Juzgue usted, estimado lector

Mi artículo de opinión trata hoy de un tema mínimo; mínimo comparado con los graves problemas que nos rodean y nos conciernen a todos: guerras, aumentos de los precios de los productos necesarios, crisis grave en el sistema público sanitario de nuestro país, etc.

Pero no hablo de una anécdota personal, en cuanto personal, sino de la relación de una institución local, un ayuntamiento, con un ciudadano; no es pues un asunto individual, sino colectivo; lo que describo, con seguridad le ha pasado a cientos de ciudadanos, en muchos lugares de nuestra geografía: por eso es un tema de interés público. Puede seguir pasando mañana, con gran probabilidad. Y eso es, a la vez, lo que lo hace significativo a la hora de percibir cómo funcionan, con qué nivel de eficacia y democracia, nuestras instituciones. El nivel de bienestar y felicidad de los ciudadanos de un país se mide no solo por la “renta per cápita”, sino sobre todo por un conjunto de “pequeños detalles” que generan o no sentimientos de confianza en las instituciones, seguridad en los servicios públicos, tranquilidad ante la honradez y eficacia en los empleados públicos y en las empresas privadas.

Vayamos a los hechos de esta significativa anécdota: En los primeros días del pasado mes de agosto, fui a pasar un día a Candás ( Asturias) a visitar a unos amigos y a conocer la villa marinera. Cuando estábamos esperando el semáforo en rojo previo al paso al aparcamiento público del puerto de Candás, un guardia municipal nos señaló que “ya podíamos pasar, pues había sitios libres para aparcar”. Así hicimos y efectivamente vimos varias plazas libres; elegimos una de ellas. Estuvimos una hora comprando alguna conserva en una feria con casetas en ese mismo espacio y tomando algún refresco mientras charlábamos y ¡cuál sería nuestra sorpresa cuando, a la vuelta, al recoger el coche situado a unos metros de donde estábamos, vimos un papel que parecía una multa de tráfico, por aparcamiento indebido, en el que no se distinguía ni una palabra.

Comprobamos que la mayoría de los coches ( ¿o todos?) aparcados a nuestro alrededor, tenían el mismo papel, supuestamente, una multa. Antes de salir buscamos dónde podría haber una señal de Prohibido aparcar y no vimos ninguna, en ningún sitio. Comprobamos que un cartel de papel estaba plegado por el medio ( seguramente por el fuerte viento de ese día), en el que, desplegado, informaba que en ese carril estaba prohibido aparcar, pues estaba reservado para…etc.

Al salir del aparcamiento otra guardia municipal a la que pregunté por la prohibición, la multa ilegible y la cuantía de la misma, me informó de que eran 200 euros de multa, y que la señal de prohibido estaba clara, pero que si presentaba un recurso contra la sanción no podría beneficiarme del 50% de descuento.

Escribí el recurso y lo presenté en la oficina adecuada. Siempre me había parecido curiosa esa rebaja automática de sanciones de tráfico, si se paga “sin rechistar”. Como si fuera imposible objetivar cuándo alguien no respeta una norma o ley y me sigue escandalizando, desde el punto de vista democrático, cómo se sanciona al que con respeto y formas pone alguna objeción.

Al cabo de tres meses recibí carta certificada con la información de que no se había considerado mis objeciones y que debería pagar ya la multa: ¡ antes de los siete días que Correos da de plazo para ir a recoger una carta certificada, el dinero, con un 28% de aumento, había sido ya descontado de mi cuenta bancaria!

Todos los detalles del proceso confluyen en la impresión de que enriquecer las arcas municipales es el único interés en el ordenamiento del tráfico del Ayuntamiento de Candás. Y tal intensidad tiene ese interés, que el ciudadano visitante tiene claro que en Candás “cierra el pico y menos perderás”.

Mi objeción a la multa no fue, ni es, negar que hubiera en algún sitio una prohibición de estacionar, sino que NO SE HABÍA EJECUTADO CORRECTAMENTE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR de dicha prohibición, pues estaba oculta.

Otra variante de la ley Mordaza.