Memoria histórica, ¿una asignatura pendiente en España?

El enfrentamiento entre fascismo y democracia que se produjo en nuestro país a partir de 1936 trajo consigo alrededor de 114.000 desaparecidos, asesinados y enterrados en las cunetas y montes; no en vano somos el segundo país del mundo, detrás de Camboya, con mayor número de víctimas en esta situación. El final de la Guerra Civil vino acompañado de una dictadura que duró cuarenta años, tiempo durante el cual se cometieron otros delitos como el robo de bebés a madres presas. Se calcula en un número aproximado de 30.000 la existencia de campos de trabajo forzado, además de las detenciones arbitrarias y muertes en las comisarías del régimen.

Con el inicio del presente siglo, la casi inexistente investigación sobre el paradero de los desaparecidos en nuestro país llevó a una parte de sus familiares, sus hijos pero también sus nietos, a intentar recuperar los restos de sus padres o abuelos asesinados. La importancia social que fue adquiriendo este movimiento llevó a la aprobación de la primera ley de Memoria Histórica en 2007, totalmente insuficiente ya que no abordaba la responsabilidad del Estado para recuperar los cuerpos de compatriotas que habían luchado, en su momento, por la defensa de la democracia en España. La nueva Ley de Memoria Democrática aprobada recientemente supone un avance indudable respecto a la de 2007: el Estado asume la responsabilidad de las exhumaciones y declara la nulidad de las sentencias dictadas en el marco de juicios manifiestamente injustos.

La ONU, en relación a las víctimas de crímenes contra la humanidad, exige Justicia, Verdad y Reparación. Analicemos cada uno de estos elementos. En relación a la Justicia, a pesar de que la reciente Ley de Memoria establece que la Ley de Amnistía de 1977 debe ser interpretada conforme a los Tratados Internacionales, lo cual no deja de ser una obviedad, debería haber ido más allá para resolver los obstáculos legales que impiden que se investiguen y juzguen los crímenes cometidos. Por otro lado se dejan a la iniciativa de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos la iniciativa para realizar dichas exhumaciones, encontrándonos con actuaciones positivas y otras obstaculizadoras.

Respecto al principio de Verdad, la Ley crea una comisión para esclarecer las violaciones de derechos humanos, pero se queda corta en su mandato, ya que una verdadera comisión de la verdad debería, entre otras cuestiones, identificar a los perpetradores y a las víctimas dando un relato tanto individual como colectivo de cómo se cometieron las vulneraciones de derechos humanos. Parece apostar por un derecho a la verdad vinculado al ámbito académico.

En relación a la reparación, se suele alegar que a lo largo de las últimas décadas el Estado indemnizó con más de 21.000 millones de euros a unas 608.000 víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Sin embargo, este esfuerzo económico se realizó en su momento desligándolo de las violaciones de derechos humanos que lo motivaron, sin que el Estado efectuase un reconocimiento expreso. Un intento de reparación y compensación que se otorga al mismo tiempo que se niega el acceso a las víctimas a las investigaciones judiciales y el esclarecimiento de los hechos, como ha ocurrido, está lejos de lo que exigen los estándares internacionales.

Por último, en la ley no se habla de impartir formación a la judicatura, Fuerzas Armadas o a las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado. En cualquier caso es clave que el nuevo currículo de Historia de Bachillerato denomine golpe de estado al levantamiento de 1936. La educación es la garantía de no repetir y prevenir que estas violaciones de derechos humanos no vuelvan a ocurrir ni sean toleradas.

Jesús Piñuela

Activista por los Derechos Humanos