Otros lugares y tiempos para la memoria democrática

Nací en 1982. Se supone que en democracia, si damos por buena la entrada en vigor de la Constitución Española el 29 de diciembre de 1978. Si se defiende dicho acuerdo del pueblo español, de la ley a la ley, no rupturista con su común historia nacional sino reformista del reino/estado.

Niegan tal supuesto los que, con todas sus fuerzas, aspiran a revocar ese acuerdo no por la vía de la reforma, prevista, sino por la de la ruptura, ajena por completo a lo que los españoles de 1978 decidieron y los de 2022, según nuestros frecuentes pronunciamientos electorales, seguimos avalando. Obviamente, es legítimo defender una república en lugar de la monarquía, o la supresión de las comunidades autónomas tal y como hoy están desarrolladas, o la profundización en la separación de poderes, o una sociedad no tan condicionada por los tejemanejes internos de los partidos políticos. Lo que resulta más preocupante, aunque no sorprende a la vista de la práctica habitual del presidente del Gobierno, es que asuma ese relato rupturista e impugnador de la concordia nacional de 1978, cuando su partido, el PSOE, formó parte de ese proceso. No era ya el PSOE golpista contra la República de 1934, el de Largo Caballero con monumento en Nuevos Ministerios, aunque les cueste tanto renegar de esos personajes tan oscuros y reivindicar los aciertos de otros que, tras la muerte de Franco, supieron estar a la altura de las circunstancias.

Pero no. Se ve que hasta el 31 de diciembre de 1983, es decir, bajo los gobiernos sucesivos de Suárez, Calvo Sotelo y González, era Franco (sus jueces, su ejército, su policía), el que insistía en la represión. A decir de algunos, lo sigue haciendo desde Mingorrubio, aunque cada vez menos españoles compran esa mercancía de dudosa procedencia. En todo caso, la nueva “Ley de memoria democrática” ampliará su tendenciosa lupa cinco años más allá del 29 de diciembre de 1978, y alcanzará hasta el 31 de diciembre de 1983. No es que pasara nada especial en esa fecha concreta, pero es la que nuestro Gobierno de España ha acordado con Bildu, el brazo político de la banda terrorista ETA.

El 31 de diciembre de 1983 habían pasado dos semanas desde que el día 15 fueran asesinados Eduardo Navarro Cañada, policía nacional que patrullaba en San Sebastián, y Francisco Arín Urcola, en Tolosa, un empresario que no había pagado el impuesto revolucionario. Hacían los muertos 43 y 44 de 1983 a manos de esta organización nacionalista vasca. De igual modo, faltaban cuatro semanas para que, el 29 de enero, asesinaran a Guillermo Quintana Lacaci, teniente general del Ejército de Tierra, cuando salía de Misa en la iglesia madrileña de Cristo Rey. Era el primer muerto de 1984 de los 32 que ese año fueron víctimas de esos pistoleros de extrema izquierda.

Si el nuevo calendario de la ley obedece simplemente a las necesidades parlamentarias de Sánchez correrán la misma suerte los llamados “lugares de memoria democrática”. En Salamanca tenemos un miembro nato del futuro inventario estatal, el Centro Documental de la Memoria Histórica. Además de los que vayan a ser declarados, como el pamplonés Fuerte de San Cristóbal (otro acuerdo con Bildu), también constará el Valle de los Caídos, con la aspiración de ser resignificado desde la ignorancia de lo que la Cruz significa, o el neobizantino y renombrado Panteón de España, donde yacen los presidentes Cánovas, Canalejas y Dato, asesinados los tres por terroristas anarquistas. Esperemos que no se enteren a tiempo de sacar el panteón de la lista (o peor, a algún inquilino), porque esos magnicidios de 1897, 1912 y 1921 los hubiera celebrado cierta gente con mando en plaza hoy en día.

Desde 1978, ¡o 1984!, ya no ha habido democracia de la que acordarse, con lo que mi memoria personal, la que guardo de escuchar la radio, ver la televisión, leer el periódico o pasar por los lugares exactos de la historia, queda “a salvo” de la nueva ley. A lo mejor, en el futuro, alguna palabra de las que escriba hasta suscitará en otros el impulso de censurarme, de reconvenirme hacia las higiénicas coordenadas del discurso oficial, pero de resistir se trata, aunque cueste un poco más. Sean declarados o no, además de los archivos y salas de exposiciones, en Salamanca tenemos dos lugares donde se dieron la vida entera y las piernas por España y su democrática Constitución. Heredero y Aliste, en 1992 y en 1995. Militares como tantos cientos en los que ETA disparó o hizo detonar bombas contra España. Yo era un niño pero lo recuerdo perfectamente, y se lo seguiré contando a mis hijos en el Paseo de la Estación y al lado de La Glorieta. Como cuando hay ocasión, y siempre al llegar julio, les hablo de Ortega Lara y de Miguel Ángel Blanco. Han pasado veinticinco años y el zulo ya no puede ser lugar de memoria, por mucha réplica que hicieran, porque lo destruyeron… y las manos blancas, aquellas manos blancas con las que inundamos unas calles sobrecogidas por la amenaza de una banda de pistoleros, esas manos ya valen menos que el puñado de votos de los que todavía hoy no la condenan. La pintura blanca se usa ahora para repintar el terrorismo nacionalista vasco de extrema izquierda que amenazó como nadie ha amenazado la democracia española: con la fuerza ignorante de la muerte.