Malos tiempos para los Derechos Humanos

Durante esta semana la Fiscalía de Madrid ha presentado la memoria anual de la criminalidad en la que alertan del peligroso crecimiento de los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, concretamente los denominados “delitos de odio y discriminación”. El incremento en 2021 respecto a 2020 se sitúa en el 88 %.

Paradójicamente, este escandaloso incremento coincide con el crecimiento electoral de la extrema derecha en España y sus constantes soflamas contrarias a la ideología de género y condescendientes con los mensajes supremacistas y de contenido machista. La prueba más evidente es que el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, García Gallardo, semana sí y semana también lo está expresando profusamente en las cortes castellanoleonesas. La última perla la ha protagonizado hace unos días, cuando contestaba a una procuradora del PSOE que había “mujeres desalmadas que se aprovechan de la ley, se quedan con la custodia de los hijos y utilizan los incentivos perversos de la ley para que haya denuncias falsas contra los hombres y para que se instrumentalicen en los procesos de divorcio”. Terrible. Este individuo desconoce o quiere desconocer que según informe de la Fiscalía General del Estado, las condenas por denuncias falsas entre 2009 y 2020 han sido estadísticamente el 0,03 % del total de denuncias habidas durante ese periodo.

¿Cómo es posible que los dirigentes del PP, comenzando por Mañueco, presidente de la Junta y finalizando por el presidente nacional del partido, Feijóo -a la sazón candidato a presidente del gobierno en las próximas elecciones generales- no hayan salido al paso de este tipo de perversas declaraciones? ¿No se les cae la cara de vergüenza, cuando en 2015, gobernando M. Rajoy, se reformaron los delitos de odio recogidos en el artículo 510 del Código Penal? Y, para ello, recuerdo aquí que el artículo 510 recoge como delito, entre otras, las siguientes conductas: “quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, aporofobia, enfermedad o discapacidad”. Cierto es que por Ley Orgánica 6/2022, de 12 de julio en este apartado se incluyó por motivos “antigitanos” y por razones de “aporofobia”; el resto se introdujo en la reforma de marzo de 2015.

¿Por qué se ha escorado tanto a la derecha el PP, que no es capaz de condenar públicamente las palabras del vicepresidente de la Junta de Castilla y León? Por su parte, el vicepresidente de la Junta se defiende culpando a medios “progres” que manipulan la información y alegando que España es el único país que tiene una legislación específica sobre violencia de género que discrimina a los hombres, cuando –y lo ha recordado el ex presidente Rodríguez Zapatero en la conferencia que ha impartido en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca con motivo de la inauguración del Master-Doctorado en Estudios Interdisciplinares de Género y Políticas de Igualdad- el concepto de violencia de género está “universalmente admitido, reconocido por Naciones Unidas junto a otros como la libertad de expresión o el derecho de reunión”.

Pero los hechos de esta semana no se quedan ahí en la vulneración de los derechos humanos y en el fomento de los delitos de odio, en este caso del ensalzamiento del machismo. Me refiero a las proclamas de algunos estudiantes del Colegio Mayor universitario católico Elías Ahuja, de Madrid, adscrito a la Universidad Complutense. Colegio cuyos residentes son exclusivamente hombres, que vocearon a las chicas de otro colegio, en este caso femenino, situado enfrente del Elías Ahuja. Las proclamas, que las titulan “Mónicas, putas” decían lo siguiente: “putas, salid de vuestras madrigueras como conejas, sois unas putas ninfómanas, os prometo que vais a follar todas en la capea. ¡Vamos Ahuja!”. A los cánticos machistas normalmente les acompañan lemas fascistas y el saludo nazi.

Recordemos que en este mismo colegio estuvo alojado el ya olvidado ex presidente del PP, Pablo casado, que tuvo la oportunidad de escribir un artículo en la revista del referido colegio en el que manifestaba que los alumnos del mismo eran eugenésicamente superiores a alumnos de otros colegios, caracterizados por sus “largos pelajes y ademanes anarco-masónicos”. Calificaba a los alumnos del Elías Ahuja como auténticos lobos depredadores sexuales, diciendo entre otras lindezas que poseían una “patente superioridad pélvica y genital con respecto a otras especies rivales”. Curiosamente a ese colegio de alumnos ideológicamente ultra conservadores y supremacistas hacía constantes visitas un líder del PP, González Terol, donde reclutaba jóvenes para las Nuevas Generaciones del PP y allí fichó a Casado.

Tal vez con estas evidencias de vicisitudes machistas, supremacistas y racistas conocidas esta semana podamos entender mejor la hipocresía política de los miembros del PP, de su voto en contra de reformas legislativas como la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, más conocida como la ley del “solo sí es sí” y de cómo se han ido uniendo “a remolque” a las normas progresistas aprobadas por gobiernos socialdemócratas que reconocen derechos de los ciudadanos, porque, aunque se manifestaron diametralmente contrarios en su día a leyes como las del divorcio, del matrimonio homosexual o la de despenalización del aborto consentido, no apoyando tampoco la ley de igualdad de 2007, no las derogaron cuando accedieron al poder; incluso el ex presidente M. Rajoy ha asistido como invitado a alguna celebración matrimonial de personas homosexuales de su partido, a pesar de haber recurrido la norma ante el Tribunal Constitucional. Lo que no quiere decir que no las deroguen en el futuro si llegan a gobernar en solitario o en coalición con Vox, como está en el pensamiento de los líderes de ambos partidos. Esperemos que no, porque de lo contrario ¡que Dios nos coja confesados!