Lo proetarra y lo golpista

No dejo de sorprenderme del nivel de inquina, rabia, mala leche y pésima educación que demuestran los políticos de la derecha y la ultraderecha de este país. En los momentos en que escribo estas líneas y en un programa de televisión están entrevistando a Toni Cantó -que ha pasado por diferentes formaciones políticas (UPyD, Ciudadanos y, actualmente, el PP madrileño, todo un lujo de ideólogo oportunista) y un cargo político designado por la presidenta Ayuso, que en su día manifestó que el PP era una “máquina de corrupción masiva” y cargaba, además, contra la privatización de la sanidad-, manifestó que era absolutamente necesario cambiar al gobierno de Sánchez porque es un gobierno “proetarra y golpista”. Algo absolutamente intolerable, que demuestra el nivel de ansiedad y desesperación que tiene la derecha por llegar al poder, cuanto antes, saltándose todas las normas éticas, los procedimientos políticos y las normas jurídicas que emanan de un Estado Social y Democrático de Derecho.

La definición de “proetarra” significa estar de acuerdo con los medios y fines de la actividad terrorista que ejerció la banda criminal ETA durante su existencia, puesto que ya desapareció, derrotada por el anterior gobierno socialista de Zapatero; es decir, que si alguien califica a un gobierno de “proetarra” está implicando al Ejecutivo de turno en la colaboración, bien como autoría o como participación, en las actividades criminales que ejercía esa banda terrorista y eso es muy grave, porque es acusar a un gobierno de participar en actividades terroristas, en delitos muy graves tipificados en el Código Penal. Alguien que acusa a otro de cometer delitos, si esa acusación es falsa, está, a su vez, cometiendo delito. Y en este caso no se puede alegar ejercicio de la libertad de expresión; excede ampliamente el ejercicio de una libertad fundamental reconocida en la Constitución Española y en resto del ordenamiento jurídico.

Por su parte, la definición de “golpista”, aunque no coincide con la terminología jurídica recogida en el artículo 472 del CP, que tipifica el delito de Rebelión, hace referencia, coloquialmente, a la persona que se “alzare violenta y públicamente, para cualquiera de los fines siguientes: -entre otras conductas, la 5ª- declarar la independencia de una parte del territorio nacional”. Es decir, que lo que está haciendo el señor Toni Cantó es acusar al Ejecutivo de participar en un “alzamiento público y violento para declarar la independencia de una parte del territorio nacional, en este caso de la que hizo Puigdemont de Cataluña en 2017, cuando, precisamente, quien gobernaba en España no era el actual gobierno, sino el del PP de M. Rajoy.

Estas declaraciones de Toni Cantó son absolutamente intolerables y completamente despreciables; aunque no es el único, porque la dialéctica de la derecha y la ultraderecha están rebasando no sólo los límites de la decencia y de la ética, sino también de lo permisible en relación a la libertad de expresión y de crítica política que ampara la normativa internacional y nuestro ordenamiento jurídico. Recordemos, como decía mi gran profesor Tomás y Valiente “cuidado con las palabras porque ellas preparan el camino de las balas y de las bombas”, cuidado con este tipo de declaraciones, porque generarán odio, resentimiento y crispación sin límites, sin duda alguna. ¿Dónde están los límites de la decencia política? ¿Cómo es posible que gobernantes como la presidenta de la Comunidad de Madrid tengan tanta inquina contra el gobierno de la nación? ¿Cómo permite un presidente del PP, como Feijóo -que presume de ser político sosegado, dialogante y colaborador- que se estén cometiendo estos atropellos? ¿No será que Feijóo actúa de una forma cuando gobierna, como lo ha hecho en Galicia y de otra muy diferente cuando está en la oposición?

La libertad de expresión y la crítica política no sólo son plausibles y convenientes en un Estado de Derecho, son también absolutamente necesarias, que tienen como finalidad la construcción de propuestas alternativas a las de gestión que practican los gobernantes de turno y la confrontación de diferentes políticas conforme a los principios ideológicos, políticos y filosóficos que se profesen; todos absolutamente respetables en una sociedad democrática. Ahora bien, una cosa es esa y otra bien diferente es el insulto, la descalificación, la inquina, el odio, el resentimiento, la soberbia y la prepotencia con las que se tratan al adversario político. Estas conductas que los políticos de la derecha y la ultraderecha están utilizando, son más bien actuaciones de grupos u organizaciones que lo que pretenden no es acceder al poder por las vías lícitas y democráticas. En argot futbolístico, son manifestaciones de juego sucio, de romper la espinilla al contrario para recuperar la pelota, de agarrar entre dos jugadores al portero contrario para que un compañero pueda introducir la pelota en la portería. Y, además, quieren hacerlo comprando la voluntad del árbitro que dirige el partido. De lo contrario, ¿por qué el PP incumple sistemáticamente la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial que establecen cuál es el mecanismo constitucional y legal para renovar la cúpula judicial y los miembros del Tribunal Constitucional? Juego sucio y mala leche, esos son los calificativos que merecen los políticos de la derecha y de la ultraderecha en España.