Intromisión intolerable de una oposición reaccionaria

La gravedad de los hechos que están sucediendo en el Parlamento Español provocados por los partidos ultraconservadores y fascistas de la oposición política, es de tal calibre que algunos ven en esta amenaza uno de los ataques más serios que ha sufrido la joven democracia española en las últimas 4 décadas. La derecha ultra reaccionaria nunca ha reconocido la legitimidad del gobierno de Pedro Sánchez que surgió de las elecciones generales de noviembre de 2019. No sólo no reconocieron la legitimidad al gobierno de la nación sino que, junto a Ciudadanos y Vox le quitaron a los socialistas -que ganaron mayoritariamente también estos comicios- los gobiernos de muchas comunidades autónomas y ayuntamientos en las elecciones de mayo de 2019.

Desde entonces, la derecha política, intoxicada y manejada a su antojo por la derecha cavernaria de Vox, no ha parado en verter acusaciones de ilegitimidad contra el gobierno de Pedro Sánchez y contra el poder legislativo porque la actividad parlamentaria la está reorientando adecuadamente el grupo parlamentario socialista (mayoritario en ambas cámaras legislativas) apoyado por un bloque de diputados que –recordemos- también ha sido elegido por el pueblo, son absolutamente democráticos y profesan ideología que sintoniza con la coalición de gobierno PSOE-UP.

Hasta aquí poco o nada que objetar en la presente legislatura. Además de la dificultad política por no contar con mayoría suficiente, el gobierno actual se ha encontrado una situación social, sanitaria y económica muy preocupante lastrada por las consecuencias de una pandemia que no se producía desde hacía 100 años (la covid-19) y que ha dejado centenares de miles de muertos en todo el mundo, con la guerra de Ucrania y la virulenta escalada de la inflación derivada del elevado precio de los productos energéticos, que, no olvidemos, son de primera necesidad (electricidad, gas y otros carburantes para calefacciones y automoción).

Además de todo ello, la situación de conflictos sociales y territoriales heredados por el actual gobierno e imputables casi exclusivamente a los gobiernos ultra conservadores del PP de M. Rajoy, era máxima; Cataluña se hartó de tantas negativas y desaires del gobierno central hacia los intereses e idiosincrasia catalanes e inició un camino suicida hacia la convocatoria ilegal de varias consultas para separarse del Estado, culminando con la ridícula y esperpéntica declaración unilateral de independencia que ni ellos mismos se creían y que desembocó en una ruptura total entre el gobierno central y el autonómico de la Generalitat. Por otro lado, comenzaron a conocerse gravísimos casos de corrupción política en el seno del PP de los que aún conocemos sólo la punta del iceberg. Ante ello y para protegerse de la posible iniciación de procesos penales contra ellos, comenzaron a controlar al tercer poder del Estado, el Poder Judicial, proponiendo con sus mayorías absolutas a jueces y magistrados cuyo historial profesional estaba ligado de alguna manera a conductas presuntamente corruptas de los gobiernos central, autonómicos y locales dirigidos por miembros del PP. El hoy presidente del TC fue el rector de la Universidad Rey Juan Carlos cuando tuvieron lugar los escándalos de los ficticios masters de Pablo Casado y Cristina Cifuentes. Otro de los miembros del TC designado también a propuesta del PP, Enrique Arnaldo, fue quién acompañó a Pablo Casado y lo presentó y avaló ante el director del Centro de Estudios Superiores Cardenal Cisneros, donde el “intelectual” ex líder del PP aprobó la mitad de las asignaturas de la licenciatura de Derecho en tal sólo 4 meses. ¡Qué portento de estudiante! Y qué decir también de otro de los miembros, Concepción Espejel, cuya conexión con el PP era total y amiguísima de Dolores de Cospedal, quién, como sabemos fue “pillada in fraganti” en audios de conversaciones presuntamente delictivas con el ex comisario Villarejo relacionadas con el caso “kitchen” y la persecución a Pablo Iglesias y Podemos.

Al PP actualmente le vale todo para intentar acceder al gobierno, aunque esté vulnerando gravemente la normativa constitucional. El incumplimiento sistemáticamente más relevante es la negativa del PP a renovar los cargos del CGPJ y del TC como obliga la Carta Magna y siempre lo hace con excusas “de mal pagador” que van cambiando a lo largo del tiempo. Lo hizo Pablo Casado y lo sigue haciendo Feijóo. Lo hizo uno y lo está haciendo el otro porque cada uno de ellos ha sabido que si no siguen fielmente las directrices de quienes verdaderamente “mandan” en el PP, de sus autores intelectuales, serán fulminados de sus puestos.

El PP está acusando sistemáticamente al gobierno de Sánchez de golpista, de amigo de los terroristas, sediciosos e independentistas; cuando el PP es el ejemplo más clamoroso de “golpes de mano”. Recordemos que el anterior presidente de esta formación y candidato a presidente del gobierno, Pablo Casado, accedió a este puesto democráticamente por unas primarias, fue votado por los militantes de su partido. En cambio, esos “autores intelectuales” promovieron un “golpe de mano” contra él porque llegó a ser una figura incómoda para los intereses de la presidenta madrileña Ayuso y, de la noche a la mañana, los conocidos como “barones” del PP dieron el golpe de mano, lo quietaron de en medio y auparon a otra “marioneta” a la que manejan fácilmente, Feijóo. Lo más peculiar de este “golpe de mano” es que quién antes estaba con el anterior jefe de filas, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, es ahora la más fiel seguidora de quién pusieron para dirigir el actual PP. Recordemos que Feijóo es el ejemplo más relevante de jefe político que ha sido nombrado “a dedo” y que no ha sido elegido democráticamente por el pueblo español para ello. Es senador, recordemos, sin haber sido elegido por el pueblo, como también lo es el portavoz en el Senado, Javier Maroto. Ni uno ni otro fueron elegidos por el pueblo como senadores en las elecciones generales. ¿Cómo es posible que luego acusen de gobierno ilegítimo al de Pedro Sánchez si ellos han entrado al Senado por la puerta de atrás?

Y al actual PP de Feijóo, como al anterior de Casado, poco o nada le importan los intereses de España y de los españoles. Cada vez que han intentado atacar al gobierno por sus medidas económicas y de anti crisis, en la situación actual, han fracasado estrepitosamente. ¿Por qué no reconocen que, por ejemplo, las pensiones subirán en 2023 un 8,5 % y los salarios de los empleados públicos es también relevante, habiendo votado siempre en contra de estas medidas económicas, de la llamada “excepción ibérica” en el precio de la electricidad o de las ayudas al transporte, a los jóvenes o a otros sectores económicos? El PP sabe también, por otra parte, que no es bueno electoralmente para ellos que los conflictos territoriales se resuelvan y que la convivencia social sea infinitamente mejor que cuando ellos gobiernan. Por eso les interesa tanto que haya conflictos con Cataluña y que se siga hablando del terrorismo de ETA, que ha desaparecido hace más de una década.

Cuando un partido político centra sus expectativas electorales única y exclusivamente en estos asuntos, cuando sólo se alimenta de la carroña para mejorar su acceso a los gobiernos de las respectivas instituciones, es porque no tiene otros méritos u otras formas de conseguirlo. Es de una bajeza moral y de una pobreza intelectual sin precedentes. Confiemos en el sentido común y la buena fe de la ciudadanía.