Pronóstico grave

Rara vez especificamos los médicos un pronóstico en los documentos que se entregan al paciente: informes de consulta, de asistencia urgente, de alta hospitalaria... Sin embargo, con frecuencia hablamos de ello porque es pregunta recurrente del enfermo, que más que conocer con minuciosidad su diagnóstico desea una orientación, el pronóstico, que le ayude a transitar por el incierto tiempo, pasajero o definitivo, en que la enfermedad condicionará su vida. Nos movemos en el terreno de la ciencia inexacta y eso del pronóstico, con su fundamento matemático del cálculo de probabilidades, no termina de resultarnos cómodo. “¡El pueblo quiere pruebas!”, suele comentar una colega y amiga. Además de una batería completa de pruebas complementarias (tantas veces, suplementarias y superfluas), el pueblo demanda certezas, aunque sean las imprecisas de un pronóstico estimado que se suele dar más de palabra que con firma debajo.

Donde no falta el pronóstico es en el parte que, ante las circunstancias que bien conocemos, sea porque el paciente lo describe o porque lo sospechamos, debemos dar los médicos al juez de guardia. Se trata de una de las excepciones del secreto profesional. Ahí sí es obligatorio emitir un pronóstico, leve salvo complicaciones o grave, según el criterio del facultativo que atiende al paciente agredido, o accidentado, o lesionado de cualquier manera aunque su descripción del origen de sus daños (¡cuántas puertas peligrosas!) no concuerde con nuestra sospecha. Se entiende poco y mal que la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, a través de su Dirección General de Asistencia Sanitaria y Humanización (algo falla si hace falta especificar esto), nos señale de antemano qué pronóstico debemos consignar en el parte de lesiones cuando sospechemos una agresión por objeto punzante (“pinchazo”) en el contexto de una posible sumisión química. Más preocupante incluso que la intromisión a priori del Sr. Sacyl en lo que el médico debe poner o no en un documento que firma el colegiado, no la empresa, es el argumento que esgrime: “Se indicará pronóstico grave, para que se cursen con prioridad desde el juzgado” (así consta en el protocolo que nos han remitido). ¿Acaso es labor del médico marcarle las prioridades al juez, como si estuviéramos solicitando una interconsulta preferente o urgente? Tampoco viene a cuento otra acotación: “Se indicará si la víctima va a denunciar”. ¿Víctima? Los médicos atendemos pacientes, y no es de nuestra incumbencia saber si denuncian o no, que lo propio de un parte de lesiones es reflejar lo que en la asistencia se ha escuchado y averiguado que deba conocer la autoridad judicial. Ahora bien, doctores, juristas, observatorios, comisiones y asesores tiene de sobra el Sr. Sacyl para elaborar y enviarnos cuantos protocolos le venga en gana, incluidos entre los destinatarios los discrepantes que no terminamos de resignarnos a estos tiempos en que al poder ejecutivo, en su diversa y extensa gama de administraciones públicas, le fascina dirigir cual marioneta a sus administrados y a todos sus empleados que se dejen.

Un “pinchazo” será leve, salvo complicaciones, o grave, según lo que considere el encargado de abordar el caso concreto. No pueden ser todos graves de antemano porque lo disponga una dirección general de una comunidad autónoma, inspirada en un grupo técnico de una comisión de un consejo interterritorial, que hasta la propia retahíla de instancias sucesivas te ahoga antes de llegar a la orilla. En resumen, mucha gente por el medio opinando sobre unos hechos que todavía no se han producido y de los que jamás tendrán conocimiento, en lugar de dar un voto de confianza, más que razonable, a los profesionales sanitarios que habrán de afrontar la cuestión clínica y a los jurídicos que determinarán si el paciente o la paciente es víctima. La burocracia/política, ya casi una mezcolanza indistinguible, densa y controladora, que todo lo acapara y todo lo enreda, que aspira a marcar tendencia y crear conciencia (o sea, invadirla, y raro será el bicho que alegue objeciones), asfixia a profesiones como la Medicina. Se ceba de modo singular con una especialidad que últimamente ya ni exigen el Sr. Sacyl y sus diecisiete primos, la Familiar y Comunitaria, en una Atención Primaria cargada de papeleo, en la que hacer determinadas prescripciones de fármacos se convierte en una carrera de obstáculos con vallas y ría o te puedes topar con puntillosos que quieren el sello exactamente en este recuadro.

Resistir a las provocaciones del burócrata y esquivar las manipulaciones de los políticos, enfermos de dirigismo, se convierten en requisitos imprescindibles para seguir disfrutando de una profesión que debe cuidar lo legal con pulcritud mientras no deje de luchar por liberarse de los que anhelan reducirla a una mera prestación de servicios públicos que, con la excusa del bienestar (subjetivo siempre), hipertrofian el Estado, enemigo de la familia y la comunidad cuando las desplaza y anula. Por ese camino, tan peligroso, la persona deja de estar en el centro, sustituida por su condición de usuario, de consumidor, de votante. Cuando interesan más las vocaciones al funcionariado que a la Medicina, cuando se le empieza a decir a un profesional lo que tiene que hacer y decir en lugar de dedicar tiempo y fondos a formarlo bien y garantizarle su autonomía, cuando se prefiere el dictado a la libertad, entonces sí, el pronóstico es grave.