“Desearía morir”: la complicada situación de los refugiados sirios en el Líbano

Autora: Paula Acero Bermúdez. Defensora de los derechos humanos.

Líbano es un país que actualmente se enfrenta a una complicada crisis económica, social, medioambiental e incluso política. Pues desde la explosión del puerto de Beirut, en agosto de 2020, que supuso la dimisión del Primer Ministro, el país aún no se ha visto capaz de conformar un nuevo gobierno. Sin embargo, estas circunstancias no eximen al Líbano de la responsabilidad en el trato a las personas refugiadas sirias, tanto por parte de las autoridades como de la población civil.

Amnistía Internacional ha presentado el informe “Desearía morir’': Refugiados sirios detenidos arbitrariamente por cargos relacionados con el terrorismo y torturados en el Líbano, que recoge información sobre la situación de los refugiados de conflicto sirio en el Líbano. En dicho informe se muestran las distintas violaciones de derechos cometidas por las autoridades libanesas, con detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos y carencia de un trato justo, vulnerando así la normativa internacional establecida.

El informe sirve para abrir los ojos ante las injusticias que sufren los refugiados sirios, permitiendo ver la situación de 26 personas refugiadas que fueron detenidas entre 2014-2021 culpadas de terrorismo. Haciendo evidente cómo la xenofobia se refleja dentro de la propia estructura de Estado y de las propias autoridades y haciendo notar que los actos sufridos por estas personas no son algo excepcional, sino que cientos de refugiados sufren esta situación. Estas personas que huyen de un conflicto bélico están siendo juzgadas por tribunales militares, detenidos de manera arbitraria sin capacidad de comunicarse con sus familias o abogados y sin haber sido informados del motivo de su detención.

La tortura y los malos tratos han sido sufridos por casi la totalidad de las personas entrevistadas, 25 de las 26 totales según el informe, dándose tanto en el momento del interrogatorio como en el momento de la detención, realizando torturas similares a las realizadas en las prisiones sirias, colgándoles por las muñecas y golpeándoles o manteniéndoles durante horas de la misma posición, propinándoles palizas que les causaban graves heridas o hasta que perdiesen el conocimiento, seguido de insultos y otras agresiones verbales.

Estas torturas han sido realizadas tanto en el Centro de Inteligencia militar de Ablah, como en la Oficina de Seguridad General de Beirut o en el propio Ministerio de Defensa, incluso ya en la propia prisión. Esto deja ver la gravedad del asunto, se puede percibir el trato inhumano que reciben estas personas, realizado además por las propias autoridades y vulnerando la propia Ley contra la Tortura que había sido promulgada en el Líbano en 2017. Con ello, observamos cómo las personas que ostentan los cargos de poder en el país son permisivas con estas situaciones, mostrando su desprecio frente al Derecho Internacional y los propios derechos humanos.

A su vez, el informe también recoge las violaciones al derecho a un juicio justo, pues se ha negado abogado o representante en el momento del interrogatorio, imponiendo de esta manera trabas y dificultades a los detenidos a impugnar o a defenderse, mostrando el abuso de poder por parte de las autoridades, que ya no sólo están vulnerando otra vez la propia jurisdicción de su país, sino que también están vulnerando lo recogido por el derecho internacional.

Estas personas habían sido juzgadas sin garantías en un juicio donde no tenían capacidad para defenderse. Los jueces habían basado sus dictámenes en pruebas poco concluyentes, contradictorias y con poca fiabilidad, obtenidas bajo presión y torturas. Incluso dos menores de edad habían sido juzgados por tribunales militares. Esta es una situación que no respeta ni garantiza una justicia efectiva en igualdad de condiciones, dado que muestra el trato discriminatorio que sufren los refugiados sirios.

Además, estas acusaciones bajo los términos de terrorismo, no proceden de un hecho real, sino que nacen de ese trato discriminatorio o de la simple consideración de terrorismo al haber expresado una opinión contraria al gobierno de Siria.

Por lo tanto, el informe expone a la perfección un abuso de poder por parte de las autoridades y unos actos de especial gravedad contra la población refugiada. Se está vulnerando el derechos a que se respete la integridad física, psíquica y moral de las personas, el derecho a no sufrir tortura, además del derecho a un juicio justo y a no recibir un trato discriminatorio.

En conclusión, es importante que el Estado investigue estas detenciones de manera efectiva, y que no permita la impunidad ante las violaciones de derechos, más aún, si esta vulneración nace desde dentro de la propia estructura del Estado. Sobre todo, se hace muy necesario que nadie se muestre impasible ante las violaciones de derechos humanos y de las normas de derecho internacional, puesto que, en este caso, es más que visible el trato discriminatorio que están recibiendo las personas refugiadas sirias y resulta necesario que se haga efectivo un sistema judicial decente.