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Estado, leyes y democracia
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Estado, leyes y democracia

Actualizado 25/10/2022 08:18
Fermín González

"Nada destruye más el respeto por el gobierno y por la ley de un país, que la aprobación de leyes que no pueden ponerse en ejecución" (Albert Einstein)

El hecho de que cualquier organización democrática viable conlleva necesariamente una serie de disfunciones que, precisamente por ser inevitables, deben ser aceptadas, lo cual no significa que no se pueda intentar corregirlas, pero siempre dentro de cauces razonables que deben estar regulados (justamente) por ley.

Por ejemplo, es prácticamente inviable que cualquier decisión que deba adoptar un gobierno se someta a referéndum. Necesariamente, un gobernante o un parlamento elegido democráticamente deberá tener un margen de acción bastante amplio para tomar decisiones (en materia ejecutiva o legislativa, respectivamente), y esto puede hacer que se adopten medidas o leyes concretas que contradigan la voluntad mayoritaria.

También puede suceder que una acción de gobierno, o una ley, se refiera a una cuestión técnica que afecta a un sector minoritario de la población de modo que la mayoría de los ciudadanos en cuya soberanía se sustenta teóricamente esa decisión se declare carente de opinión al respecto. ¡Si cada vez que un ciudadano se considerara víctima de una injusticia por una situación de este tipo u otras similares, se considerara a su vez con derecho a rebelarse contra el Estado, ninguna democracia resistiría más de un año sin caer en la anarquía!.

Por ello es necesario considerar que una ley aprobada democráticamente, aunque sea polémica (al menos, si no puede considerarse objetivamente inmoral) es justa en el sentido de que es conforme a derecho y que, por tanto, debe ser respetada, sin perjuicio de que el Estado de Derecho debe tener previstos métodos para que pueda ser retirada también legalmente si hay indicios suficientes de que su promulgación no fue acertada (esto incluye el derecho de huelga, la obligación del Parlamento de debatir un proyecto de ley por iniciativa popular, etc.).

La constitución de un Estado de Derecho democrático se justifica racionalmente por la necesidad de regular estrategias cooperativas que, en principio, no perjudican a nadie más que a quien quiere aprovecharse de ellas violándolas. A su vez, la necesidad de dicha organización estatal justifica, no sólo las leyes que regulan dichas estrategias cooperativas (como la prohibición del asesinato, etc.), sino también las que pueden considerarse necesarias para la existencia del Estado y para la regulación de la convivencia de sus ciudadanos, y teniendo en cuenta que los ciudadanos deberán aceptar por necesidad que las disfunciones que surjan en el funcionamiento del Estado, en la promulgación de leyes o en las acciones de gobierno, deben ser solventadas por los propios medios previstos por el sistema legal, entendiendo que un sistema legal que no proporcionara los medios adecuados para ello sería abiertamente injusto y no merecería respeto. Dicho de otro modo, el Estado en cuestión no sería completamente democrático.

Aquí hay que señalar que el concepto de "necesidad" de una ley no es necesariamente objetivo. ¿Es necesario que los ciudadanos de un país presten un servicio militar obligatorio? Quizá unos opinen que sí y otros opinen que no. Ante la imposibilidad de resolver la cuestión objetivamente, deberá acatarse la decisión de la mayoría. Cualquier otra opción sería una imposición por la fuerza sin razón (objetiva) alguna y, por consiguiente, inmoral.

También hay que entender que cuando hablamos de que una ley sea "necesaria" no queremos decir que sea "necesaria en la forma concreta que toma", sino que lo necesario es que determinen un marco legal en un sentido o en otro. Esto extiende la legitimidad jurídica mucho más allá del terreno de la Ética. Esto con todos los defectos, que pudiera tener – que los tiene-, es ante todo el baluarte, social, democrático y de derecho, que debemos tener en cuenta a la hora de saber lo que esta estatuido, legislado y votado por todos los estamentos, que se consideran bajo el amparo de la carta magna o Constitución española.

Lo demás, no es mas que ruidos, gritos improperios, justificaciones, tozudez y cabezonería ideológica, que la mayoría de las veces se vuelve insultante y peligrosa. Y los primeros, que con sus conductas alteran el significado de cuanto expongo, son el egoísmo y la dejadez de funciones de los partidos políticos, tan solo obsesionados con las próximas elecciones, su incapacidad de gestión se subraya cada día, donde tan solo la estrategia, para seguir ostentando el poder y su poltrona, es cuanto les mueve, así la ciudadanía, quedamos al pairo, y donde el articulo de la “Soberanía reside en el pueblo” es una quimera… Lo saben verdad… Pues eso.

Fermín González, salamancartvaldia.es, blog taurinerías

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