Algunos temas que no tocan en la profesión médica

Hace algo más de dos años, en plena resaca del primer golpe del Covid 19, el que nos pilló con bolsas de basura en funciones de medio de protección, se multiplicaban los debates, más bien desahogos, en foros de internet en los que participábamos, o simplemente seguíamos, médicos de toda España. Allí habría de todo: los que en ningún momento se apartaron de sus obligaciones, incluso traspasando la no exigible línea del riesgo personal, y los que se agarraron, y se siguen agarrando, como un clavo ardiendo a la excusa vírica y a la excepción pandémica para trabajar menos y/o mal. Unos y otros, en líneas generales, coincidían en temas de conversación en torno a las condiciones laborales, las remuneraciones económicas o el papel menguante de los médicos dentro de un sistema sanitario con muchas flaquezas. Se convenía en que los problemas venían de muy atrás y que la coyuntura de entonces, en la que cientos de miles de españoles se asomaban a los balcones a las ocho de la tarde, podría ser viento de cola para las reivindicaciones de la profesión.

Pero, ¡ay cuando alguien osaba mencionar lo que no tocaba! Porque en nuestra sociedad en general y entre los médicos en particular hay cuestiones que no tocan y, si se tocan, sale uno tocado. Intocable, por incómodo y molesto, es el aborto, tanto que prefieren llamarla “interrupción voluntaria del embarazo”, como si acaso se pudiera reanudar. Intocable es la asistencia al suicidio, que ahora les ha dado por denominar “prestación de la ayuda médica para morir”. Cuando un médico terciaba de alguna manera aludiendo a estas leyes contradictorias con nuestra deontología pronto era acallado y sacadas sus palabras de contexto primero y del diálogo después. Arrinconar al disidente es de primero de colectivismo totalitario y los versos sueltos difícilmente caben en el discurso global que suelen dictar los desnortados progresistas y acatar los insulsos liberales. Si habían decidido que aquel movimiento se trataba de pedir más dinero, ¿para qué sacar a relucir burdas prescripciones deontológicas? En cuanto se enarbolan esas banderas no hay sitio ni en los despachos donde los políticos reciben y prometen ni en los medios de comunicación donde se bendice lo socialmente correcto y se caricaturizan las salidas de guion. Por convencimiento ideológico de unos pocos, o por interés cobarde de bastantes más, no tocaban.

“La medicina no es una práctica aislada de la sociedad y debe asumir las transformaciones que la ciudadanía establece a través de procesos legislativos democráticos”, se afirma en el editorial de mayo de una de las publicaciones formativas de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. AMF defiende también que nuestra especialidad está “llamada a protagonizar la urgente revolución que es la mejora de la atención al final de la vida, ayudando a vivir bien el morir, donde la ayuda médica para morir se convierte en una herramienta más”. Casi setenta páginas del monográfico dedicado a la eutanasia, con diversidad de perspectivas pero sin demasiada pluralidad de razonamientos, aunque el profesor Diego Gracia Guillén se atreve a defender sólidamente la objeción sobrevenida, no deberían haberse traducido en preguntas como pude comprobar al hacer la evaluación semestral, donde se dan por ciertas respuestas sin evidencia científica, meras especulaciones. Sin embargo, a la luz del editorial, no sorprende: “una herramienta más”. Porque oponerse a la eutanasia no toca.

Más reciente, todavía en proceso de aprobación, nos encontramos ante una nueva ley orgánica del aborto, acogida al formato de tramitación urgente. ¿Urgencia cuando se vienen practicando más de noventa mil al año? El presidente de la Organización Médica Colegial, Tomás Cobo, ha mostrado su preocupación ante la posibilidad de que “con estas listas (las de objetores de conciencia) se pueda manejar información que pueda perjudicar al profesional. Además, pensamos que no son realmente útiles y que aportan muy poco: se debería saber quiénes están dispuestos, no al revés”. Otra vez aflora la primacía de lo laboral, pero consuela este atisbo de resistencia, aunque posiblemente no vaya mucho más allá. Añade Cobo que "si la Administración tiene el aborto en su cartera de servicios, debería encontrar los mecanismos adecuados para facilitarlos, no trasladar la responsabilidad a los profesionales". Y así es. En su obsesión por lo público desasosiega a nuestro Gobierno que los médicos de los servicios públicos, en su mayoría, sean objetores de conciencia, y estos encargos se los paguemos con nuestros impuestos a clínicas privadas (matar es un negocio, sí, lo ha sido toda la vida). El nuevo proyecto de ley determina que “el acceso o la calidad asistencial de la prestación no se verán afectados por el ejercicio individual del derecho a la objeción de conciencia. A estos efectos, los servicios públicos se organizarán siempre de forma que se garantice el personal sanitario necesario para el acceso efectivo y oportuno a la interrupción voluntaria del embarazo”. Acto seguido establece que “a efectos organizativos y para una adecuada gestión de la prestación se creará en cada comunidad autónoma un registro de personas profesionales sanitarias que decidan objetar de conciencia respecto de la intervención directa en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo. Quienes se declaren personas objetoras de conciencia lo serán a los efectos de la práctica directa de la prestación de interrupción voluntaria del embarazo tanto en el ámbito de la sanidad pública como de la privada”.

Que la organización del servicio público se haga en función del aborto (no se tienen tantas consideraciones para otros problemas de salud, consultas especializadas o unidades que se desmantelan) y que el registro de objetores se elabore “a efectos organizativos y para una adecuada gestión de la prestación” justifica el temor de los médicos a las listas negras. ¿No va a influir esto cuando, una vez celebrado el examen de oposición y conocidas las calificaciones, y luego presentados los méritos, que este es el perverso modo de proceder de la Administración, se publiquen las plazas de ginecólogos o anestesistas en uno u otro hospital? (sí, se oposita a ciegas, desconoces a qué optas) ¿No va a pesar ser objetor o no serlo cuando la Administración, con su poderoso dedo, oferte interinidades o conceda comisiones de servicio? ¿Se va a burlar una vez más el Código de Deontología Médica, en cuyo artículo 35 se lee que “de la objeción de conciencia no se puede derivar ningún tipo de perjuicios o ventajas para el médico que la invoca”?

Otra insistencia del texto legislativo es que se podrá objetar ante la práctica “directa” del aborto, en lo que se intuye una exclusión de los médicos de familia que, en un primer momento, recibimos la demanda de este procedimiento. Cuando me ha ocurrido, la paciente ha sido informada de mi objeción (que constará a mi empresa, SACYL, y a mi colegio, el de Zamora, aunque jamás acusaron recibo de mi comunicación) y ha contado con todo mi apoyo y orientación para apostar por la vida de su hijo. Privarnos de la objeción de conciencia, que aun sin registro podemos expresar, parece pretender que jamás haya un primer obstáculo, en la consulta del centro de salud, a la muerte del no nacido. Como si, una vez vistas las dos rayitas del test de gestación, pudiéramos olvidar que no atendemos ya a una sola paciente sino al menos a otro más. Que una ministra del Gobierno hable de decidir sobre el propio cuerpo se comprende, que a ellos no se les exige una mínima cualificación, basta que su pareja la elija, pero un médico… Eso sí, no espero monográfico ni editorial de la SEMFyC, que oponerse al aborto no toca.

Seguiremos agachando la cabeza, perdiendo tiempo en la reclamación de un sitio en un sistema sanitario en el que somos minoría e insólitamente se nos tacha de privilegiados, haciendo como que nos movilizamos al ritmo que marca el vil metal. Porque la verdad nunca toca.

En la imagen, “Una sala de hospital durante la visita del médico en jefe” (Luis Jiménez Aranda, 1889; Museo Nacional del Prado, Madrid).