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Derechos humanos: mucho que mejorar en Asia y Oceanía
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Recientemente Amnistía Internacional ha publicado su informe anual sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo durante el transcurso de 2021 y 2022.

Derechos humanos: mucho que mejorar en Asia y Oceanía

Actualizado 06/12/2022 09:14
Marcelino García

Tres son los casos que el informe destaca por encima de los demás. Myanmar, donde en febrero de 2021 se produjo un golpe de Estado que ha ido seguido de una fuerte represión por parte del ejército. Afganistán, donde la toma del poder de los talibanes ha traído consigo crímenes de guerra y recortes gravísimos en los derechos de mujeres y niñas. Y China, donde más allá del continuo detrimento de las libertades civiles se produjeron crímenes de lesa humanidad contra los musulmanes de la región de Xinjiang.

Autor: Sergio Márquez Fernández. Defensor de los derechos humanos.

Este informe resume cada año qué sucede en el mundo en materia de derechos humanos y cuenta con un importante reconocimiento mundial dada la exhaustiva labor investigadora por la que se caracteriza esta organización. El documento, además de incidir en la situación concreta de cada uno de los países, también ofrece perspectivas acerca de cada una de las regiones del mundo. Entre ellas se encuentra Asia y Oceanía, una región especialmente importante en nuestros días visto el potencial desarrollo que ha experimentado y que se prevé va a experimentar en las siguientes décadas. Sin embargo, a pesar del veloz despegue económico, a esta zona del mundo le falta mucho por mejorar en cuestión de derechos humanos.

Tres son los casos que el informe destaca por encima de los demás. Myanmar, donde en febrero de 2021 se produjo un golpe de Estado que ha ido seguido de una fuerte represión por parte del ejército. Afganistán, donde la toma del poder de los talibanes ha traído consigo crímenes de guerra y recortes gravísimos en los derechos de mujeres y niñas. Y China, donde más allá del continuo detrimento de las libertades civiles se produjeron crímenes de lesa humanidad contra los musulmanes de la región de Xinjiang.

Además, la pandemia del COVID-19 ha sido un pretexto añadido para sumar una mayor represión de derechos humanos con leyes que penalizan las noticias falsas pero cuya verdadera aplicación recorta enormemente la libertad de expresión, la crítica y la protesta. Los periodistas se han visto muy perjudicados, siendo muchos de ellos censurados o castigados a consecuencia de estas leyes. Lo mismo ha sucedido con los opositores y manifestantes, a quienes se les ha impedido en muchos casos llevar a cabo su labor. Tal es el caso de Singapur, Camboya, China o Pakistán donde el acceso a la información y el control de los medios de comunicación e Internet ha sido tomado por los respectivos gobiernos. Más aún en Afganistán y Myanmar, donde toda protesta, activismo u oposición ha sido silenciada desde el cambio de gobierno. Todo ello por no hablar de Corea del Norte, donde como ya venía sucediendo desde más atrás se condena a campos de trabajo a cualquier persona que pueda suponer una amenaza para el régimen político de Kim Jong-Un.

Muchos gobiernos siguen sin contar con las infraestructuras ni la preparación sanitaria suficiente como para responder a las necesidades de la pandemia. No solo por la escasa financiación del sector sanitario, sino también por la corrupción que en muchos casos subyace a la gestión del mismo, como sucedió en India y Filipinas cuya falta de transparencia impidió determinar la causa de determinadas irregularidades detectadas en torno a los fondos destinados al combate de la pandemia. Peor aún fue en Afganistán y Myanmar donde la crisis política cambió el foco de atención generando una mayor fragilidad en el sistema sanitario. La campaña de vacunación contó igualmente con insuficiencias, bien por falta de información como en el caso de Papúa Nueva Guinea (donde tan solo el 3% de sus habitantes se vacunaron) o bien por la orientación de las políticas gubernamentales, como en Corea del Norte, donde se negó la existencia de contagios llegando a rechazar las dosis que el mecanismo COVAX ofreció. De forma más generalizada, muchos países llevaron a cabo medidas de confinamiento lo suficientemente duras como para socavar la salud pública y la alimentación de su población, que no podía salir a buscar recursos para subsistir.

Entre la situación política y la sanitaria de algunos de estos países, muchos ciudadanos salieron a las calles para reivindicar sus derechos, siendo contestados con fuerza militar. En Myanmar, donde la represión fue más dura, murieron 1.400 manifestantes a lo largo del año pasado. Esta represión no solo se focalizó contra los manifestantes, sino también contra las ONGs y defensores de los derechos humanos. Estos fueron blanco de persecución, homicidio y encarcelamiento en diversos países. Bangladesh, Camboya, India, Indonesia, Malasia, Mongolia, Nepal, Singapur, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam optaron por amenazarlos y procesarlos; China, Afganistán y Filipinas directamente autorizaron su persecución, tortura y asesinato.

Las mujeres y las niñas han sido de los colectivos más afectados por la situación en la región. Al no contar con asistencia social adecuada, han seguido siendo víctimas del trabajo precario, la falta de libertades y la violencia sexual. Para estas la peor de las situaciones se encuentra bajo el gobierno talibán, que ha impedido a las mujeres conducir, decidir sin el permiso de sus maridos, ir a la escuela y trabajar en determinados cargos como periodistas o juezas. Más crudo es el trato hacia el colectivo LGTBI, que en diversos países como Malasia o China han sido castigados con campos de rehabilitación, “limpieza” o limpieza de la escena pública. De nuevo los talibanes se llevan la palma en este sentido al negar respeto alguno a los derechos de este colectivo.

Otros afectados son los refugiados, las personas obligadas a cruzar ilegalmente la frontera a países vecinos como solicitantes de asilo. Estas oleadas migratorias han salido especialmente de Afganistán y Myanmar. En agosto se pudo ver la imagen del aeropuerto de Kabul saturado de afganos que buscaban refugio en Irán o Pakistán ante la nueva situación política. Muchas de aquellas personas que no fueron devueltas constatan haber sufrido reclusiones prolongadas y malos tratos en países como Japón, Australia o Nueva Zelanda. Es por esto que, en su informe, Amnistía Internacional solicitó a los gobiernos de todo el mundo abstenerse de devolver a ninguna persona a Afganistán ni a Myanmar, donde no puede asegurarse su protección.

En todo este cómputo de vulneraciones Amnistía pudo enumerar una cantidad realmente considerable de crímenes internacionales, destacando los de lesa humanidad en el gobierno chino, proclive a los encarcelamientos, a la tortura y a las persecuciones, los de guerra en el nuevo gobierno afgano o la dura represión militar llevada a cabo contra la población civil en Myanmar. Además, en estos 3 casos se vieron afectadas de manera especial determinadas etnias concretas. Cabe añadir el espantoso dato de que la tortura es uno de los crímenes más tasados en la investigación de Amnistía, señalando casos como los ya mencionados Myanmar y China u otros como Nepal, donde esta práctica se emplea para “obtener confesiones durante la detención previa al juicio”. Más bizarro resulta el dato de que la gran mayoría de estas violaciones siguen impunes y lo serán mientras los mecanismos de justicia, tanto nacionales como internacionales, no opten por la imparcialidad y la proactividad.

Sin duda, por muy positivas que sean las cifras económicas de esta región, no cabe duda de que Asia y Oceanía son regiones con importantes carencias. Con suerte, o más bien con esfuerzo de los mecanismos de cooperación internacional, en futuros informes podrán leerse datos más esperanzadores que los que nos arrojó 2021.

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