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La Ley que unifica los delitos y que provoca diversas interpretaciones entre los jueces
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La Ley que unifica los delitos y que provoca diversas interpretaciones entre los jueces

LOCAL
Actualizado 28/11/2022 22:47
Redacción

La nueva norma aumenta las penas y considera agresión cualquier delito sexual

Aumentan las denuncias por delitos sexuales y por tanto los condenados. La mayor concienciación social y los cambios en las leyes hacen que esta tendencia vaya en aumento y las víctimas estén más dispuestas.

Delitos sexuales existen de mucho tipos; entre ellos, las agresiones y los abusos sexuales, que ahora se han unificado en un único delito dentro de la nueva Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como ley del 'sólo sí es sí'.

Una nueva Ley que está en vigor desde este pasado 7 de octubre y que no ha tenido incidencia en la cifra de condenas, aunque está generado polémica por la revisión de condenas y por recalcular a la baja algunas de esas penas. Una polémica que, según algunos juristas, no debería de darse, ya que siempre hay que favorecer a la víctima y no al reo. Pero a la hora de interpretar la Ley, las audiencias, y por tanto los jueces, no se están poniendo de acuerdo.

De esta manera, según recoge Europa Press, al menos una decena de audiencias provinciales ya se han pronunciado a favor de aplicar revisiones de condenas de agresores sexuales el criterio más favorable al reo, lo que contrasta con el criterio marcado por el fiscal general del Estado para que no se modifiquen penas cuando puedan ser impuestas con el nuevo marco penal, un criterio que evitaría una rebaja "automática" de condenas. Las audiencias provinciales de Madrid, Murcia, Almería, Valladolid, Vizcaya, Granada, Córdoba, Málaga, Zaragoza y Alicante coinciden en seguir apostando por rebajas de penas para ajustarlas al nuevo marco legal y han comenzado a revisar de oficio sentencias para ver si procede o no realizar una revisión. Frente a estas decisiones, están audiencias como la de Navarra, La Rioja o Las Palmas, en la línea de la Fiscalía General.

La nueva Ley aumenta las penas, pero el problema de interpretación se da porque ya no hay distinción entre agresión sexual y abuso, si no que se unifica; es decir, independientemente de si hay violencia o intimidación, la nueva ley considera que todo acto sexual donde no haya consentimiento expreso es una agresión sexual.

La nueva norma acaba con el abuso sexual, pero no con su castigo, ya que aumenta la pena respecto al anterior Código Penal, que era de uno a tres años de cárcel o multa de 18 a 24 meses; ahora es entre uno y cuatro años de prisión.

Lo que hace la ley del ‘sólo sí es sí’ es identificar cualquier delito sexual como agresión sexual para que una violación no fuera considerada como una agresión sexual sino como un abuso sexual, que se castigaba con menos pena. De hecho, el anterior Código Penal obligaba a la víctima a tener que demostrar que no se había resistido y no bastaba que no hubiera dado su consentimiento.

Las penas se están rebajando porque se ha aumentado la horquilla de penas al considerar todos los delitos sexuales como agresiones sexuales, tanto las penas más altas (algunas han subido) como las más bajas (algunas han bajado). Es decir, la mínima de agresión sexual, que antes era seis años, ahora es de cuatro, porque se incluye lo que antes era abuso. Lo que hace la ley, para no quedarse corta en el castigo, es incluir una serie de agravantes para cada caso.

El problema se está dando cuando, al rebajarse algunas de las penas mínimas, algunos jueces han entendido que tienen que aplicar automáticamente el principio básico en el Derecho Penal sobre la retroactividad de la ley más favorable al condenado. O sea, que si hay una ley que castiga con menor pena un mismo delito, se aplica la ley menos dura.

La solución a la polémica pasa por que el Tribunal Supremo y la Fiscalía General del Estado fijen un criterio único para aplicar esta ley. Esta última ya lo ha hecho, falta el TS. Y si se mantiene el criterio de rebaja de penas, habría que reformar la Ley para que no haya lugar a estas interpretaciones y evitar nuevas rebajas.

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