Oliver y la burocracia

El niño de dos años Oliver Romero, hijo de Lena y de Alejandro, malagueño, instructor de buceo en Cancún (México), estará llegando a Barcelona en un avión medicalizado cedido por un empresario español anónimo –“tú no te preocupes por el dinero, debió decirle al padre”-, después de un par de días de retraso a causa, al parecer, de la burocracia aeroportuaria. Esta vez los impedimentos burocráticos han desaparecido pronto, por ser un caso especial que ha conmovido los sentimientos de todos, al tratarse de un niño tan pequeño y de la relevancia mediática que ha adquirido.

Pero no siempre la burocracia da a torcer su brazo tan pronto. Para que nadie me acuse de ácrata, diré en primer lugar que una cierta burocracia es necesaria para asegurar, en lo posible, que se cumplen las leyes y que se hacen las cosas bien, sin perjudicar a terceros.

Desde el Imperio Romano, pero mucho más en la Edad Moderna, cuando el Estado se erigió en la clave de la vida social, económica, cultural y política, la burocracia se ha adueñado de todos los aspectos de la vida. El paraíso de la burocracia ha sido y es los sistemas totalitarios, pero la tendencia de la burocracia a abarcar todos los aspectos de la vida, incluidos los datos personales, a pesar de la Ley que intenta protegerlos, se hace cada vez más asfixiante en todas las sociedades y en todos los sistemas políticos. Y - ¡muy importante! - también en las grandes empresas y corporaciones. Pensemos en “la letra pequeña” de cualquier contrato comercial en el ámbito bancario o de las empresas proveedoras de telefonía y de internet.

La burocracia se está adueñando de tal manera de nuestra vida que está generando estrés en cantidades industriales y hace acumular pérdidas económicas muy grandes a emprendedores y ciudadanos de a pie, sin distinción de clase social. De tal manera que puede encarecer grandemente la vida y socavar la salud física y psicológica de los ciudadanos, solo por la acumulación de los retrasos, aparentemente irracional y, desde luego, carente de sentido común, si es que el sentido común es todavía un valor que cotice en Bolsa, que lo dudo.

Podría traer a colación mil ejemplos, pero me limitaré a tres:

Un empresario de hostelería, dueño de varios negocios, reforma un grande y viejo local sito en una calle muy céntrica, pide todos los permisos, paga todas las tasas, compra toda la maquinaria y el mobiliario y monta un bonito y acogedor bar –los bares son una pieza clave en nuestra convivencia-. Durante un año lo limpia frecuentemente, lo mantiene impoluto de cara al público –se ve muy bien tras los cristales-, pero permanece cerrado durante todo ese largo año a la espera del permiso de apertura.

A un ciudadano que conozco muy bien le llegó el año pasado un requerimiento municipal embargándole su coche. En el plazo de pocos días debía entregar el coche y todas las llaves que tuviera de él, incluidas las de repuesto. La cosa debía provenir de una multa, consecuencia de una sanción de tráfico de la que no llegó ningún aviso ni comunicación oficial al propietario del vehículo. En el requerimiento municipal decía que “no conociéndosele ningún otro bien”, se le embargaba el coche. El Ayuntamiento, como todas las Administraciones, tienen sistemas informáticos cada vez más sofisticados que pueden cruzar datos con un clic y enterarse ipso facto de los bienes, pocos o muchos, del ciudadano en cuestión. Pues, señor, como si fuera un cuento antiguo, resulta que el Ayuntamiento no conocía que ese ciudadano tenía domiciliado, desde hace lustros, no años, sino lustros, el pago del IBI de una vivienda que, naturalmente, era un bien de su propiedad; también tenía los datos de la cuenta corriente del ciudadano pues en ella estaban domiciliados, además del susodicho IBI, también otros impuestos o tasas relacionados con el Ayuntamiento, como el de Circulación o la tasa de basuras. Pero estaba claro: “no conociéndosele ningún otro bien” …

Otro caso: sufre Vd. un accidente en un inmueble de su propiedad, parte de él se derrumba y perjudica a los inmuebles vecinos; por fortuna no hay ningún daño personal. El Ayuntamiento, con toda urgencia, obliga a empezar a arreglar el desaguisado en el plazo de cinco días hábiles. Un abogado se dedica por entero a resolver el problema, es lo que hace cada día desde primera hora de la mañana; los Servicios Municipales colaboran también activamente para que todo se resuelva con bien y pronto. Pero los pasos burocráticos, por más prisa que el abogado se dé, son los que son y se consigue el permiso para empezar las obras de desescombro y rehabilitación… a los 46 días, gracias a los procedimientos de urgencia, no es broma, puestos en marcha. Desgaste psicológico, incertidumbre, pérdidas económicas a causa de los retrasos. Parece que la burocracia es nuestra segunda piel. Una piel muy cara, de lujo.