Los investigadores salmantinos celebran la Ley de la Ciencia pero dudan que les dé más estabilidad

La nueva Ley de la Ciencia, aprobada definitivamente por el Congreso el 25 de agosto, recibe una “lectura” positiva por parte de la asociación Jóvenes Investigadores No Valorados en Salamanca (INNOVA) y la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI-Precarios) a falta de “verla luego en la práctica”. La reforma a la previa legislación de 2011 se compromete sin votos en contra a incrementar los fondos públicos destinados a la investigación hasta el 1,45% del PIB en 2030. También avanza en la intención de estabilizar la carrera científica y equiparar sus condiciones laborales a las del resto del mercado laboral.

El punto más controvertido ha estado en la aprobación de la nueva modalidad de contratación indefinida, que el Senado enmendó promovido por el Partido Popular y con el respaldo de algunas de las principales instituciones investigadoras. Finalmente, la enmienda fue tumbada en el Congreso, no habrá excepciones para mantener contratos temporales. Daniel Justo, presidente de INNOVA, duda de si la medida repercutirá en la estabilidad de los jóvenes investigadores que se ven obligados a encadenar un contrato tras otro para mantenerse en la ciencia. “Seguirán estando asociados a campañas y convocatorias con una duración predeterminada”, aunque sí celebra “que haya ido de la mano de lo que está sucediendo en otros mundos laborales”.

El mayor problema de la investigación, asegura, es precisamente la inestabilidad. Hay que “competir en contratos cada vez más competitivos y si no consigues ninguno acabas dando tumbos”. Las vías para asentar cabeza pasan por acatar la docencia o el trabajo en una empresa, y aunque la promoción de la contratación indefinida quede en algo simbólico, Daniel cree que el avance es que se reconozca que los nuevos contratos tienen características propias del “mundo científico, que es muy particular”.

La reforma de la ley también garantiza derechos laborales como la indemnización por finalización de contrato de los jóvenes predoctorales y posdoctorales. “Que no lo tuviéramos es una línea más de cómo no se concibe la investigación como un trabajo normal”, valora David. En este campo los avances siempre han ido por detrás, explica. “Hace 30 años un doctorando hacía su tesis con un contrato que ni siquiera le permitía caer enfermo y tener una baja o había jóvenes con hijos que no podían acceder a una baja de maternidad o paternidad”.

Otro punto positivo es que por primera vez se reconocerán los méritos de los investigadores que aporten en el sector público, independientemente del país en el que lo hagan, lo que facilitará la movilidad e incluso la vuelta de quienes hayan desarrollado una carrera internacional. Además, creen que venía siendo necesaria la supresión del término ‘carácter formativo’ de los contratos. “Llamar carácter formativo a un contrato en el que para acceder una persona tiene que ser doctora, que ya es la máxima categoría de formación que se puede tener en este país, es un poco denigrante”.

Pese a todos los avances, que “aportan”, se quedan cosas en el tintero según INNOVA. Una de ellas es la revisión de sus salarios para hacer frente a la inflación. También creen que ha sido una oportunidad perdida para “que se estableciera de una manera clara cómo funcionan las vías de estabilización en la Universidad”. El siguiente paso, pronostican, es un estatuto para los investigadores posdoctorales, como el ya sacado adelante Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF), que mejoró las condiciones de quienes estaban en el proceso de realizar la tesis porque “cuando la terminas sigue estando la jungla”.