Confabulación conservadora

He escuchado con atención la entrevista que la Sexta le ha hecho la noche de este jueves al presidente del gobierno con motivo de la exitosa organización de la cumbre de la OTAN, celebrada en Madrid. He de reconocer que -si bien en otras ocasiones Pedro Sánchez se ha dejado comer la tostada por la voracidad escandalosa e interesada de los políticos conservadores, que lo hacen, además, con sorna, odio y muy mala leche- en esta ocasión ha puesto el dedo en la llaga a las auténticas y ocultas intenciones de la derecha política para acceder, de forma obsesiva y adictiva, al poder, del que consideran que nunca deberían salir, por casta y por tradición y por los privilegios a los que nunca están dispuestos a perder. Ha señalado a esos poderes ocultos: mediáticos, políticos y económicos, como responsables de la política de crispación, de aquéllos que no soportaron que en 2018 prosperara una moción de censura contra el gobierno de M. Rajoy por ser el más corrupto de la historia democrática española; algo que, no sólo se ha probado en diferentes procesos judiciales, sino que también hay indicios racionales muy solventes, por grabaciones de audios, entre otros, en los que se refleja el interés del partido conservador por intentar ocultar todo tipo de pruebas de las prácticas corruptas, aunque para ello tuvieran que utilizar de forma partidista los medios personales y materiales de la seguridad pública del Estado (que debe estar al servicio de los ciudadanos), como en el caso Kitchen; es decir, con técnicas presuntamente mafiosas que normalmente utilizan las organizaciones criminales, no las formaciones políticas democráticas.

Y para tales menesteres de satanización del gobierno y de la izquierda parlamentaria, los políticos del PP utilizan los más ruines argumentos. Todo vale, con tal de echar a la izquierda del poder. Esta semana le ha tocado el turno al aborto y para esgrimir los argumentos de esa derecha política, mediática y económica, cerril, atrabiliaria y ultramontana -que se está poniendo de manifiesto claramente en los ámbitos norteamericanos por la poderosa influencia mediática del “Trumpismo”- el PP utiliza al vocero perfecto, al portavoz de la soberbia, del insulto gratuito y de la intransigencia, a la presidenta madrileña, Ayuso, porque resulta incomprensible que después de 12 años de vigencia de la ley de despenalización del aborto consentido por el sistema de plazos y sabiendo que los países políticamente más democráticos y económicamente más prósperos del mundo tienen una regulación parecida a la española, sigan considerando a las mujeres que abortan poco menos que a locas brujas del siglo XXI a las que antaño sometía a sangre y fuego el Tribunal del Santo Oficio. Y Ayuso ha criticado esto, una vez más, con argumentos torpes que cuestionan su solvencia política y técnica; es decir, que si el gobierno al que tachan de “comunista” en sentido peyorativo o de “terrorista, separatista y anti español” no penaliza la interrupción voluntaria del embarazo, ¿por qué ella no puede becar a alumnos con rentas altas para que vayan a colegios privados y se financie así con dinero público a éstos en detrimento de la escuela pública? Eso es lo que ha hecho el gobierno madrileño, conceder becas a alumnos hijos de padres con rentas superiores a los 100.000 euros anuales, acentuando aún más las desigualdades en una ciudad y comunidad donde son más visibles los desequilibrios económicos que vulneran gravemente la cohesión social y, en consecuencia, los jirones de la convivencia.

Pero no es sólo la discípula política de Aguirre la portavoz de la intransigencia en esta materia, también los que se definen más moderados, Feijóo o González Pons (quienes también, por cierto, ostentaron cargos muy importantes en el PP de M. Rajoy, ese de las tramas de corrupción) critican la actual regulación del aborto, cuando han gobernado –y con mayoría absoluta- y no modificaron la LO 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Hipocresía pura y dura.

En esta, como en tantas materias –dígase la renovación del Poder Judicial y los miembros del TC- el PP se pasa la Constitución por “el arco de triunfo”, porque ya estableció el máximo intérprete de la Carta Magna, en Sentencia 53/1985, de 11 de abril, que, efectivamente, el “nasciturus” es un bien jurídico que merece protección (faltaría más), pero éste puede entrar en colisión con derechos fundamentales como el de la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad, la integridad física y moral o la libertad de ideas y creencias, todos ellos de la embarazada y, en consecuencia, habrá que establecer una ponderación entre el derecho a la vida del nasciturus y el resto de derechos fundamentales de la embarazada. Parece que Ayuso (bueno, de ella no me extraña), Feijóo o González Pons, desconocen la teoría del filósofo griego del siglo III a.C., Carneades de Cirene y su famosa “tabla de Carnéades” , origen de lo que hoy conocemos como “causas de justificación” o, al menos de “exculpación” en Derecho Penal. Este experimento mental explora el concepto de la defensa propia a partir de la existencia de dos náufragos y una tabla que sólo puede salvar a uno porque no soporta el peso de los dos. A se agarra a la tabla y llega B, que es más fuerte y para hacerse con la tabla ha de ahogar al otro, de lo contrario, se ahogará él. Claro que B ha cometido un hecho antijurídico, pero estará justificado, ya que tan sólo uno podrá sobrevivir. Posteriormente Gentz, discípulo de Kant, diría que este hecho no debe ampararse como “causa de justificación”, la conducta de B sería antijurídica, pero estaría disculpado, es decir, sería “causa de exculpación”.

Evidentemente el supuesto de despenalización del aborto consentido no es idéntico al planteado por Carnéades, pero también hay una colisión entre el derecho a la vida del “nasciturus” -bien jurídico protegido- y el resto de derechos de la mujer con el que puede entrar en colisión y, en este caso, el mal cometido con el aborto es menor del que se trata de evitar: la lesión de la dignidad, del libre desarrollo de la personalidad, de la integridad física y moral o de la libertad de ideas y creencias. Aunque dicho así pueda resultar agresivo, se ha de recordar que, efectivamente, el derecho a la vida del “nasciturus” es menos relevante que el de la persona nacida e, incluso, la mayor o menor entidad del derecho del “nasciturus” dependerá de su periodo de gestación, como es lógico. De ahí que el sistema de plazos solo ampare el derecho de la mujer a la interrupción voluntaria cuando el feto no tenga más de unas determinados plazos de gestación (entre 12 y 14 semanas) porque aún es absolutamente inviable fuera del claustro materno. De ahí que, como acertadamente afirma el penalista Gimbernat, estemos ante un “problema específicamente moral sobre el que es posible y legítimo mantener posiciones distintas y en el que, por consiguiente y en un Estado pluralista, nada se le ha perdido al Derecho penal”. A ninguna mujer se la va a obligar a abortar, faltaría más; es una decisión -siempre dolorosa, por supuesto- que, en esos primeros meses de gestación corresponde libremente a ella siempre que haya sido debidamente informada de las consecuencias de una u otra decisión. Creo que esto, que es algo tan sencillo de entender, algunos, como Ayuso –quién, por otra parte, tanto abandera la libertad de decisión- no son capaces de ello o, mejor dicho, los sectores integristas que la han llevado a los “altares” del poder, le impiden verlo.