La Carta Magna y la derecha política

No es una “fake news” afirmar que muchos líderes de la derecha –no sólo de la ultraderecha- española creen que apoyan sin fisuras nuestra Constitución Española, aprobada por el Parlamento y ratificada por el pueblo español mediante referéndum celebrado hace ahora 44 años, cuando no es cierto.

En primer lugar, porque el partido político conservador fundado por los “siete magníficos” entre los que se encontraba Fraga Iribarne –que fue ministro de varios gobiernos del dictador Franco- Alianza Popular, no apoyó la aprobación de la Constitución con el voto de sus parlamentarios, dado que unos votaron afirmativamente, otros se abstuvieron y un tercer grupo votó en contra.

En segundo lugar, quién ostentó por primera vez el cargo de presidente del gobierno perteneciente al Partido Popular, Aznar, era ferviente detractor de la Carta Magna, escribía artículos en un diario de La Rioja en los que atacaba directamente los postulados constitucionales llegando a afirmar que la aprobación de la Constitución Española y el pacto UCD-PSOE-PCE fraguado para sacar adelante la Carta Magna, fue un “atentado parlamentario”.

No obstante, cuando Aznar llegó al poder en 1996, tuvo que rectificar en muchas promesas que hizo a los sectores más integristas de la sociedad española, sobre todo en los ataques furibundos que hacía a los partidos políticos nacionalistas. Se hizo viral el cambio de estrategia con el famoso lema que tuvieron que tragarse sus ínclitos seguidores, puesto que del “Pujol, enano, habla castellano” que pronunciaban los votantes del PP, se pasó al “Pujol, guaperas, habla como quieras”.

Durante esos años de acercamiento a los nacionalismos vasco y catalán, son célebres las entrevistas en las que Aznar denominaba a la banda terrorista ETA como Movimiento Vasco de Liberación Nacional (MVLN) –curiosamente la misma denominación que utilizaba el entorno de ETA- o en las que afirmaba que “la independencia vasca es legítima si no se impone por la fuerza” –esto último dicho ya en la siguiente legislatura 2000-2004 en la que tenía mayoría absoluta el PP-; incluso Aznar se sentía atraído políticamente por los intelectuales de la Segunda República. Cuando presentó el libro “Manuel Azaña. Diarios 1932-1933. Los cuadernos robados”, admiraba la figura del presidente de la Segunda República, incluso pronunció una frase suya muy célebre como un consejo muy válido para los que gobiernan: “Procurar que la acción de Gobierno no se deje sesgar por los climas ni por los titulares de los periódicos, que a veces pueden ser muy veleidosos”. También destacaba Aznar que a Azaña “la política como espectáculo, como diríamos hoy, no le interesa, como dice con expresión fuerte, le revienta”.

Grandes consejos, sí señor, sobre todo para Feijóo, Ayuso y toda la oposición ultramontana actual –incluso para el mismo Aznar de hoy, que ofreció otra cara gobernando en su primera legislatura en la que tuvo que apoyarse en los nacionalistas para gobernar- que, aupada por los medios de comunicación más reaccionarios de este país, manipulan, insultan, vocean y procuran desviar las acciones económicas positivas del gobierno de Sánchez con acusaciones extravagantes y atrabiliarias de ser cómplice de ETA, de romper España y de querer imponer una “republica bolivariana”, como ataca sistemática y despiadadamente Ayuso e incluso intentan transmitir que los datos económicos que publica el gobierno son falsos, como la favorable evolución de las tasas del desempleo en los últimos meses promovidos por una reforma laboral a la que se opuso frontalmente el PP y que se aprobó porque un incauto diputado e ignorante político del PP, Alberto Casero, se equivocó al pulsar el botón del voto. Y todas estas acciones esperpénticas, además, las hacen sin complejos y jaleados por sus hooligans. ¿Por qué no practica el PP esa “política sin bajezas” que tanto decía admirar Aznar de Azaña? –decía, pero no lo sentía-.

Y, en tercer lugar y para finalizar, en la actualidad el PP se cree totalmente identificado con el “patriotismo constitucional”; ahora bien, el que a ellos les interesa, porque no son muy partidarios de un “sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”, previsto en el artículo 31, puesto que no quieren que los que más tienen contribuyan más al sostenimiento de los gastos públicos, rechazan los impuestos a las grandes fortunas. Tampoco son muy partidarios de “velar por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, artículo 45, puesto que Ayuso manifiesta sin rubor que el medio ambiente y la emergencia climática es cosa de progres y “oculta una agenda comunista”. Por su parte, el PP tampoco está muy de acuerdo con el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y de la obligación que tienen los poderes públicos de promover las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho, artículo 47, puesto que el PP y la derecha cavernaria se oponen siempre a una regulación legal del precio de los alquileres, acusando de ser políticas de “dictaduras comunistas y bolivarianas”. De igual modo, el PP tampoco disfruta demasiado con la garantía de una sanidad pública para todos los ciudadanos, como se recoge en los artículos 41 y 43, porque en algunas comunidades autónomas, como Madrid, llevan lustros privatizando la sanidad para que los empresarios que se dedican al sector puedan lucrarse con un servicio que debería se público y universal para todos los ciudadanos. Lo mismo ocurre con la educación, porque, como sabemos, Ayuso también concede becas a alumnos de la escuela privada cuyas rentas familiares superan los 100.000 euros anuales.

Y qué decir de la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional que lleva años atascada por la cerrazón de los líderes del PP, primero Casado y ahora Feijóo. Incumplen también, por consiguiente, los artículos 122 y 159. Y lo hacen porque quieren controlar al Poder Judicial, saben que tienen muchos casos de corrupción pendientes de sustanciar judicialmente y no están dispuestos a que algún tribunal llegue a condenar al PP como persona jurídica por presuntas financiaciones ilegales u otras corruptelas, como podría ocurrirle al PP de Salamanca, que está investigado -lo que antes se denominaba “imputado”- por unos hechos presuntamente delictivos cometidos en 2017 en las primarias en las que salió elegido “de una forma presuntamente fraudulenta” quién actualmente es el presidente de la Comunidad de Castilla y León, Fernández Mañueco.

¿Para qué vamos a hablar de estas miserias de su partido, señor Feijóo?. Es mejor bombardear a la opinión pública para desviar la atención, con la posible reforma del delito de sedición, otorga más rédito electoral en sectores integristas y reaccionarios, levanta las más bajas pasiones y es una clara manifestación de lo que Azaña denostaba, esa política utilizada “como espectáculo” según palabras de Aznar y no de una “política sin bajezas” como debería ser el ejercicio de la política en un Estado Social y Democrático de Derecho serio y cohesionado que intenta garantizar los jirones de la convivencia.