Tres años de apagón en la Cañada Real: es hora de mirar a quienes no dejamos ver

Sara Higuera Durán

Defensora de los Derechos Humanos

El entusiasmo por festejar de España supone la atracción turística favorita de todos aquellos que vienen del extranjero a visitarnos. León Benavente, en una de sus canciones, deja caer estas preguntas: «¿a santo de qué tanta fiesta? ¿Por qué se intenta evitar todo lo que molesta?» Como sociedad desarrollada perteneciente al primer mundo, y con miras a introducir inteligencia artificial en la justicia, nos hemos dejado en el camino la inteligencia emocional. Con la novedad de robots (aún solo en China) que dictan sentencias a base de algoritmos, muchos teóricos del sector jurídico se preguntan si ello podría vulnerar el derecho a un juez ordinario (artículo 24 CE). Como seres emocionales con capacidad de razonar, aún nos cuesta sostener la incomodidad. Por ello, nos encanta evadirnos de las emociones catalogadas socialmente como «negativas» celebrándolo todo. Nos encanta mirar y criticar lo que hace el de al lado (en este caso Rusia y Ucrania) sin resolver lo que se mueve dentro de nuestro país.

Hace unos días España anunció el envío de generadores eléctricos a Ucrania, y me sobresalta el recordar que son ya más de tres años los que han pasado desde que comenzaron los primeros cortes de luz en la Cañada Real Galiana. Comenzaba este artículo haciendo referencia a las muchas celebraciones de nuestro país, me pregunto qué puede dar más miedo que la oscuridad cuando eres niño. Son 2.800 menores los que han vivido sin luz parte de la pandemia, fenómenos meteorológicos extremos como Filomena o las numerosas olas de calor en verano y con previsiones de tener que sobrevivir un nuevo invierno sin acceso a una red de electricidad.

Para quien no lo sepa, la Cañada Real era en su origen una vía de trashumancia de ganado, pero a medida que ha transcurrido el tiempo se han ido asentando familias en riesgo de exclusión social repartiéndose a lo largo de 15 km divididos en seis sectores. Siendo el sexto el más polémico, por ser un foco de plantaciones de marihuana (razón que da la Comunidad de Madrid para una vulneración de Derechos Humanos que Amnistía Internacional lleva denunciando desde hace mucho tiempo).

Pero aquí, como estudiante de derecho me pregunto: si personas que malviven en este asentamiento se dedican a cultivar droga, ¿no es labor de jueces y cuerpos de seguridad detener, juzgar y hacer ejecutar la pena? Porque de lo contrario, no solo estamos castigando antes de un proceso (vulnerando el art. 24 CE), sino que estamos vulnerando el derecho a la presunción de inocencia de los presuntos culpables. Y hablando de derechos humanos, ¿dónde quedan los de más de 8.000 personas que viven en este asentamiento? El acceso a la electricidad comprende un elemento esencial de la configuración del derecho a la vivienda, a la salud y educación. Otra vulneración más ante esta situación que el gobierno de España no se digna a mirar. El artículo 47 CE que contempla el derecho a una vivienda digna, conforma un principio rector de la política social y económica, y orienta la labor de los poderes públicos. La formula de un estado democrático social y de derecho es una formula vacía si no se rellena con derechos sociales, y más aún si estos no se cubren.

España es el país que más condenas ha recibido por vulnerar el derecho a la vivienda por parte del Comité de derechos económicos, sociales y culturales de la ONU. Amnistía Internacional ha publicado varios informes que documentan esta violación del derecho a la vivienda por parte de las autoridades españolas. Son numerosos los tratados internacionales que se violan ante la situación que nuestros vecinos de la Cañada Real soportan: Artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos «derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios»; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales lo ratifica en su artículo 11.1; la Carta Social europea que en su artículo 31 establece la obligación de los Estados de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la vivienda; así como la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.

«Están intentando apagar la Cañada Real poquito a poco y pisando el pacto regional que firmaron en el 2017». El objetivo, según Houda (vecina de Cañada Real, presidenta de la Asociación Cultural de Mujeres Tabadol del sector VI), es obligar a la población a marcharse, ya que su terreno es bastante jugoso para las grandes inmobiliarias. Esta realidad incómoda se envuelve de intereses políticos y económicos y se suman al gran estigma social que supone vivir en la Cañada Real. Houda se pregunta «si realmente existen derechos humanos» y alega que se sienten abandonados.

La banda sonora de esta película de terror son las sirenas de ambulancias que inundan las noches de invierno, pues «o te mueres de frio o te mueres intoxicado por gas butano». La única esperanza que tiene esta comunidad es aferrarse a las presiones que los distintos organismos internacionales hacen con la intención de dar solución al problema. Y haciendo una llamada a la Comunidad de Madrid, me gustaría añadir, bajo mi criterio, que ninguna persona con suficientes medios económicos va a un descampado a construirse una chabola sin alcantarillado ni red de aguas fecales, sin servicio de correos que le pueda hacer llegar las comunicaciones, y ahora sin luz. Si van, es por necesidad. Y si emigran de su país de origen porque en el mismo los derechos humanos están mucho peor, ¿qué dice de nosotros que les perpetuemos las condiciones de pobreza y abandono del que huyen?

Está muy bien que desde el poder, bajo pretensiones diplomáticas y políticas, miren las desgracias de otros países mandando suministro de electricidad, pero resulta intolerable que no se suministre a las personas por las que gobiernan. Es hora de que esta situación sea cosa del pasado. Es hora de empezar a sostener ese sentimiento incómodo que emerge al reconocer que no constituimos esa sociedad ejemplar de la que presumimos «ayudando» a otros países. Al menos no en muchos aspectos, y luchar por acercarnos cada día más a ese modelo; mirando hacia dentro.