No, no son caídos del cielo como un maná. Los beneficios disparatados de las empresas de energía salen del bolsillo de los consumidores, debido a unos precios desorbitados, impuestos en la renovación de los contratos de gas sin consentimiento expreso del ciudadano. Sobre un buen número de hogares y empresas han caído como una bomba las primeras y segundas facturas de gas del invierno. Las ganancias desorbitadas que algunas empresas presentan en el cierre de sus cuentas son a costa de pérdidas generalizadas para muchos.
Los malos augurios para el invierno que está a punto de acabar no se concretaron en una escasez de suministro de energía, como consecuencia de la progresiva disminución de aprovisionamiento de gas, tras la invasión de Ucrania por Rusia y la prolongación de la guerra. Sino que, finalmente, se han concretado en una carestía con subida de precios desbordada, especialmente para aquellos que, por una u otra razón, no estaban acogidos a la tarifa regulada. El mercado libre del gas ha hecho estragos en los bolsillos de la población.
Desde el verano se venía comentando la subida de los precios, pero no se vieron los efectos hasta que llegaron las primeras facturas, allá en enero, de los primeros consumos del gas para luchar contra el frío del invierno. Llegaron en forma de bofetada para aquellos que, por desconocimiento, olvido, por dejarlo para hacerlo otro día, porque pensaron que la diferencia entre tarifas no sería tan abultada, o porque cambiarse al mercado regulado es una odisea, no se pasaron del mercado libre al regulado, cuyo precio establece, trimestralmente, el Gobierno.
Empresas, negocios, comunidades de vecinos y el 70% de los hogares españoles que permanecieron en el mercado libre, con precios variables del gas, han visto y sufrido en sus bolsillos el cómo los precios del gas se multiplicaban por tres, cuatro o cinco veces, con respecto a los precios fijos, generando facturas desorbitadas, difíciles de pagar, cuando no impagables, por haberse elevado hasta un 300% y un 500%. La luz y el gas ya generan más quejas, por parte de los consumidores, que las telecomunicaciones y la banca, ambos sectores tradicionalmente cuestionados en cuanto al servicio prestado.
De todos es sabido lo complejo que viene siendo la interpretación de las facturas del gas y la electricidad. No es de extrañar que muchos consumidores no supieran en qué tipo de tarifa estaban. Tampoco importaba tanto en cuál de ellas se estuviera porque las diferencias en el coste no eran grandes. Pero con el subidón que se ha dado en el mercado libre, solo quien tenga la tarifa regula puede soportar el pago de las facturas de calefacción. Está claro que, en este caso, la ley del libre mercado ha fallado en cuanto a su función principal de autorregularse.
La competencia no ha funcionado. Más bien pareciera que las compañías comercializadoras de energía se hubieran puesto de acuerdo, porque todas han subido los precios de una forma exagerada. Si bien, cada una ha puesto los suyos y sin saber, por parte del consumidor, con base en qué criterios. Se da la circunstancia de que incluso en una misma compañía se han aplicado distintas subidas para según qué consumidores o contratos.
Pero lo más lamentable y que indigna a siete de cada diez hogares españoles que están en la tarifa de mercado libre, ha sido la forma de hacerlo. Muchos ciudadanos no se han enterado hasta que no han recibido la factura. Entre los casos conocidos están aquellos que la compañía dice que se les avisó el cambio de precio en una fecha determinada, coincidiendo con la renovación del contrato. Aviso hecho, en todo caso, por un correo electrónico que bien pudo irse al spam, sin que el consumidor se enterara. Aun cuando la regulación contemple esa forma de comunicar la renovación, no parece lógico ni razonable que se cambien unas condiciones básicas del contrato, como es el precio, sin el consentimiento expreso y firma correspondiente por parte del consumidor.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), utilizando datos del tercer trimestre del 2022, dice en su último boletín del mercado minorista de gas que el mercado regulado contaba a fecha de 31 de septiembre con algo menos de 1,6 millones de clientes, frente a los 6,4 millones que había en aquel momento en el mercado libre. De aquellas fechas para acá, la subida exagerada de los precios del gas en el mercado libre, ha empujado a un millón de hogares a buscar refugio en la tarifa regulada, conocida como TUR, que tiene la reducción del IVA al 5% y limitada la subida del precio de la materia prima.
El caso que nos ocupa deja patente una falta de transparencia de las compañías comercializadoras para con los clientes. Estas deberían avisar del cambio de tarifa mandando una carta clara, concisa, con los incrementos del precio, logrando el visto bueno del cliente, para que este sea consciente del cambio. Estamos ante un problema de transparencia y de comunicación de las compañías con las familias y los empresarios, que genera una situación complicada para los hogares y un negocio extraordinario para las empresas de gas y electricidad con incremento de beneficios del 36% respecto del 2021, en algunos casos.
Bienvenidos sean los beneficios de las empresas, son necesarios para la sostenibilidad de las mismas, así como para el desarrollo económico y social. Pero en aras de una mayor responsabilidad social, las comercializadoras de nergías deberían pensar un poco más en los ciudadanos y en las familias, especialmente cuando se trata de bienes de primera necesidad como es la luz y el gas.
Les dejo con Paco de Lucía Entre dos Aguas:
https://www.youtube.com/watch?v=0o8vszqVL2U
© Francisco Aguadero Fernández, 15 de marzo de 2023
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