera sustento y posibilidades de vida, mejorando los derechos de los trabajadores de toda clase e intentando acabar con los privilegios ancestrales de aristócratas, caciques y grandes hacendados, impulsando los valores de libertad, igualdad, pluralismo, justicia, tolerancia y solidaridad. Y todo ello amparado y avalado después de la proclamación, por unas elecciones a Cortes Constituyentes en las que venció la coalición Republicano Socialista, redactándose una Constitución Republicana ambiciosa y plenamente democrática.

Pero, como sabemos, este periodo democrático y de progreso de la sociedad española fue cercenado por la fuerza y con las armas en el Golpe de Estado perpetrado el 17 de Julio de 1936 por los generales Mola, Sanjurjo y Franco. Se sabe que ya desde marzo, después del triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero del 36, Mola estaba organizando el Golpe de Estado.

Cierto es que en la Guerra Civil provocada por el fallido Golpe de Estado, por los fascistas, se produjeron barbaridades por ambos bandos; pero tampoco es menos cierto que el gobierno republicano de izquierdas, legítimamente constituido por las elecciones de febrero del 36, tenía el deber de defender el ordenamiento democrático y constitucional. Cierto es que durante ese periodo de defensa de la República, se cometieron barbaridades como los asesinatos de Paracuellos del Jarama, en noviembre de 1936 y que condenamos todos. Incluso el entonces director general de prisiones, Melchor Rodríguez, anarquista, intentó defender, incluso poniendo en riesgo su vida, las ejecución de personas del bando franquista encarceladas. La diferencia, es que las víctimas del bando sublevado fueron dignificadas como les corresponde, como seres humanos, nada más terminar la guerra por la dictadura franquista. Los del bando republicano nunca lo fueron y aún hay miles y miles de víctimas enterradas en cunetas y fosas comunes y que no han podido ser ni dignificadas ni homenajeadas por sus familiares. Seamos humanos y comprendamos esta problemática que, por desgracia, muchos sectores de la derecha política y mediática no lo han comprendido aún.

Pero tampoco es menos cierto, y es algo que el bando franquista y su espectro sociológico y mediático no reconocen, que después de la victoria franquista, ni hubo paz, ni piedad, ni perdón con los vencidos, sino ejecuciones sumarísimas, persecución, torturas en las cárceles y exilio de medio millón de españoles que huían del exterminio, la represión y el hambre. Las cifras de la contienda así lo aseguran. Al terminar la guerra había cerca de 300.000 personas en las cárceles y campos de concentración (del ejército republicano, políticos de izquierdas en la República y familiares de los mismos), de los que fueron ejecutados en los años posteriores más de 50.000, aunque algunos historiadores hablan de más de 100.000. Además, a muchas mujeres republicanas presas les quitaron sus hijos para entregárselos a familias acomodadas que no podían tener descendencia. ¡Qué atrocidades!

Para intentar restañar todas esas heridas, nunca reconocidas por los descendientes del bando franquista, el gobierno de Zapatero, primero, y el de Pedro Sánchez, recientemente, aprobaron sendas leyes, la primera conocida como de Memoria Histórica y la segunda de Memoria Democrática, con el objetivo de reparar y reconocer la dignidad de las víctimas de toda forma de violencia intolerante y fanática, porque, como bien dice el preámbulo de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, “la historia no puede construirse desde el olvido y el silenciamiento de los vencidos”. Por ello, uno de los objetivos de esta norma es “el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de pensamiento u opinión, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual”, todo ello durante el periodo comprendido entre el inicio de la Guerra Civil, la dictadura franquista y la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978. En definitiva, de lo que se trata es de ensalzar la defensa de los valores democráticos con el fin de “favorecer la cohesión y la solidaridad”.

Después de los argumentos precedentes, cabe preguntarse lo siguiente: ¿por qué la derecha política y mediática, cerril, arcaica y atrabiliaria, no apoyó esta ley y, es más, el señor “moderado” Feijóo –como así se define él mismo, aunque está demostrando todo lo contrario- dice que la derogará totalmente cuando acceda al poder? ¿Por qué dicen que generará enfrentamiento cuando se ajusta a todas las recomendaciones de las organizaciones internacionales, como Naciones Unidas, sobre víctimas de conflictos bélicos y de regímenes totalitarios y autoritarios?

Aunque la respuesta sea difícil de articular, creo que, en primer lugar, lo hacen porque siguen atados a aquélla España “muerta, hueca y carcomida”, a aquélla que acabó con las libertades y derechos de los ciudadanos conseguidos un 14 de abril de 1931 y, en segundo lugar, porque están radicalmente en contra de las mejoras sociales que articula el gobierno de la nación y lo único que pretenden es acceder al poder a cualquier precio.