En la mayoría de los casos, contratadas entre el segundo semestre de 2020 y el primero de 2021, y afectadas por el aumento del coste de los suministros
La Diputación de Salamanca ha pedido ampliar la normativa estatal para la revisión de precios en contratos de obra, con la intención de poner en marcha obras "paralizadas" en la provincia que se han visto afectadas por "el fuerte incremento de precios" en los materiales y en los costes energéticos.
Según el texto, presentado por el Grupo Popular y respaldado también por PSOE y Ciudadanos, "las empresas constructoras de obra pública están sufriendo esta fuerte alteración de la economía".
Tal y como añade el documento, llevado al pleno ordinario de este viernes, "se trata de obras contratadas, en la mayoría de los casos, entre el segundo semestre de 2020 y el primero de 2021, que se han visto afectadas en su ejecución por estos fuertes incrementos de los precios de los suministros".
Ante ello, la proposición, posteriormente respaldada, señala que la ley de Contratos del Sector Público solo contempla la posibilidad de revisión de precios en los contratos de obras cuando esa circunstancia hubiera estado prevista en los pliegos y hubieran transcurrido al menos dos años desde la formalización del contrato, unas circunstancias que "no se darían en la mayoría de los contratos de obra" de la Diputación y de los municipios afectados.
Para "paliar" esa situación, el Gobierno de España ha aprobado un real decreto este año, ampliado posteriormente, para posibilitar una revisión "extraordinaria", pero, según el diputado que ha presentado el texto, Antonio Luis Sánchez, contempla "cuatro materiales" y deja fuera otros como el vidrio, la madera, pinturas o el hormigón, además de la energía.
Asimismo, la normativa remarca que "los importes del contrato certificados en un periodo determinado, que no podrá ser inferior a un ejercicio anual ni superior a dos", lo que, según el texto de la entidad salmantina, genera "confusión" y "cabe interpretar que los contratos deberán levar al menos un año de ejecución".
Esto "dejaría fuera a la mayoría de los contratos de las entidades locales, cuyos plazos de ejecución son inferiores a un año", ha apuntado la Diputación en la propuesta.
Por ello, la corporación ha aprobado la solicitud de que "se aclare por parte del Gobierno de España o por los órganos consultivos en la materia" el real decreto "donde se dice que el incremento de precios se calculará teniendo en cuenta los importes del contrato certificados en una periodo determinado, que no podrá ser interior a un ejercicio anual ni superior a dos".
Además, ha pedido que "se amplíe" el listado de materiales a tener en cuenta para calcular el umbral del cinco por ciento de incremento de los precios de un contrato" para que "sea posible la revisión extraordinaria" y con la incorporación también de los mayores costes en la energía.
Igualmente, ha instado a que, de forma "extraordinaria y excepcional", a los adjudicatarios de contratos de obras afectados por el alza de los precios "se les exima de la prohibición para contratar con la administración ante la resolución culposa de los contratos" debido a estas "circunstancias".
Según el cuarto punto de este mismo acuerdo, el pleno ha adoptado la medida de trasladar esta solicitud al Gobierno de España, a la Junta de Castilla y León y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
En la sesión, en la parte resolutiva, la corporación ha aprobado por unanimidad, la aprobación del Reglamento de Carrera Profesional Horizontal de la Diputación, estructurada en cuatro grados que "se irán alcanzando por el cumplimiento de los requisitos de permanencia, la evaluación en el desempeño del puesto de trabajo, la formación y el compromiso con la organización".
Asimismo, además de estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Salamanca contra la aprobación plenaria de la Relación de Puestos de Trabajo para 2022, entre otros puntos se ha procedido a la modificación del reglamento de uso y funcionamiento del Camino de Hierro, que, entre otros puntos, prohíbe la ingesta de alcohol en el recorrido o el impedimento de hacer el sendero con mascotas.
Sobre este reglamento, la oposición ha criticado lo que consideran una postura "paternalista" del texto y ha pedido que se estudien cambios como la posibilidad de acceso con mascotas o evitar prohibiciones concretas sobre las que el portavoz del PSOE, Fernando Rubio, como que el documento no permite descalzarse en un momento puntual si duelen los pies o la posibilidad de que los adultos puedan tomar una cerveza a mitad del recorrido con el bocadillo.
Respecto a este reglamento, el diputado de Turismo, Javier García Hidalgo, ha apuntado que el reglamento se ha fijado en el ya existente para el Caminito del Rey y se ha adecuado tras conversaciones y recomendaciones de los técnicos del servicio en Salamanca.