La ignominiosa bajada de impuestos a los más poderosos iniciada por los gobiernos del PP en las comunidades autónomas donde gobierna, está señalando el iceberg de insolidaridad que tienen los políticos del PP y su obsesiva adhesión inquebrantable a los intereses de los que tienen una mayor capacidad económica. Lo ha explicado muy bien la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, cuando en los pasillos del Congreso de los Diputados dejó muy claro que con los aproximadamente 93 millones de euros que Andalucía dejará de recaudar a 13.000 grandes hacendados con la supresión del impuesto de Patrimonio, podría contratar a 1.300 sanitarios o a 1.700 profesores. Está claro que a la derecha política y económica española le importan muy poco o casi nada las políticas públicas de educación, sanidad, dependencia o pensiones y, por ende, el Estado del Bienestar y la solidaridad con los más necesitados.
Además de injustas, insolidarias e ignominiosas, son egoístas y lo único que persiguen es atraer a empresarios de otras comunidades autónomas donde sí existe el impuesto de Patrimonio, comunidades que inspiran su política fiscal de conformidad con lo previsto en la normativa constitucional que establece, en su artículo 31, la creación de un “sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”. En Román Paladino, que quién más tenga que más pague o contribuya al sostenimiento de los gastos públicos, tan necesarios en un Estado Social y Democrático de Derecho, sobre todo para las clases sociales más desfavorecidas, lo que el presidente Sánchez califica de “clase media y trabajadora”, que son la inmensa mayoría de los ciudadanos de nuestro país.
Al hilo del argumento, hace unos días recibí por whats app de un gran amigo, una viñeta en la que se veía a unos pocos ciudadanos, muy poderosos, sentados en una mesa sobre la que había sacos repletos de dinero y multitud de alimentos y bebidas, celebrando un festín infame porque la mesa sobre la que estaban asentados los vicios de estos desalmados estaba sostenida por las espaldas de cientos de sufridos trabajadores. El texto que aparecía ilustrando la viñeta era el siguiente: “si la gente se levanta, la fiesta se acaba”. No es de recibo que en un Estado Social y Democrático de Derecho haya unos pocos que derrochen y vivan con todo tipo de lujos y prebendas, mientras una mayoría de la población no puede llegar a fin de mes; las colas del hambre son cada día más largas y, en cambio, la derecha política allí donde gobierna se lo quiere poner aún más fácil a los poderosos, eximiéndoles de pagar impuestos por su riqueza.
Y la situación de Andalucía es precisamente dramática, porque 11 de los 15 barrios más pobres de España –como el de las tres mil viviendas de Sevilla- se encuentran en esa comunidad, la población en riesgo de pobreza es 12 puntos más alta que en el resto de España y el doble que la media nacional de población (8 %) tiene carencias para pagar el alquiler de la vivienda o para comer carne, pollo o pescado, al menos cada dos días. ¿Qué puede opinar toda esta población en riesgo de pobreza sobre la eliminación del impuesto de Patrimonio en Andalucía o Madrid?
Por otra parte, los datos sobre políticas sociales son escalofriantes en relación a Andalucía y Madrid, comunidades que han suprimido el impuesto de Patrimonio. Según el presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), tanto Madrid como Andalucía son las comunidades donde hay menor inversión en sanidad y educación por habitante. En Andalucía, la inversión por habitante en sanidad pública, en 2020, fue de 1.398 euros y en Madrid, de 1.491, mientras que la media española se situaba en 1.638 euros por habitante. Por su parte, en educación pública, la inversión de Madrid fue de 5.148 euros por alumno en la enseñanza no universitaria y de Andalucía, la penúltima, fue de 5.442, cuando la media nacional se situó en 6.230 euros por alumno.
Los datos estadísticos sobre el nivel de instrucción de la población resultan muy preocupantes, porque la tasa de abandono escolar es 4 veces superior a la media española, mientras que la población con estudios superiores se sitúa 5 puntos por debajo. Por su parte, el porcentaje de jóvenes de entre 15 y 29 años que ni estudia ni trabaja supera el 20 % de esos jóvenes (5 puntos por encima de la media española). ¿Seguirá teniendo Emiliano García Page, presidente de Castilla La Mancha. la misma opinión sobre Feijóo y el PP después de la iniciativa andaluza de suprimir el impuesto de Patrimonio cuando no hace mucho tiempo dijo que habría que impedir que hubiera competencia fiscal entre las comunidades autónomas?
La Comisión Europea ya se ha manifestado apoyando la creación de una tasa sobre los beneficios de las empresas energéticas y también ha dejado claro que en momentos complicados para la economía de los ciudadanos no tiene sentido rebajar impuestos, dado que hay que mantener los ingresos necesarios para afrontar el gasto público y las políticas de bienestar.
La empresa Diario de Salamanca S.L, No nos hacemos responsables de ninguna de las informaciones, opiniones y conceptos que se emitan o publiquen, por los columnistas que en su sección de opinión realizan su intervención, así como de la imagen que los mismos envían.
Serán única y exclusivamente responsable el columnista que haga uso de nuestros servicios y enlaces.
La publicación por SALAMANCARTVALDIA de los artículos de opinión no implica la existencia de relación alguna entre nuestra empresa y columnista, como tampoco la aceptación y aprobación por nuestra parte de los contenidos, siendo su el interviniente el único responsable de los mismos.
En este sentido, si tiene conocimiento efectivo de la ilicitud de las opiniones o imágenes utilizadas por alguno de ellos, agradeceremos que nos lo comunique inmediatamente para que procedamos a deshabilitar el enlace de acceso a la misma.