El dinero público sí que tiene dueño

Hay un viejo chascarrillo que dice “Newton no sabía lo que decía, porque, si no existiera la ley de la gravedad, las cosas caerían por su propio peso”. Cuatro siglos después, otra mente privilegiada, salida de las doctas cabezas pensantes del socialismo progresista, aseguró que “El dinero público no es de nadie”. Este dogma de profundo contenido social fue expuesto por la persona que ocupaba la cartera de Cultura en el gobierno del insigne presidente Zapatero. Si tal afirmación salía de una profesora universitaria, no es extraño que Sánchez la nombrara Vicepresidenta Primera de su gobierno. Este postulado, aparentemente ridículo, indica el sentir de servidores públicos que se atribuyen poderes exclusivos del pueblo soberano. Con esas ideas, y con las de todo un doctor en Economía, Resistencia y Embustes, el verdadero milagro español estaba cantado. Se va a enterar la derecha –dijo Sánchez- de lo que es mejorar en todos los índices democráticos, económicos, sociales, culturales, y relaciones exteriores. Y en esas estamos. Pero, menos.

Hay una clase política que, llegada al poder, se toma al pie de la letra la ocurrencia de Carmen Calvo. Puestos a disparar con pólvora ajena, poco importa -más bien nada- que no cuadre la contabilidad al final de cada ejercicio. Si los gastos son mayores que los ingresos, pero nadie va a exigir responsabilidades, que vengan otros y lo arreglen. Razonamientos tan infantiles tendrían un mínimo de descargo si al menos sirvieran para aumentar el bienestar general de todos los ciudadanos. El procedimiento sería contra natura, pero, si diera resultado, sería perdonable. Ahora bien, si todos esos índices empeoran y los responsables no dan señales de rectificar, alguien deberá empeñarse en evitar que la bola del endeudamiento crezca sin parar.

Todo gobierno que se precie, y más si está inmerso en una crisis económica tan seria como la nuestra, debe tener como primera obligación legislar reduciendo al máximo los gastos superfluos y ejercer el máximo esfuerzo para solucionar el problema de los más necesitados. Pues bien, la primera medida de Sánchez fue nombrar el gobierno más numeroso de toda la etapa democrática. No pretendía abarcar más sectores sino posibilitar la entrada de los ministros que Podemos exigía. No es preciso enumerar las ridículas carteras, sin apenas cometidos, al frente de personas carentes de la formación necesaria para no caer en lo grotesco. Nos estamos gastando miles de millones en asuntos que no son de primera necesidad, sin analizar sus efectos y, a veces, su destino. Si a eso unimos la falta de transparencia, vemos que hasta el mismo Presidente del gobierno se esfuerza en ocultar los gastos personales en desplazamientos que huelen a asuntos privados. Mientras tanto, demasiadas personas están sin trabajo, bien por ser autónomos obligados a cerrar, personal en el paro, en algún ERTE, o simplemente, ciudadanos que no tienen para comer.

Cuando las últimas encuestas –incluida la del cocinero Tezanos- amenazan tormenta para este gobierno de coalición, el cuadro de actores de la Moncloa ha puesto en marcha la máquina de fabricar dinero y está dispuesto a repartir millones a diestro y siniestro –bueno, más bien, sólo siniestro- para intentar que la hemorragia de votos de la “siniestra” termine de engrosar las urnas de la “diestra”.

Es tanto lo que se juega en Andalucía que ha puesto en traje de campaña a todo el pelotón de ministros. Claro que el problema se complica cuando la escuadra podemita hace la guerra por su cuenta y se dedica a torpedear el discurso sanchista. Mal se le pone el ojo a la vaca, porque la comunidad andaluza, después de cuarenta años de gobierno andaluz, comienza a ver la luz poniéndose en el pelotón de cabeza de las autonomías más pujantes. El ciudadano lo ve y saca conclusiones.

La peculiaridad de nuestra economía, plagada de debilidades, no tiene solución de forma inmediata; exige una serie de reformas, tanto en la formación como en el mismo mercado laboral, para hacerla más resistente a los embates interiores y exteriores.

Si los gobernantes, para no abandonar el poder, siguen empeñados en hipotecar el futuro de generaciones venideras, son los ciudadanos los que deben rectificar. Para conseguirlo, no existe otra fórmula democrática distinta al voto. Pero, que conste que el dinero público sí que tiene dueño; y es el mismo de donde sale el importe de la nómina de los políticos.