Los discípulos de Goebbels

Sabemos que el ministro de la Ilustración Pública y Propaganda del Tercer Reich, Joseph Goebbels, era un “encantador de serpientes” y tenía la gran habilidad de mentir y manipular cualquier información porque, como él mismo decía “una mentira contada cien veces se convierte en verdad”. Si el rabino del gueto de Varsovia se quejaba amargamente de que los nazis estaban masacrando a los judíos, Goebbels lo negaba abiertamente y decía que era al contrario, que los judíos estaban atacando vilmente a los alemanes en la capital polaca. A partir de ahí nació lo que conocemos como política moderna de propaganda, en la que vale todo, en la que se construyen informaciones falsas, se manipulan datos, se engaña a la gente; todo con la finalidad de conseguir y ostentar poder, cueste lo que cueste y pisoteando al adversario si es preciso.

En esa diabólica diatriba es en la que se ha situado el PP desde tiempo inmemorial. Lo hicieron, en cónclave, con M. Rajoy negando la corrupción de la Gürtel y de Bárcenas, diciendo que “no era una trama del PP, sino una trama contra el PP”; posteriormente gobernando, con M. Rajoy de presidente, éste negó siempre e incluso en sedes parlamentaria y judicial todo lo relacionado con esas tramas de corrupción, cuando, como sabemos, la formación conservadora fue declarada formalmente organización criminal. Y lo hacen actualmente en la oposición, primero Pablo Casado, incompetente político, con escasa formación –por mucho que aprobase la mitad de las asignaturas de la licenciatura del Derecho en tan sólo 4 meses, ¡qué lumbreras!- y rehén de las exigencias de la ultraderecha –se vio muy claro en la histórica foto de Colón, junto a Abascal y Rivera-.

Esta imagen de guiñoles en un teatro de marionetas que han consolidado los dirigentes del PP es trasladable también al actual líder, Feijóo, político que no se parece en nada al papel que representaba siendo presidente de la Xunta de Galicia, en el que demostró mayor nivel de sensatez y compromiso y con mejor talante negociador y de consensos. En los pocos meses que lleva de presidente del PP ha cambiado de criterio en un sinfín de ocasiones. Y lo ha hecho con la única estrategia de derribar al gobierno, sin importarle la gestión de los intereses generales de los ciudadanos y su comportamiento y estrategia política se ha visto en los diferentes Decretos aprobados por el Ejecutivo para conceder ayudas a los ciudadanos por la alta inflación ocasionada por a guerra de Ucrania y en el de ahorro energético. El “negacionismo” del PP llega a unos límites intolerables. Por un lado, todos los líderes del PP se ponen de acuerdo en que la denominada “excepción ibérica” -que España y Portugal negociaron con la UE para que el precio de la electricidad en España y Portugal fuera inferior al del resto de países europeos- no supone un ahorro para los ciudadanos españoles y portugueses y manifiestan que con la excepción ibérica le estamos regalando la luz a los franceses. Lo dijo Feijóo y lo han continuado proclamando Cuca Gamarra, el alcalde de Madrid, Almeida y la presidenta madrileña, Ayuso. ¿Cómo pueden negar algo que es fácilmente comprobable y verificable cuando se está informando oficialmente todos los días que el precio de la luz es infinitamente más bajo en España y Portugal que en el resto de países de la UE? La última que lo ha manifestado ha sido Ayuso en una entrevista radiofónica. Por negar, lo hacen hasta del “cambio climático”. Ya se sabe, como dice Sabina en una de sus últimas canciones: “lo niego todo/ aquéllos polvos y estos lodos/ lo niego todo/ incluso la verdad”.

Esa hipocresía y manipulación de la realidad la practican también los líderes del PP en otros ámbitos de la gestión política e incluso de la justicia penal. Me refiero en este aspecto a las críticas, siempre con la finalidad de obtener rédito electoral, de la política penitenciaria en relación a los presos de ETA, concretamente por el acercamiento a cárceles vascas de algunos miembros de la banda en los últimos días. A este respecto es necesario recordar que tanto la normativa internacional sobre reclusión como la interna, es decir, la Constitución Española y la legislación procesal, penal y penitenciaria, establecen que los privados de libertad deberán cumplir sus condenas en cárceles próximas a su entorno social y familiar. Así, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de Naciones Unidas, de 1955, revisadas en 2015 –denominadas actualmente Reglas Mandela- concretamente en la Regla 59, establecen que “en la medida de los posible, los reclusos serán internados en establecimientos penitenciarios cercanos a su hogar o a su lugar de reinserción social”. También las Reglas Penitenciarias Europeas del Consejo de Europa, revisadas en 2006, establecen en su regla 17.1 que “se asignará a los detenidos, en la medida de lo posible, prisiones situadas cerca de su lugar de residencia o de centros de rehabilitación social”. Estas ultimas Reglas Europeas también consignan en la Regla 17.3 que “en la medida de lo posible, los detenidos serán consultados en relación a su asignación inicial y en relación a cada traslado ulterior de una prisión a otra”.

Por su parte, la Ley Orgánica General Penitenciaria española establece en su artículo 12.1 que “la ubicación de los establecimientos será fijada por la administración penitenciaria dentro de las áreas territoriales que se designen. En todo caso, se procurará que cada una cuente con el número suficiente de aquéllos para satisfacer las necesidades penitenciarias y evitar el desarraigo social de los penados”, todo ello en cumplimiento del mandato constitucional de la orientación resocializadora de las penas privativas de libertad y del respeto a los derechos fundamentales de los privados de libertad, previsto en el artículo 25.2 de nuestra Carta Magna.

Se ha de aclarar que cuando la normativa de reclusión establece la coletilla de “en la medida de lo posible” debe referirse a que las prisiones tengan capacidad y plazas para acoger a los privados de libertad. Este es el espíritu del legislador que hay que tener en cuenta. En cualquier caso, cuando el Estado llevó a cabo la política de dispersión de presos terroristas fue por cuestiones de “oportunidad” debido a que se pretendía evitar la influencia nociva de unos terroristas sobre otros y que los presos que quisieran pudieran alejarse de la disciplina y exigencias de la banda terrorista y facilitar su resocialización. La banda terrorista dejó de atentar hace más de una década y posteriormente se disolvió y desapareció. En consecuencia, no tiene sentido alguno y es, además ilegal, que pudiendo cumplir su pena en lugares próximos a su entorno familiar y social, no se les permita por las autoridades competentes. Si tan legalistas se definen los líderes del PP y tan fervientes defensores de la Carta Magna, deben tener en cuenta que lo que aquí se defiende es porque está previsto en la normativa vigente, no sólo nacional, sino también internacional suscrita por España.

Con estas críticas, el PP busca claramente, de forma carroñera, torticera, manipuladora e interesada, sacar rédito electoral, utilizando a las víctimas. Esto mismo lo ha manifestado alguien tan poco sospechosa para el PP como Consuelo Ordóñez, hermana de Gregorio Ordoñez, político del PP asesinado por ETA, que ha criticado a Feijóo por utilizar a Miguel Ángel Blanco para atacar al gobierno, puesto que uno de los presos que han sido trasladados a cárceles vascas es uno de los asesinos del concejal de Ermua.

Pero es que el PP siempre actúa así y diferencia claramente entre las víctimas de unos delitos y de otros, es decir, para ellos hay víctimas de primera, las que utiliza sistemáticamente para obtener rédito electoral y víctimas de segunda, que interesan menos y no dan ese rédito electoral por el que únicamente se mueven los políticos conservadores.

Todo esto es fácilmente demostrable y la prueba la tenemos con el voto en contra de PP y de Vox a la reforma de los delitos contra la libertad sexual que se aprobó definitivamente en el Congreso la pasada semana con la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, la conocida como la ley del “solo sí es sí” y que, entre otras cosas, acaba con la diferenciación entre abusos sexuales y agresiones sexuales, porque el consentimiento de la víctima será el elemento nuclear clave para determinar el atentado a la libertad sexual. Dicho en otras palabras, me gustaría preguntar al Feijóo lo siguiente ¿Considera el PP que si tres chicos, en una fiesta, echan burundanga en la bebida de una chica sin que ésta se entere, que le produce sueño y sumisión, anulando completamente su voluntad y posteriormente los jóvenes aprovechan esa situación para tener acceso carnal con la misma, por vía vaginal, anal o bucal, o por las tres vías, debe considerarse abuso sexual con penetración, que es una conducta mucho menos grave que la agresión sexual (violación, en este caso) y, en consecuencia, también la pena será menor? Si el PP cree que aquí no hay violación que lo diga, pero muy alto para que todos nos enteremos. Con su voto en contra a la ley parece que quieren que sea un mero abuso sexual con penetración y no una violación en toda regla.

Conforme a los argumentos precedentes, ¿por qué han votado en contra de esta ley los conservadores de PP y de Vox? La respuesta es muy sencilla. Por los siguientes motivos: 1º, porque la ley ha partido de un ministerio, el de Igualdad, cuya ministra es “visceralmente odiada” por las fuerzas conservadoras y haga lo que haga, sean propuestas buenas o no, siempre estarán en contra. 2º, porque la ley, que es integral y quiere combatir todo tipo de violencia de componente machista, no cala demasiado bien en el seno de una sociedad tradicional y conservadora en la que se mueven muy bien los políticos de PP y de Vox y 3ª, en el caso del PP, saben que pueden necesitar a Vox para gobernar en el futuro y no pueden salirse demasiado de los carriles y postulados de la formación extremista y ultra conservadora.